Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. (Foto: El Comercio)
Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 a.m., la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente y los exministros Geiner Alvarado y Juan Silva.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva por la investigación de organización criminal contra el exmandatario, quien actualmente cumple esta restricción por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado esta medida contra Castillo Terrones y los exministros de su Gobierno Juan Silva, actualmente prófugo, y Geiner Alvarado.

“El requerimiento de prisión preventiva por 36 meses corresponde al proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, detalló.

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El pasado 17 de febrero el pleno aprobó la resolución legislativa contra Pedro Castillo por 59 votos (se requería 50 como mínimo sin contar a los miembros de la Comisión Permanente), 22 en contra y 3 abstenciones.

De este modo, el expediente fue enviado al Ministerio Público que podrá formalizar investigación e iniciar proceso penal, incluyendo incluso medidas restrictivas.

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La fiscalía señaló a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones concertadas en Provías Descentralizado- y en Petro-Perú.

En aquella ocasión el exmandatario decidió no brindar sus descargos en la sesión, argumentando, a través de su abogado Eduardo Pachas, que quería una participación presencial.

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