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La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó, por mayoría, investigar la actuación de una presunta “organización criminal familiar” dirigida desde Palacio de Gobierno, que sería liderada por el presidente José Pedro Castillo Terrones.
Dicha red estaría integrada por la primera dama Lilia Paredes Navarro; y su hermana Yenifer Paredes Navarro, así como ministros de Estado, altos funcionarios, alcaldes y empresarios; orientada a la adjudicación ilegal de obras.
El objetivo es determinar la existencia o no de presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía y Chadín, en Cajamarca; y Chachapoyas; así como los financiados por el Ministerio de Vivienda al amparo del Decreto de Urgencia 102-2021, y otros que resulten involucrados.
El tiempo que tendrá la Comisión de Fiscalización para llevar a cabo la investigación será de 120 días hábiles.
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La moción deberá ser remitida al Pleno para su aprobación a fin de que pueda continuar la investigación.
No obstante, el presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura (Fuerza Popular) precisó que comenzarán con el recojo de las declaraciones de exfuncionarios que han denunciado actos irregulares y de aquellos que han sido cuestionados.
Por ello, anunció que el viernes tienen prevista la presencia exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños; el exasesor del ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y otros.
Los argumentos
Según el documento aprobado, al que accedió El Comercio, se indica que diversos medios reportaron presuntas irregularidades y favorecimiento en adjudicación de obras de saneamiento e infraestructura en la Municipalidad del distrito de Anguía por una presunta organización criminal familiar que estaría dirigida desde Palacio de Gobierno, orientada a beneficiar ilegalmente a determinadas empresas.
Similares actos irregulares se habrían dado en la recuperación del colegio Santiago Antúnez de Mayolo (Cajatambo), en Chachapoyas y otras localidades.
La Comisión de Fiscalización precisó que la fiscalía investiga los hechos desde el ámbito penal y en el marco de una presunta Organización Criminal que comprendería a familiares del jefe de Estado, funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y Ministerio de Vivienda y Construcción; así como otras autoridades.
Otro de los puntos señalados para la investigación es el Decreto de Urgencia 102-2021 que dispuso la asignación de presupuesto para la elaboración de expedientes técnicos y partidas para ejecución de obras en diversas regiones. Aunque, de manera exclusiva, son 33 obras en la región Cajamarca por un presupuesto de S/13′226,560.
“Que, en virtud de los hechos expuestos es importante que la ciudadanía conozca con exactitud y por transparencia la actuación del entorno familiar del presidente de la República, ministros, y alto funcionarios del Estado, para deslindar o establecer actos relacionados a los hechos de corrupción que merecen ser investigados teniendo en cuenta que están directamente relacionados al primer funcionario público del Estado, como es el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones”, se indicó.
Lee aquí la moción:
