Karem Barboza Quiroz

El Ministerio Público solicitó al que se levante el secreto de las comunicaciones de los exministros (PCM), Willy Huertas (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y otras diez personas que habrían participado y/o presenciado las actividades previas y post emisión del mensaje a la Nación en el que Pedro Castillo anunció un g el 7 de diciembre del 2022.

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La también busca que la medida se aplique al exasesor de la PCM y ex primer ministro , según el documento judicial obtenido por El Comercio.

También fueron incluidos Luis Alberto Mendieta Gavirondo, quien se desempeñó como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia; el ex integrante del Consejo Directivo y presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP Fernando Aliaga Alejo; así como el ex secretario general del Ministerio de Cultura y responsable de la ejecución del pliego del IRTP, Juan Mariano Navarro Pando.

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Un grupo de policías y militares, que ocuparon altos cargos dentro de sus respectivas instituciones, también fueron incluidos en la lista de la fiscalía para que se levante su secreto de las comunicaciones: el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada; el general PNP y director de Turismo, Manuel Elías Lozada Morales; el teniente de la PNP Eder Antonio Infanzón Gómez; el general EP y comandante general del Ejército, David Guillermo Ojeda Parra; el ex jefe del Estado Mayor de la PNP y general en retiro Vicente Marcelo Álvarez Moreno; y el excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado.

Tal como informó El Comercio, la mañana del martes, la fiscalía también pidió al PJ levantar el secreto de comunicaciones del expresidente Pedro Castillo.



En el requerimiento, se indica, se solicitó dictar el levantamiento del secreto de las comunicaciones para que las empresas de telecomunicaciones remitan “en la modalidad de reporte histórico” desde el 2 al 16 de diciembre del 2022; y, como consecuencia de ello, se ordene a Movistar. América Móvil SAC- Claro, y Entel Perú, brinden la información solicitada.


Ante ello, y tras haber notificado con antelación, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, dispuso señalar la audiencia para el próximo 5 de julio en una sesión de carácter reservada, a las 11:30 de la mañana.

“Por lo tanto, conforme al artículo 203, numeral 2, del Código Procesal Penal, estando al requerimiento del Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en la modalidad de Reporte Histórico debe procederse a señalar fecha de audiencia para debatir los fundamentos del requerimiento; procediéndose a notificar a la parte afectada con la medida limitativa solicitada. Sin embargo, dicha audiencia debe programarse de manera virtual con la reserva del caso, ya que se fundamenta en información sensible del afectado”, indicó el magistrado.


Presenciaron preparativos e intento de tomar el Congreso

Con la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones la fiscalía busca corroborar las coordinaciones que habría realizado el expresidente Pedro Castillo con la exministra Betssy Chávez y otros exministros, que habrían tenido conocimiento de la decisión del exmandatario de subvertir el orden constitucional.

Como se recuerda, según las investigaciones fiscales, Chavez Chino habría sido la encargada de realizar las coordinaciones previas y posteriores para la emisión del mensaje a la nación en la que se ordenó un golpe de Estado; mismo que, posteriormente, habría buscado legalizar a través de un decreto supremo.



Para ello, se tienen las declaraciones, por ejemplo, del ex secretario general del Ministerio de Cultura y responsable de la ejecución del pliego del Instituto de IRTP Juan Navarro Pando, quien ha relatado a la fiscalía que el 7 de diciembre del 2022 recibió una llamada de Chávez Chino pidiendo con “urgencia” a una persona para una entrevista.


En el caso del exasesor Alberto Mendieta, es mencionado por exministros de Pedro Castillo como una de las personas que habría estado presente en el Despacho Presidencial al momento de la emisión del mensaje.



“Estaba Aníbal Torres, Betsy Chávez, Mendieta y me parece que estaba Salas y otras personas que no conozco”, dijo el exministro de Defensa Gustavo Bobbio.

En el caso de excomandante de la PNP Raúl Alfaro, este aseguró ante la fiscalía que el exministro Willy Huerta lo llamó y lo comunicó con Pedro Castillo, quien le ordenó cerrar el Congreso.



En el caso del teniente PNP, Eder Infanzón, este le manifestó que era una orden del jefe de la Sétima Región de la Policía Nacional del Perú que no se permita el ingreso de ningún congresista ni de ninguna persona.

Este Diario trató de recoger las versiones de las defensas legales de los exministros requeridos Chávez y Sánchez, pero al cierre de este informe no respondieron.

El abogado César Arteaga, quien patrocina a Luis Mendieta, confirmó haber sido notificado con la resolución que los cita a una audiencia y afirmó que están llano a colorar con el Ministerio Público.

“Él, desde inicio siempre ha estado llano a colaborar. Yo he participado en todas las diligencias en las que él se ha presentado y siempre a decir la verdad. No es cierto que no esté colaborando como dice la Policía, porque incluso ha entregado su teléfono, hemos entregado su teléfono para que ellos saquen lo tienen que sacar, pero no pueden tener acceso a toda la información”, anotó.

En ese sentido, anotó que han respondido al requerimiento de la fiscalía y “seguiremos llanos a que se hagan las investigaciones del caso”.