La iniciativa es promovida por el Gobierno. (Foto: archivo Presidencia)
La iniciativa es promovida por el Gobierno. (Foto: archivo Presidencia)
Redacción EC

La reafirmó su oposición al proyecto de ley del Gobierno que plantea que se sancione a los jueces y fiscales que filtren información reservada. Advirtió que “afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país”

MIRA: Dina Boluarte: lo que viene en la subcomisión y el pedido ante la CIDH

“La Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, conocido el texto del Proyecto de Ley 02508/2021-PE “que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal”, reafirma su posición de condena a esta iniciativa del Ejecutivo que, de ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción en el país”, señalaron en un comunicado.

“La propuesta, cuyo texto íntegro se conoce 12 días después de su aprobación en Consejo de Ministros, contempla un enunciado específico que hace referencia a la difusión de información a través de los medios de comunicación, dictaminando penas más severas, en dichos supuestos”, agrega el escrito.

MIRA: Mariano González: ¿Qué implica su nombramiento como ministro del Interior?

Desde la ANP, advertimos que este postulado vulneraría el secreto profesional de quienes tienen la responsabilidad de informar. Llevar ante los operadores de justicia a periodistas que revelen información de investigaciones penales contraviene la reserva de fuentes y el fallo del Tribunal Constitucional que garantiza, en todos sus extremos, el secreto profesional”, puntualiza el texto.

Esta mañana, el Poder Ejecutivo envió formalmente al Congreso el proyecto de ley que busca crear el delito de la difusión de información reservada en investigaciones que se estén llevando a cabo en el Ministerio Público, iniciativa que ha sido criticada por diferentes instituciones y gremios periodísticos.

MIRA: Pedro Castillo: Fiscalía de Cajamarca analiza caso del helipuerto

El oficio enviado por el presidente de la República, Pedro Castillo, lleva también la firma del primer ministro, Aníbal Torres, y está remitido a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

La finalidad es que la iniciativa legislativa incorpore en el Código Penal el delito de “difusión de información reservada en la investigación penal”.