Sada Goray: Contraloría identifica a 26 directivos y funcionarios del Fondo Mivivienda que beneficiaron a Marka Group

La Contraloría General de la República identificó a 26 directivos, funcionarios y servidores del Fondo Mivivienda que beneficiaron irregularmente a la empresa Marka Group SAC, de Sada Goray, y sus subsidiarias en la firma de un convenio que le permitió actuar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS), para otorgar créditos hipotecarios a las familias que deseaban acceder a una vivienda, en los proyectos inmobiliarios registrados en el programa Techo Propio.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 003-2023-2-4733-AC, el Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda se avocó indebidamente a realizar el trámite para la firma del convenio con la empresa inmobiliaria, pese a que esta labor correspondía a la Gerencia General, conforme lo estipula la normativa interna.

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Además, suscribió el convenio sin que Marka Group cumpla con la presentación de estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios anuales, declaración jurada sobre el origen de los fondos que se destinarían para el otorgamiento de los créditos y acreditación de que contaban con oficial de cumplimiento corporativo registrado ante la SBS.

A ello se suma que el convenio no consideraba todas las cláusulas establecidas en la normativa, como es la obligación posterior de presentar periódicamente los estados financieros auditados y la clasificación de riesgos externa.

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Con la firma del convenio con el Fondo Mivivienda, realizado el 19 de octubre del 2021, Marka Group participó en 6 proyectos inmobiliarios del programa Techo Propio que representan una inversión de S/ 277 millones 113 mil 901.

Dichos proyectos son “Las praderas de Cacatachi” (distrito de Cacatachi, provincia y región de San Martín); “Chiclayo bonito” (distrito de Reque, provincia de Chiclayo, región Lambayeque); “Lima bonita” (distrito de San Bartolo, provincia y región Lima), “Barranca bonita” (distrito de Supe, provincia de Barranca, región Lima); “Piura bonita” (distrito de Castilla, provincia y región Piura); y, “Villas de Alto Larán – Etapa 2″ (distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, región Ica).

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Al 31 de diciembre, el Fondo Mivivienda ha desembolsado S/ 151 millones 268 mil 023 para estos seis proyectos inmobiliarios, monto que corresponde a 3912 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) para igual número de familias de limitados recursos económicos interesadas en acceder a una vivienda de interés social.

Favorecimiento de más de S/ 33 millones

Para cada proyecto inmobiliario, se firma un contrato de fideicomiso de administración y garantía donde el Fondo Mivivienda desembolsa los BFH y los grupos familiares beneficiarios aportan sus ahorros y, de corresponder, el crédito hipotecario otorgado por la EPNS.

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En el caso de cuatro proyectos inmobiliarios del programa Techo Propio (“Lima bonita”, “Chiclayo bonito”, “Barranca Bonita” y “Praderas de Cacatachi”), el Fondo Mivivienda redujo el aporte que correspondía realizar a la empresa privada y sus subsidiarias, del 25% al 15% de la inversión total del proyecto, lo cual favoreció a la empresa con S/ 33 millones 172 mil 915, que dejó de aportar al fideicomiso de administración y garantía.

Además, un total de 2003 Viviendas de Interés Social (VIS) de los proyectos “Lima bonita” (728), “Praderas de Cacatachi” (206) y “Chiclayo bonito” (1069), que debieron estar listas en mayo pasado, no están concluidas ni han sido entregadas a los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional, a pesar de que los plazos han vencido y de que el Fondo Mivivienda desembolsó S/ 77 millones 159 mil 456 para ello.

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Además, se pudo constatar que se omitió consignar en los contratos con las empresas a cargo de los proyectos una penalidad por la demora en la entrega de las viviendas, incentivando así el incumplimiento de los plazos contractuales y que se reprogramen los plazos de entrega de las viviendas sin mayor justificación ni sanción, hecho que no ha sido observado por el propio Fondo Mivivienda.

El informe de la Contraloría |fue remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a fin de iniciar las acciones penales y civiles a los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos, a final de que determine las responsabilidades que correspondan.