“Esperamos que sea procedente la prisión preventiva para Martha Huatay”

—¿Cuál es la situación de la condenada por terrorismo Martha Huatay?

Ella se encuentra actualmente imputada por el caso del coche bomba en la calle Tarata [en Miraflores, en 1992], acusada. El Ministerio Público ha solicitado contra ella cadena perpetua y el Poder Judicial ha acogido nuestro pedido de S/2 millones de reparación civil. Ella ya tiene una condena por el ‘megaproceso’ contra la cúpula de Sendero Luminoso (SL) que ya cumplió y por eso fue excarcelada.

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—Pero Huatay salió del país el año pasado, está en Argentina y recién se evaluará un prisión preventiva por el atentado de la calle Tarata...

Nosotros, como procuraduría, como parte de nuestras facultades solicitamos en dos ocasiones, en octubre del 2017 y mayo del 2021, se requiera prisión preventiva contra ella al momento que el Ministerio Público presente la denuncia ante el Poder Judicial. En mayo del 2022, la fiscalía emite la formalización de la investigación preparatoria, pero no pidió prisión preventiva y ella quedó en comparecencia simple. Eso ya quedaba a discrecionalidad de la fiscalía, pero luego ya se ha pedido prisión preventiva y en ese estado está el caso que se evaluará en una audiencia.

—¿Es poco probable que regrese a nuestro país?

Es poco probable, pero esas son posibilidades. No sabemos si ella pueda conectarse desde allá, ponerse a derecho desde allá, pero con la prisión preventiva que ha pedido la fiscalía esto tendrá que resolverlo un juez y esperamos, obviamente, que se declare procedente la prisión preventiva para ella y si lo decreta el Poder Judicial ella tiene que ser capturada y extraditada, salvo que se ponga a derecho.

"Solicitamos en dos ocasiones, en octubre del 2017 y mayo del 2021, se requiera prisión preventiva contra Huatay al momento que el Ministerio Público presente la denuncia ante el Poder Judicial"

—¿Por qué demoró el caso de Tarata contra ella?

Lo que pasa con la acusada Martha Huatay es que ella no estuvo incluida en el Caso Tarata junto con la cúpula que ya fue condenada a cadena perpetua. Y no fue incluida porque el sentenciado ‘Feliciano’ [Óscar Ramírez Durand], declaró que ella habría sido la cabecilla de Socorro Popular -brazo de Sendero Luminoso- y dirigente del destacamento que ejecutó el atentado de Tarata, cuando ese proceso ya estaba con acusación [contra la cúpula de SL] y no se le pudo incluir. Entonces, se mandó copias a la fiscalía que abrió investigación, pero estuvo en ‘stand by’ hasta que la sala decidió terminar el proceso con la cúpula de SL y recién ordenó que se completen las copias de las declaraciones de ‘Feliciano’.

—¿Adeuda reparación civil de la condena cumplida?

Por el ‘megaproceso’ tiene una reparación solidaria de S/3 mil 700 millones junto a la cúpula de Sendero Luminoso. A ella se le ha embargado un bien, su oficina donde funcionaba el centro de los abogados democráticos de Socorro Popular y se ha rematado esa oficina. Se ha recaudado S/51 mil aproximadamente, que se ha logrado cobrar. Ahora, que ella se haya ido a Argentina, no extingue su reparación civil y seguimos con el cobro de lo que falta.

—¿El caso de Huatay podría quedar como el de Mónica Feria que aún no puede ser extraditada para que afronte un juicio por presunto terrorismo?

Cualquier posibilidad puede ser si ella toma alguna solicitud o pedido de protección o asilo, que cualquiera puede realizarlo, es una posibilidad. Pero que sea similar a lo de Mónica Feria Tinta, que solo Inglaterra le dio protección, sería un tema cuestionable si Argentina lo acepta, porque ella ha tenido una condena por el ‘megaproceso’. Huatay puede pedir refugio o asilo, pero veo complicado que un país, como Argentina, le otorgue protección. Es una posibilidad, pero su situación es distinta porque ella ha sido condenada y tiene un proceso activo por el que está acusada (Caso Tarata). Pero si es que lo activa, porque todos los países tienen un sistema de refugios y asilo, es poco probable que se lo otorguen.

—Entiendo que su despacho había pedido que el gobierno argentino informe si Huatay ha solicitado asilo o acogida humanitaria..

Lo que pasa es que casos como los de Huatay, que salen cuando están procesados, son excepcionales. Hay otros que fueron excarcelados, están acá, tienen algún proceso con una medida restrictiva. Pero cuando conocemos en esos casos excepcionales información de la Policía, se verifica y se pregunta a través de la Cancillería si estas personas tienen algún pedido de asilo o refugio. El que un procesado pida una solicitud de asilo o protección, como el de Mónica Feria, por ejemplo, no impide que se realice un trámite de extradición.

"Casos como los de Huatay, que salen cuando están procesados, son excepcionales. Hay otros que fueron excarcelados, están acá, tienen algún proceso con una medida restrictiva"

—Similar situación ha sido el de Maritza Garrido Lecca que también está en Argentina.

No tiene caso pendiente, no tiene ningún impedimento, cumplió su pena, pero sí adeuda parte de su reparación civil. A ella se le impuso S/60 mil de reparación civil y de los requerimientos que se hizo se cobró S/10.600 y adeuda el resto. Como no tiene un impedimento por no pagar la reparación civil, sabemos que ha salido a Argentina. El cobro de la reparación continúa y el hecho de que haya salido no quiere decir que eso se haya archivado o caducado.

—¿Cuántos excarcelados por terrorismo están procesados en libertad por otros casos?

No tengo la cifra a la mano, son pocos. Son casos excepcionales. Sí tenemos casos de personas que están en libertad, pero con medidas restrictivas.

—¿La ciudadanía se pregunta por qué cabecillas terroristas como Huatay, que han sido puestos en libertad, pero adeudan las reparaciones salen del país sin ningún impedimento?

El motivo es que, en el Perú, lamentablemente, la ley indica que basta con que cumplan su pena y son excarcelados sin ninguna restricción. Sin embargo, la ley (artículo 69 del Código Penal) indica que si cumplen su pena, pero no pagan su reparación civil, no pueden ser declarados ‘rehabilitados’. Claro, no es una restricción en su libertad o tránsito, pero no se les rehabilita.

—Recuerdo que en su momento se rechazó el pedido de la Procuraduría para que no sean liberados los terroristas que no paguen sin reparación…

Hubo un debate con el caso de Jaime Castillo Petruzzi en el 2016, cuando estos terroristas chilenos cumplieron su pena y debían salir. Hubo un debate, en el que participó la procuraduría antiterrorismo sobre agregar lo que señala usted, un impedimento para delitos graves si no pagan la reparación civil, pero no hubo un pronunciamiento final.

—Ahora, hay otros terroristas excarcelados que fueron expulsados...

Sí, en el caso de los extranjeros como Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga, Pacífico Castrillón Santa María; y no solo de terrorismo, cuando los extranjeros cumplen su pena, el artículo 30 del Código Penal establece que una vez cumplida su pena también se le aplica la pena de expulsión. Pero la ley no establece que si no pagan su reparación, se deben quedar. Solo establece que deben ser expulsados y quedando prohibido su ingreso. Y sobre los extranjeros que han cumplido su condena han sido expulsados, pero deben su reparación civil, eso no se extingue.

—Entonces, se siguen haciendo intentos para cobrar la reparación de ellos...

No prescriben, no caducan; y se le sigue requiriendo por cooperación internacional a los países donde se conoce su residencia. Lo que quiero decir es que se continúan con las acciones a estos extranjeros que fueron expulsados como corresponde a ley.

—Como ve su procuraduría el que, recientemente, se hayan dictado las primeras condenas por apología al terrorismo. Y no una, sino varias.

Lo que nosotros vemos es que el Poder Judicial ha recapacitado sobre este aspecto y son fallos favorables para el Estado. Recordemos que hace muchos años ya existía el delito de apología, que en el 2017 se modificó. Lo que pasa es que los operadores de justicia no entendían el tipo penal, como el caso “Puño y Letra” que estaba ‘floreado’ de apología. La fiscalía denunció, pero el Poder Judicial no lo entendió así y algunos jueces indicaron que colisionaba con la libertad de expresión. Ahora, todos esos casos sentenciados y los que hay, es porque la procuraduría los ha denunciado. Ahora todo se ha trasladado a la redes, y tenemos un área que patrulla internet y denuncia.

—¿Qué terroristas estarían por abandonar la prisión este o los próximos años?

Todos los años hay terroristas que cumplen su pena y si cumplen su pena son excarcelados. Hubo una información de que Víctor Polay Campos -cabecilla del MRTA- salía en enero de este año, pero no es así. Parece que hubo una confusión porque a él lo condenaron inicialmente a 32 años, pese a que la fiscalía pidió cadena perpetua. Por eso es que Polay tiene una pena temporal al igual que (Miguel) Rincón Rincón, que vence en algún momento, pero la Corte Suprema le aumentó tres años. Entonces Polay cumple su pena en el 2026.

—¿Y sobre este cabecilla terrorista hay algún proceso paralelo en curso, alguna investigación?

Contra él hay una investigación que ya está denunciada en el Poder Judicial por el caso del asesinato de las Gardenias, que estuvo en el informe de la Comisión de la Verdad. Esa fue por una orden de la dirección política del MRTA, encabezada por el condenado Víctor Polay. Ese caso inició en el 2016 por un pedido de nosotros. Lo que pasa es que ahí hay una demora excesiva.

La fiscalía denunció en junio del 2021 ante el Poder Judicial y hubo un debate si era visto con el antiguo o nuevo Código Procesal Penal, se demoró como un año y una Sala dijo que debía adecuarse al Nuevo Código y devolvieron el caso a fines del 2022 para que lo adecue a una Formalización de la Investigación Preparatoria y está ahora en el Segundo despacho del Segunda Fiscalía Antiterrorista que está viendo el caso de Martha Huatay; y estamos pidiendo que ya lo saquen porque ese caso tiene seis años.

—¿Por qué vemos algunos casos en procesos de terrorismo que demoran hasta obtener una condena, incluso cuando ya han tenido condena previa?

Ese es un tema que se resume en los casos de vencimiento de plazos sin sentencia, básicamente en eso. En los casos de procesados libres, la ley establece también plazos, pero donde se debe dar prioridad es en los que tienen prisión preventiva. Se tiene que hacer todo lo posible en el plazo que el juez otorga, lamentablemente vemos que eso no sucede, se vencen los plazos y se libera y de allí vienen los riesgos de fugas; porque por más que tenga impedimentos una persona se va ilegalmente. El tema es que a la persona que se le da una prisión preventiva, que debe ser en casos graves, tiene que acelerarse su proceso. Además, es un tema que tiene que ver con la fiscalía y el Poder Judicial y allí hay problemas, ninguna institución es perfecta.

—Finalmente, están a la espera de que la Corte Suprema remita el caso del congresista Guillermo Bermejo para que sea procesado una vez más por afiliación al terrorismo…

Sí, así es. La primera vez logramos que se anule una absolución y ahora hemos logrado por segunda vez que se vuelva a juzgar. Lo que pasa es que, desafortunadamente, los jueces de primera instancia no están valorando bien las pruebas y tiene que venir la Corte Suprema a poner orden y establecer los errores de la Sala Superior. Estamos esperando la ejecutoria del acusado Bermejo, hemos pedido se notifique porque queremos que el juicio se inicie ya. Ya van dos veces que se ha anulado y por más que el acusado Bermejo dice que ya son seis jueces que lo han absuelto, nosotros decimos que seis jueces han evaluado mal las pruebas y por eso la Corte Suprema ha anulado la absolución.