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Una nueva investigación por presunto lavado de activos se abrió contra la empresaria Sada Goray, el conductor de televisión Mauricio Fernandini y otras 36 personas (entre naturales y jurídicas) en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito de Lima Sur, a cargo del fiscal Hugo Freddy Minaya.
Según la disposición fiscal, a la que accedió El Comercio, la investigación fue declarada compleja, por lo que el plazo para las diligencias preliminares será de ocho meses. Concluirán el 28 de abril del 2024.
Las pesquisas se sustentan en los efectos y réditos ilícitos supuestamente obtenidos producto de las influencias que habría ejercido Goray sobre funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Fondo Mi Vivienda y otras entidades para favorecer a la empresa inmobiliaria Marka Group por más de S/ 242 millones, durante el gobierno de Pedro Castillo.
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Para ello, indica el fiscal Minaya Paulino, la empresaria habría entregado S/ 5,4 millones aproximadamente - entre setiembre del 2021 y junio del 2022 - al presidente Pedro Castillo mediante el exministro Geiner Alvarado y el ex asesor Salatiel Marrufo Alcántara, contando además con la participación activa del periodista Mauricio Fernandini y su prima Pilar Tijero Martino.
Goray y Fernandini ya son investigados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, por presunta colusión agravada cometida en el marco de una organización criminal. Por este caso, ambos cumplen prisión preventiva.
‘Blanqueamiento’ de dinero
Según la tesis de la Fiscalía de Lima Sur, con el devenir del tiempo, los implicados habrían venido realizando actuaciones al margen de la ley, junto a funcionarios públicos, quienes concertaron y conformaron la presunta organización criminal, utilizando los cargos que ostentaban en el Fondo Mi Vivienda - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia de Bienes Nacionales, a través de la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal e incluso Sedapal, teniendo como resultado la comisión del delitos contra la tranquilidad pública - organización criminal, corrupción de funcionarios - tráfico de influencias, cohecho y otros delitos conexos, con la finalidad de obtener réditos económicos para el beneficio y disfrute de cada integrante, traslucido en el incremento inusual de su patrimonio, viajes, vida de lujo y demás gastos.
“Se advertiría que estarían ‘blanqueando’ el dinero que es obtenido de diversos actos delictuosos, tipificados en los delitos Contra La Tranquilidad Pública - Organización Criminal, Corrupción de funcionarios y otros delitos conexos; por tanto, no se descarta que, habrían utilizando el aparato del Estado (Entidades Públicas y Privadas), en al realización de trámites de apariencia legal para incorporar al sistema económico, dinero obtenido de los delitos antes mencionados, ingresándolo al circuito financiero, a través de la titularidad de bienes muebles e inmuebles.”
Hugo Minaya, fiscal anticorrupción de Lima Sur
El representante del Ministerio Público precisó que, en el marco de la detección patrimonial a los implicados, se ha podido acreditar la existencia de bienes por medio de la información obtenida de fuente abierta (Sunarp); “sin embargo, se presume que el universo patrimonial de procedencia ilícita traspasa la esfera personal, comprendiendo el entorno familiar y a presuntos testaferros”.
Por ello, consideró oportuno que, para realizar el dimensionamiento de todo el patrimonio ilícito que tendrían dicha personas, era necesario abrir una investigación preliminar, “para detectar primero y poner en buen recaudo después, los posibles bienes o activos objeto del delito de lavado de activos”, que afecta el sistema económico social del país, así como otros bienes jurídicos.
Foto: Presidencia
Todos los implicados
La investigación fiscal, que se inició en base a informes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional, fue notificada a los implicados en noviembre último.
“Por las consideraciones antes mencionadas y al existir sospecha inicial simple, que hacen presumir la comisión de delito de lavado de activos, la Dirila de la PNP pone a conocimiento del Ministerio Público, para proceder al inicio de una investigación preliminar por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado”, indicaba el documento policial “Informe N° 94 - 2023 - PNP /DIRILA - PNP/ DIVILAPT - DPTO.2″.
Con dichos elementos y tras el análisis respectivo, el fiscal Minaya Paulino determinó que los hechos que fueron puestos a conocimiento de su despacho, “tienen connotación de tipo jurídico penal”, por lo que ameritaba el inicio de las investigaciones.
Los incluidos en las pesquisas, además de Sada Goray y Mauricio Fernandini, fueron Martín Montoya Marcilla, Teisuke Goray Chong, Juan Carlos Watanabe Goray, Giuliana Pairazaman, Gissella Matzunaga Méndez, Luis Mesones Odar, Marco Antonio Lazarte Rojas, Ítalo Arbulú Ortega, César Sarmiento Torres, Julieta Tijero Martino, Cyntia Rudas Murga, Gonzalo Arrieta Jovic, Pedro Arroyo Marquina, Roger Gavidia Johanson y Luz Mayhua Elguera. También, Juan Tomasevich Hauser, José Revilla de Taboada, Sebastián Salem Sambuceti, Flor Olivera Orellana, Marina Subiria Franco, Ana María Fernandini Arbulú, Gianpiero Boccacci Fernández, Luigi Boccacci Fernández, Jacqueline Cuculiza Merino, Roberto Chong Vásquez y Gonzalo Bedoya Robinson.
Además, las personas jurídicas Marka Group Inmobiliaria SAC, Centenerio Desarrollo Urbano SAC, El Porvenir Inmobiliaria SAC, Tu Techito Bonito SAC, Chilca Bonita SAC, Empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo, Empresa Selva Viva Park SAC, Empresa MarkaGroup SAC y Empresa MarkaGroup Tarapoto SAC.
“Por estas consideraciones la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Lima Sur, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo Nro. 052, Ley Orgánica del Ministerio Público y el Art. 330° del Código Procesal Penal, dispone: Primero; iniciar diligencias preliminares por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado”, ordenó el fiscal.
El fiscal dispuso que las diligencias preliminares se lleven a cabo en la Dirila de la PNP, por el plazo de seis meses, y luego de ello deberán remitir el informe policial documentado. Según lo dispuesto por Minaya Paulino, los efectivos policiales deberán solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera, a las empresas de courier internacional para transacciones económicas, a la Sunarp, al Ministerio de Transportes, Cofopri, al Proyecto Especial Titulación De Tierras y Catastro Rural.
También se solicitará al Consejo de Notariado que se disponga que los notarios a nivel nacional remitan toda la documentación que figure en sus archivos, a nombre de los investigados (personas naturales y jurídicas). Además de Essalud, Sedapal, Sunat, y la Cámara de Comercio.
Cabe precisar que, la defensa de Fernandini Arbulú ha solicitado la revisión de su prisión preventiva con la finalidad de que se dicte el cese de la misma, argumentando que hasta el momento no se ha podido corroborar los indicios que llevaron al Poder Judicial dictar la medida limitativa en agosto del 2023.
“No se ha acreditado la relación entre muchos de estos elementos de convicción y la imputación formulada a nuestro patrocinado”, demandaron los abogados Gino Dagnino y Luis Siesquén.
