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El Poder Judicial recordó que los funcionarios público que recorte los salarios del personal asignado a su cargo, tal y como ocurre en los casos conocidos como ‘mochasueldos’, para obtener un beneficio patrimonial, están cometiendo el delito de concusión que puede ser sentenciado con hasta ocho años de prisión.
El juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte José Huaylla Marín precisó que la concusión es un delito contra la administración pública cometido por un funcionario que abusa de su cargo para obtener un beneficio. Por esto es conocido como la “estafa del funcionario público” porque obliga o induce a un particular para obtener un beneficio patrimonial.
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El magistrado recordó el caso del excongresista Michael Urtecho, condenado por concusión. “Abusó de ese poder que le otorgó el Estado para cobrar el sueldo de los trabajadores, lo que no le correspondía”, señaló.
Recientemente, el caso ‘mochasueldos’ ha vuelto a tomar notoriedad por la presentación de un proyecto de ley por parte de la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial) en el que propone ampliar penas por delito de perjurio, algo que podría poner en riesgo las acusaciones contra parlamentarios que recortan sueldos de sus trabajadores.
Ugarte tiene pendiente un informe de la Comisión de Ética que recomienda suspenderla por 60 días por la denuncia de recorte de sueldos en su contra, así como una denuncia todavía por procesar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los mismos hechos, donde se incluye el hallazgo de la UIF de depósito bancarios por al menos S/ 35 mil a favor de la legisladora.
Ugarte planteó que el delito de perjurio se sancione con una pena de prisión no menor de seis años y no mayor de ocho, cuando ahora se castiga ese delito con entre uno y cuatro años. Es decir, con cárcel suspendida.
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La iniciativa se presentó un día después de que se conociera el reportaje del programa “Punto final” donde se involucra a otra legisladora, María Agüero (Perú Libre) en un nuevo caso de ‘mochasueldos’.
