Pedro Castillo y su nuevo intento para anular documentos sobre su detención tras el golpe de Estado | INFORME

A través de una tutela de derechos, sustentada este lunes por su abogado Juan Walter Sifuentes Bustillos ante el Poder Judicial (PJ), el exmandatario cuestionó que no se siguió el procedimiento legal para consignar información en dichas actas y que, personas que intervinieron posteriormente, como la fiscal de la Nación, Patria Benavides, y otros dos fiscales más, no firmaron el documento.

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No es la primera vez que Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva de 18 meses por dicho caso, presenta un pedido similar. En febrero de este año, había alegado que fue detenido pese a que seguía contando con inmunidad presidencial. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó dicho argumento.

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La audiencia de este lunes estuvo a cargo del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, quien informó que resolverá el pedido en los próximos días.

Recurrimos a su despacho con el propósito de que se tenga presente nuestro escrito, lo sustentamos oralmente, para que oportunamente, declare fundado la tutela de derechos contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas; en cuanto al acta de intervención policial de la carpeta fiscal”

Juan Walter Sifuentes Bustillos, abogado de Pedro Castillo

La finalidad, sostuvo, es que se excluya de la carpeta fiscal los documentos policiales que sustentaron la detención en flagrancia, redactados en la sede de la Región Policial, ubicado en la Avenida España.

Según el abogado, cuando Castillo fue intervenido, el acta de intervención policial elaborado por el coronel PNP Walter Ramos Gómez, no detalló, ni desarrolló los hechos dicha acción.

Luego, alegó, que Castillo habría sido trasladado irregularmente a la sede de la Región Policial pese a que -a su entender- la norma señala que los delitos de flagrancia son asumidos por la Dirección de Investigación Criminal.

“(Que se excluya) el acta de tutela de derechos de fecha 7 de diciembre generada por el coronel PNP Walter Ramos Gómez, toda vez que esta acta no fue firmada por los fiscales y habla que se anexa constancia de buen trato, incautación y cadena de custodia” , solicitó el abogado.

Además, afirmó que, pese a que Patricia Benavides y otros dos fiscales acudieron a la sede policial no firmaron el acta elaborado por el coronel Ramos y por el contrario, redactaron una declaración adicional. También aseguró que se incurrió en incompatibilidad al permitir la presencia de Aníbal Torres, como abogado de Castillo, pese a que este era asesor de la presidencia del Consejo de Ministros.

“Esto es un abuso de autoridad de parte de la fiscal de la Nación y otros dos fiscales, pues es un acta desproporcionada al margen de la Constitución, han incurrido en delito, un delito contra la fe pública. Si verificamos, esta acta que levantaron los fiscales se redactó a las 14:20 horas y si tenemos en cuenta que el acta de intervención policial fue terminada a las 15:52″, aseguró.

La fiscal suprema adjunta, Sylvia Sack, solicitó que se declare infundada la tutela de derechos, al rechazar que la norma exija un detalle exhaustivo de los cargos al momento de la detención en flagrancia.

Alegó que dejaron “constancia” de lo sucedido en la detención, tal como exige la ley; ya que la finalidad del “acta de intervención” es consignar la forma y circunstancia de la intervención.

Además, adujo, las actas de intervención, lectura de derechos y registro personal consignan todos los detalles del detenido y del motivo de la medida. Esto es, el delito flagrante de presunta rebelión.

“Por tanto, las actas permiten de manera suficiente, tener por identificado al investigado Castillo Terrones, con su nombre completo, DNI y su domicilio real”, sostuvo.

Posteriormente, la fiscal precisó que el vacado exmandatario fue conducido a la Región Policial, por “motivos de seguridad” debido a la convulsión social que se había desarrollado días previos.

Respecto al acta elaborada por la Fiscalía de la Nación, rechazó que se haya ocultado y precisó que no forman parte de las directivas de detención en flagrancia, pero que pese a ello, obran en la carpeta fiscal. Por ello, calificó de “tendencioso y maliciosos” que la defensa de Castillo las ofrezca como pruebas de la presunta vulneración de derechos.

Aseguró que la presencia de Benavides Vargas y otros, obedecía a la comunicación que realizó el jefe de Seguridad del Estado a la Fiscal de la Nación sobre la detención del hoy proceso expresidente.

Finalmente, aseguró que el mismo Castillo Terrones acreditó desde el inicio de su intervención a Aníbal Torres, y no existía incompatibilidad.

No existía incompatibilidad de parte de estos, pues si bien Torres fue asesor II de PCM, eso no limitaba para hacer un defensa técnica, ya que solo se limita cuando se tratase de un caso de la institución donde trabajaba”

Sylvia Sack, fiscal suprema adjunta

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, a través de la abogada Ghecenia Vélgika Rafaele Bautista pidió al juez que se declare infundada la tutela de derechos.

Argumentó que sí se siguió el trámite regular de detención policial conforme a ley y que en todo momento se ha garantizado el derecho de defensa de Castillo Terrones.

Respecto a la información contenida en las actas, refirió que incluso no estén firmadas o se haya omitido alguna información, éstas solo quedarían inválidas cuando no existiese “certeza sobre la identidad de la persona intervenida” o sino estuviera firmado por el agente que realizó la intervención.

Sin embargo, dicha situación no ocurrió ya que los documentos identifican al exmandatario, e incluso la misma fue televisada.

De otro lado, afirmó que en la flagrancia, la intervención policial debe ser rápida y mediante actos urgentes, y por ello el investigado fue traslado a otra instalación para continuar con el levantamiento del acta. Añadió que la norma permite que la disposición fiscal puede emitirse luego del acta de intervención.

Respecto a la participación de Aníbal Torres como abogado, precisó que lo que correspondía a la PNP, no era identificar su currículum sino asegurar la defensa de Castillo. Por lo que, si hubiese existido la incompatibilidad, a quien correspondería haber informado era al mismo exministro.

“La tutela es una vía de garantías frente a posibles lesiones a los derechos fundamentales. En este presente caso, la Policía sí ha garantizado la defensa y ejercicio activo de Castillo Terrones, a través de su abogado apersonado por él mismo”, concluyó.

Desde el penal de Barbadillo donde cumple prisión preventiva, Pedro Castillo hizo uso de la palabra insistiendo en su teoría de haber sido “secuestrado” por los policías.

“Me dicen que hay una orden para conducirle a la Prefectura; dígame señor magistrado ¿Eso no es un secuestro? A raíz de eso, se genera todas esas cosas. A raíz de eso es cuando me daban formatos, que firma de esto, firma la otra. Vinieron varias personas, se llenó de policías la Prefectura, vino la fiscal de la Nación. Todo esto era parte de un complot”, alegó.

Castillo Terrones insistió en sostener que no estaba huyendo; sino que dejaría a su familia en la Embajada de México y regresaría a Palacio.

“No estaba fugando, no había ningún tipo de flagrancia, estaba yendo a dejar a mi familia en la Embaja de México, porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país, era enorme”, afirma al volver a victimizarse.

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Al inicio de su intervención, afirmó incluso que seguía siendo presidente de la República. “Quien habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones”, dijo.

Según el exmandatario, habría sido apuntado con metralletas cuando, junto a su familia, se dirigía a bordo de dos vehículos hacia la Embajada de México.

Añadió que él iba en el denominado “cofre” junto a su menor hija, su esposa Lilia Paredes y Aníbal Torres, ex jefe del Gabinete y en aquel momento asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El 14 de julio, también durante una audiencia, el juez supremo Juan Carlos Checkley respondió la afirmación de Castillo. “Señor Castillo, le vuelvo a precisar, usted no está secuestrado. Hay una orden judicial por la que usted está con una orden de prisión preventiva”.

¿Quién es su abogado?

Juan Walter Sifuentes, realizó defensa de Pedro Castillo

Juan Walter Sifuentes Bustillos es uno de los abogados del vacado expresidente Pedro Castillo. Según su cuenta personal de Facebook, participó activamente de la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente, en agosto del 2022, organizado por el PEX (Partidos en el Exterior) y el colectivo Agora Popular.

Mira aquí la audiencia completa: