Procuraduría denuncia a funcionarios de la JNJ por supuestas irregularidades en contratos

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción denunció a ocho funcionarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que se habrían favorecidos supuestamente con contrataciones irregulares, y pide que el Ministerio Público indague si cometieron negociación incompatible o falsedad ideológica.

El comunicado de la procuraduría detalla que el pedido ante la fiscalía es para iniciar diligencias preliminares contra Marielka Nepo Linares, Juan Alfonso Arévalo Sattler, Juan Carlos Cortés Carcelén, Frank Fernández Echevarría, Johann Castillo de La Cruz, Linda Castillo de La Cruz, Claudio Valdera Bohórquez y Rayan Calderón Bringas.

Contra ellos, solicitan investigación por presunto delito contra la administración pública en modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

También piden que se investigue a Echevarría, los hermanos Castillo de la Cruz, Valdera y Calderón por presunta comisión del delito de falsedad ideológica.

“La denuncia se basa en información presentada por un programa dominical el último fin de semana, del cual se advierte que trabajadores que laboran en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) habrían sido favorecidos con contratos CAS y ordenes de servicios”, detalló la procuraduría.

El reportaje de “Punto final” denunció que siete trabajadores de la Junta Nacional de Justicia provienen de un mismo círculo de amigos. Además, señalaron que al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.

La JNJ, tras esta información, ordenó “el desplazamiento” de la jefa de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Marielka Nepo Linares, y de tres servidores contratados bajo el régimen CAS hasta que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios culmine la investigación sobre un presunto copamiento de puestos de trabajo en dicha dirección.

También han dispuesto la revisión de todos los contratos CAS y de locación de servicios efectuados en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios desde 2020, y confirmaron que se ha dado por terminado el contrato de la locadora de servicios mencionada en el reportaje, y que otras tres “personas aludidas” han dejado de laborar en la institución entre diciembre de 2021 y agosto de 2023.