Presidente del PJ rechaza proyectos del Congreso contra independencia de jueces: los entretelones de su discurso y las propuestas

Fue un primer mensaje del Poder Judicial al Congreso, dos poderes del Estado que -al menos hasta ahora- no han colisionado directamente. El presidente de la Corte Suprema, el juez supremo Javier Arévalo Vela, manifestó este miércoles su rechazo a dos iniciativas del Legislativo que amenazan con afectar la independencia de los magistrados frente al poder político.

Todo ocurrió durante la apertura del año judicial del 2024, que cada año es la ceremonia más importante dentro de este poder del estado. Se realizó en el Palacio de Justicia y contó con la asistencia de las principales autoridades del país y del mismo sistema judicial.

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Por parte del Ejecutivo, asistieron la presidenta Dina Boluarte y sus ministros de Justicia y Trabajo. Por parte del Congreso asistieron el primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Arturo Alegría (Fuerza Popular); y los legisladores Alejandro Muñante (Renovación Popular) y América Gonza (Perú Libre), vicepresidente e integrante de la Comisión de Justicia.

Así fue la ceremonia

Fueron también el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; la saliente presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán; la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el contralor general, Nelson Shack; la jefa del Reniec, Carmen Velarde; entre otros.

Asistieron a la ceremonia casi todos los jueces supremos titulares, entre ellos los expresidentes del Poder Judicial César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga. La excepción fue la magistada Elvia Barrios, también extitular de la Corte Suprema. También estuvieron presidentes de cortes superiores y expresidentes del PJ, como Duberlí Rodríguez.

La ceremonia -que comenzó con unos treinta minutos de retraso- tuvo como punto central el discurso del presidente del Poder Judicial. Este hizo un repaso de los ocho ejes considerados como los más importante del 2023, que fue su primer año al frente de la institución.

El primer eje fue, precisamente, el de la autonomía e independencia judicial. Fue en ese punto que Javier Arévalo afirmó que al Poder Judicial le preocupan dos temas: la moción parlamentaria que pretende crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema de administración de justicia y el proyecto de ley de busca que el Congreso pueda separar a jueces supremos y fiscales supremos.

El juez supremo agregó que “todo proyecto es debatible”, pero que “lo que queremos decir en defensa de nuestra independencia [es que] ninguna iniciativa puede pasar si previamente no es consultada”.

“El hecho de que el sistema de justicia, en general, en este año transcurrido, haya tenido algunos problemas, por decirlo de alguna manera, no puede llevar a que se pretenda modificar las estructuras de las instituciones. Porque muchas veces los errores, los problemas, son propios de las personas, no de las instituciones. Creemos que ningún proyecto de reforma debe pasar sin previo debate y sin previa consideración por parte del Poder Judicial. No aceptaremos ninguna otra posibilidad”.

Al cierre de esta nota, los congresistas de Alianza para el Progreso (APP) que presentaron el proyecto planeaban retirar sus firmas, según dijo el secretario general de ese partido, Luis Valdez, en diálogo con Canal N.

El Comercio pudo conocer que el mensaje de Javier Arévalo Vela iba a tener otro tono. La versión previa del discurso incluía el anuncio de que si los “proyectos que amenacen la autonomía e independencia judicial” seguían su trámite, el Poder Judicial iba a hacer “valer los mecanismos que la ley nos brinda para defender nuestros fueros”.

También se tenía prevista una mención a que el Poder Judicial no podía “convertirse en botín de los políticos de turno, porque si ello ocurriera se estaría quebrando el orden constitucional”. Sin embargo, si bien el discurso mantuvo la crítica a las iniciativas parlamentarias, no contuvo esas frases.

El discurso pronunciado sí manifestó una preocupación por ambas iniciativas y el sentido del rechazo a estas se reflejó en la nota de prensa difundida luego del evento por el mismo Poder Judicial. Fuentes de este Diario no pudieron precisar el motivo del cambio. Sin embargo, apuntaron que no es poco común que el magistrado haga variaciones entre lo que está escrito en el papel de sus discursos y lo que finalmente pronuncia ante su auditorio.

Javier Arévalo Vela mencionó dos propuestas que se han presentado en el Parlamento. La primera es la moción 9648, que busca que se forma una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria que elabore y presenta una “propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Peru en un plazo máximo de 45 días hábiles”.

La moción fue presentada el pasado viernes 15 de diciembre, el último día de la legislatura. Fue promovida principalmente por Fuerza Popular, pero tuvo firmas de congresistas de APP, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular y la no agrupada María del Carmen Alva.

Ese día, Fuerza Popular sustentó brevemente la moción antes de votarse su admisión a debate. Sin embargo, solo obtuvo 49 votos a favor, frente a 51 en contra y seis abstenciones, por lo que fue rechazada. Al poco rato, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) presentó una reconsideración, con lo que el tema podría volver a verse cuando se reanude la legislatura. Todo apunta a que Fuerza Popular persistirá en la propuesta.

Arturo Alegría, cuya bancada promueve esta iniciativa y quien votó a favor de la misma, estuvo en primera fila en la ceremonia de este miércoles mientras el presidente del Poder Judicial manifestaba su preocupación. A su lado estuvo sentada la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán. El Comercio consultó al legislador cómo tomaba su grupo parlamentario lo dicho por Javier Arévalo Vela, pero no hubo respuesta.

Al respecto, el congresista Fernando Rospigliosi dijo a El Comercio que “para todos es evidente que el sistema judicial tiene graves problemas y que requiere cambios”. “La supuesta reforma de 2018-2019 ha empeorado las cosas. Lo que se propone es estudiar el tema y proponer alternativas. Es razonable”.

“[El presidente del PJ] está en su derecho de dar una opinión. La moción plantea conformar una comisión multi partidaria para elaborar una propuesta de reforma. Propuesta que deberá ser por su puesto debatida”, respondió al respecto Martha Moyano, otra de las autoras de la moción.

Alejandro Muñante, otro de los firmantes de la moción, también asistió a la ceremonia de este miércoles. No obstante, el legislador de Renovación Popular votó en contra de la misma el pasado 15 de diciembre. Aquella sesión del pleno estuvo marcada por la tensión generada por la decisión de postergar la votación sobre la remoción de todos los miembros de la JNJ.

La otra iniciativa es la propuesta de Roberto Chiabra, también firmada por cinco de su compañeros en la bancada de APP, que busca reformar la Constitución para, entre otras medidas, quitarle la facultad a la JNJ de destituir a jueces y fiscales supremos. Según el proyecto, esa potestad pasaría a ser exclusiva del mismo Congreso.

El proyecto también plantea que los cargos de presidente del Poder Judicial y fiscal de la Nación sean ejercidos por el juez supremo titular y el fiscal supremo titular de mayor antigüedad, respectivamente. En ambos casos por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección.

La iniciativa ha sido cuestionada por constitucionalistas y penalistas por poner en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público frente al poder político, representado por el Congreso. Este miércoles también fue rechazada por la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem), que solicitó a todos los jueces supremos y a los presidentes de las cortes superiores del país a “que se pronuncien en defensa de la independencia del Poder Judicial”.

A diferencia de la moción de Fuerza Popular, la propuesta de Roberto Chiabra parece haber perdido respaldo político. César Acuña, líder de APP, y Luis Valdez, secretario general del partido, marcaron distancia de la iniciativa. “Ese proyecto es a título personal, no creo que los 130 congresistas avalen un proyecto de ley que prácticamente no genera institucionalidad. Creo que debemos defender la institucionalidad, la democracia y la estabilidad”, dijo Acuña.

En la ceremonia de este jueves también se definió la conformación para el 2024 de las distintas salas de la Corte Suprema, así como el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Allí se verán este año, entre otros, los casos que involucran a expresidentes, exministros, excongresistas, entre otras autoridades de alto perfil.

Al frente del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fue ratificado el juez supremo transitorio Juan Carlos Checkley, quien ocupa ese puesto desde enero del 2022. Allí ha visto los casos del expresidente Pedro Castillo, imponiéndole dos órdenes de prisión preventiva por el golpe de estado y por su presunta organización criminal. Además, ha negado los múltiples intentos del expresidente para salir en libertad.

Checkley también está a cargo, a nivel judicial, de casos como el de ‘Los Niños’ y los ‘mochasueldos’, excongresistas como Freddy Díaz o Daniel Salaverry, jueces y fiscales supremos implicados en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’,y casos como el de la jueza Enma Benavides. En caso la Fiscalía de la Nación investigue a Patricia Benavides, será el encargado de resolver todos los pedidos judiciales vinculado a su caso.

Para este 2024, el juez deberá ver el control de acusación contra Pedro Castillo por el golpe de estado y el de Freddy Díaz por su acusación por violación sexual. Además, deberá seguir viendo casos como el del control de acusación contra Daniel Salaverry y todo lo relacionado a Enma Benavides, sobre quien está pendiente su resolución respecto a si archiva su investigación u ordena que se hagan nuevas indagaciones.

En tanto, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema seguirá siendo presidida por el juez supremo José Antonio Neyra Flores, con Walter Cotrina Miñano y Oscar Alarcón Montoya como los otros dos integrantes. Esta sala es la que está a cargo de los juicios de exaltos funcionarios y es a la que se encargaría del caso del golpe de estado en caso este llegue a juicio este año.

En los últimos años, la Sala Penal Especial dictó condenas por corrupción en primera instancia en los casos de Kenji Fujimori, el exprocurador antiterrorismo Julio César Galindo y el exfiscal Abel Concha. Para este año tienen previsto el desarrollo del juicio contra el excontralor Édgar Alarcón por enriquecimiento ilícito.

Finalmente, el juez supremo César San Martín fue ratificado como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, conformada también por otros cuatro magistrados.

Allí llegan casaciones de todo el país y sirven como segunda instancia en casos de altos funcionarios. Esto se da tanto en incidentes como prisiones preventivas (ratificaron las dos de Pedro Castillo y dictaron las de Betssy Chávez y Geiner Alvarado) como en apelaciones de sentencias. Este 9 de enero, por ejemplo, esta sala decidirá si revoca, confirma o aumenta la condena contra Kenji Fujimori en el caso ‘Mamanivideos’.