Prohibición para reelección inmediata de alcaldes en la mira

El desprecio a los corruptos y la indiferencia ante los probos sellaron un acuerdo del que hoy muchos se arrepienten. Corriendo para que la puntual reforma constitucional (Ley 30305, que modifica los artículos 191, 194 y 203 sobre elección y facultades de alcaldes y gobernadores) no tomara más de dos legislaturas, o sea un año, el Congreso sepultó las aspiraciones de centenares de líderes en formación y, también, de algunos sinvergüenzas. Una vez más en el Perú, justos pagan por pecadores.

La iniciativa surgió en el nacionalismo y fue presentada a principios del 2014 en la Comisión de Constitución, por Eulogio Amado, el ‘comeoro’. La comisión la hizo suya con entusiasmo y ganó en el pleno con 93 votos a favor, más de los 87 necesarios para validar una reforma. De paso, como para refundar todo sin mejorar nada, se cambió el nombre de ‘presidente regional’ por ‘gobernador’.

En esta suerte de autopunición multipartidaria, hay que destacar, sin embargo, un elocuente detalle: el proyecto original de Amado incluye la no reelección de congresistas. Tal extremo se omitió en el dictamen final. Algunos colegas habían dictaminado: tampoco, tampoco.

Precisamente, esa discriminación entre congresistas y autoridades municipales indigna a Óscar Benavides, alcalde de Ate reelegido en el 2014 por Solidaridad Nacional y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), más que la prohibición en sí: “Ellos sí pueden ser reelegidos y no tienen que renunciar a sus cargos. Nosotros, cuando se podía, teníamos que renunciar seis meses antes”.

Benavides no oculta su rechazo a la no reelección y me asegura que la suya es también la posición de su gremio, que hoy suma 1.646 alcaldes distritales y 196 provinciales. El rechazo ha sido claro en los últimos congresos de la AMPE, incluido el del último junio en Cusco, donde se entregó a Pedro Pablo Kuczynski un petitorio en el que figuraba el tema. El presidente mostró una vaga aquiescencia con el reclamo y dijo que se debía discutir.

El hombre que reemplazó a César Acuña a la cabeza de la AMPE va más lejos: “Pronto iremos un grupo a hablar con la presidenta del Congreso, Luz Salgado, para agilizar la reforma”.

Las lideresas de la oposición, Keiko y Verónika, no han sido explícitas sobre el tema. En sus filas tienen la presión de los ‘reelegibles’ y también la de nuevos cuadros que quieren cancha libre para postular. Pero Keiko visitó a Luis Castañeda pocos días antes de la segunda vuelta y se sobreentendió que le prometió, al más importante de los alcaldes –por el peso demográfico y político de Lima–, reponer la reelección con su amplia mayoría.

El aprista Enrique Cornejo, el prematuro y realista candidato por Lima, me dijo en una entrevista que su mayor apuesta es una confrontación final con Castañeda. 

—Lucho y los sacrificados—
En materia de reelección, la casuística determina la norma y no al revés. Fueron los casos de los gobernadores César Álvarez de Áncash, Gregorio Santos de Cajamarca y Gerardo Viñas de Tumbes y del alcalde Roberto Torres de Chiclayo, entre otros oprobios, los que se esgrimieron para justificar la prohibición. Esa misma aversión a la permanencia en el cargo como factor de autoritarismo y corrupción está en la prohibición de la reelección inmediata desde los albores de la República. La Constitución de 1920 ratificó el impedimento, pero Augusto Leguía forzó varias modificaciones para reelegirse. La Constitución de 1933 reforzó la prohibición y volvió a hacerlo la Carta de 1979.

Hasta que Fujimori protagonizó el autogolpe de 1992 y convocó al Congreso Constituyente Democrático (CCD), para, entre otros proyectos de continuidad, permitir por una sola vez la reelección inmediata. Luego, una caprichosa ‘interpretación auténtica’ le procuró un período más, que, como bien saben, quedó trunco. Durante el gobierno de transición de Paniagua, como lección inmediata, se volvió a cambiar la Constitución para impedir la reelección inmediata.

Si bien hay un extendido acuerdo contra la reelección presidencial inmediata, no lo hay con respecto a la reelección regional y local. Fernando Tuesta, experto electoral, me dice que “son dos niveles distintos, y en el caso de alcaldes y gobernadores, el Estado tiene mecanismos de control”. O sea, Tuesta comulga con la limitación en el ámbito nacional, mas no en el subnacional.

En cambio, Edwin Licona, gobernador de Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), me dice que el tema no está en la agenda de su gremio y que él sí aprueba la restricción: “Estoy de acuerdo con la no reelección, nos permite concentrarnos en nuestra agenda de desarrollo”. ¿Y el legítimo afán de los que quieren continuar?, pregunto. “Vamos a ser los sacrificados”, replica, y me dice que, más bien, estaría de acuerdo con extender el mandato de cuatro a cinco años y hacerlo coincidir con el presidencial. Le comento esa idea a Tuesta. Discrepa y recuerda el caso ecuatoriano como uno de los pocos en que las elecciones de distintos niveles coincidieron y delataron que el ciudadano no se podía concentrar en tantas elecciones a la vez.

Faltan dos años para las justas locales, pero los partidarios del repeticuá tienen que ir buscando el consenso ya mismo. Tiempo no les sobra. Tienen que decidir, además, si regresan la Constitución a su permisividad original en materia subnacional, o limitan la reelección a uno, dos o tres períodos consecutivos. Y no pensemos en los nombres y apellidos que quisiéramos ver en el bolo ardiente o vetados del partidor. Hay que decidir sobre principios. Bienvenidos al debate.  

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