La mentira como alegato, la columna de Héctor Villalobos

Conforme pasa el tiempo, la narrativa castillista no solo se mantiene, sino que supera los máximos niveles de desvarío. Desde el pasado 7 de diciembre del 2022, día en el que fue detenido por protagonizar el golpe de Estado más simplón de la historia, hasta el día de hoy, los argumentos del expresidente, sus abogados y partidarios, cada cual más insólito que el otro, se han ido sumando a la fallida causa de lograr que se revoque su prisión preventiva.

En estos doce meses, hemos escuchado hasta el hartazgo la fábula del pobre maestro secuestrado por la derecha, inocente víctima de un golpe de la derecha. Los narradores de cuentos de la plaza San Martín y de las redes de la prensa alternativa repetían constantemente la versión de que la Corte IDH había ordenado la liberación y restitución de su líder. Y el bulo de la falta de pruebas en su contra (cuando todo el Perú fue testigo del mensaje golpista) es un infaltable clásico de la inmensa galería de alegatos mentirosos del castillismo.

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Este sábado se conoció la decisión del Poder Judicial de rechazar un nuevo pedido de Castillo por recuperar la libertad que perdió el día en que decidió convertirse en una parodia de tirano, en un dictadorcillo tembloroso. El juez Juan Carlos Checkley desestimó, una vez más, su solicitud de anular la orden de 18 meses de prisión preventiva que cumple en el penal de Barbadillo.

Esta vez, Castillo y su defensa intentaron utilizar a su favor las graves imputaciones que pesan sobre la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su entorno. Alegaron que el expresidente había sido víctima de una “mafia”, de una “organización criminal” , como si esta acusación contra la antigua red de poder en el Ministerio Público lo convirtiera automáticamente en santo. El juez determinó que los elementos de convicción que justificaron la prisión preventiva siguen vigentes. También recordó que no fue la fiscalía la que dictó la medida, sino el Poder Judicial, y que dicha decisión fue ratificada por la Corte Suprema.

Con esta decisión, Castillo deberá continuar en prisión hasta, por lo menos, junio del 2024. En paralelo, en los próximos días el Ministerio Público tendrá que presentar la acusación en contra de él y de los otros investigados por el golpe de Estado. Esto luego de demorar un año en culminar la investigación preparatoria del caso. Tomando en cuenta los plazos procesales y los procedimientos que todavía están pendientes, es bastante probable que la fiscalía solicite el próximo año la ampliación de la medida preventiva.

El expresidente afronta además una investigación por los presuntos actos de corrupción cometidos en su gobierno, la cual, debido a su complejidad, tomará más tiempo que la que se le sigue por el golpe de Estado. Estos plazos deben seguramente estar presentes en los cálculos de sus partidarios. Llegar al 2026 sin una sentencia en primera instancia podría ser también uno de los objetivos de su defensa legal.

Tras el nuevo revés judicial del golpista, sus incondicionales volvieron a paporretear en redes la narrativa del pobre preso político. Su mentor político y antiguo aliado Vladimir Cerrón tuiteó —no se sabe si desde la maletera de un vehículo o desde algún otro escondite ultrasecreto— que su otrora pupilo fue víctima de un “eficaz golpe de Estado”. Como ya es usual cada vez que habla de golpismo, Cerrón olvida mencionar que su hermano Waldemar y los feligreses de su bancada votaron a favor de la vacancia de Castillo aquel 7 de diciembre del 2022.

Para el 2024 es un hecho que tendremos una nueva colección de cuentos inspirados en la historia del “docente y rondero secuestrado”. La imaginación de abogados y prensa alternativa seguirá desbocada.