APP: Entre 10 a 15 días recién culminaría proceso de expulsión de Rosio Torres

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, adelantó que el proceso de expulsión de la congresista Rosio Torres de su agrupación política tomaría entre 10 a 15 días, tras ser acusada de recortar parte del sueldo de los trabajadores de su despacho.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que ya se corrió traslado a Torres Salinas de la denuncia en su contra y advirtió que si sus descargos no resuelven los hechos que se le imputan, será expulsada del partido.

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“El presidente Acuña mostró una indignación a través de los medios de comunicación y dispuso en el partido los procedimientos para la expulsión correspondiente. Entiendo que el responsable –el doctor Canales- ya inició el procedimiento y ya corrió el traslado a la congresista”, expresó.

“Calculo [que el proceso tomará] de 10 a 15 días, hay que respetar un derecho fundamental que está en la Constitución, que es el derecho a la defensa y en ese estado nos encontramos. Sino llega a satisfacer las incriminaciones que están contenidas en este proceso de expulsión, pues será excluida”, agregó.

Según ‘Punto Final’, diversos retiros de dinero comprometen más a la congresista Rosio Torres, acusada de obligar a los trabajadores de su despacho parlamentario a depositar parte de sus sueldos en cuentas bancarias a nombre de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.

El registro de los movimientos de una de las cuentas de Pérez muestra que al menos siete retiros ocurrieron a solo cinco cuadras de dos direcciones que la legisladora reportó en Lima durante el 2021 y el 2022, uno en la avenida Olavegoya y otro en la calle Huáscar, en el distrito de Jesús María.

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Otros retiros ocurrieron en Iquitos cuando la congresista se encontraba en esa ciudad cumpliendo con la semana de representación parlamentaria, el 21, 22 y 24 de febrero del 2022 y el 26, 27 y el 29 de septiembre de ese mismo año.

Por último, otra serie de retiros se realizó en una agencia ubicada a solo tres cuadras de la oficina de la legisladora, en el Centro de Lima.

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La información está en manos de la fiscalía, que inició una investigación preliminar contra la congresista la semana pasada por el presunto delito de concusión.