Se cerró el caño y Dina hace maletas, por Fernando Vivas

La congresista Rosselli Amuruz llegó al Parlamento gracias a que su padre Roger, empresario de la educación que fue congresista fujimorista en los 90, hizo aportes sustanciosos a la campaña de Hernando de Soto, candidato de Avanza País. La ubicó en un buen puesto en la lista a Lima (número 3) y entró. Su liberalismo de joven limeña con plata, ni tan beligerante como Patricia Chirinos ni tan ideologizada como sus colegas Alejandro Cavero o Adriana Tudela, la convirtieron en un personaje bisagra en su bancada. Sin embargo, no se visibilizó por ello, sino por la ocurrencia de celebrar un cumpleaños en tiempos de restricciones pandémicas.

Otra fiesta, con el saldo fatal de un muerto, la volvió al candelero el fin de semana pasado. Ella no tiene responsabilidad en el asesinato, pero ha admitido que “fue una mala decisión” acudir. Más que eso, fue una pésima decisión entablar relaciones estrechas con el dueño del santo, el excongresista de Acción Popular Paul García, amigo, además, del sospechoso del crimen, Abel Valdivia Montoya. Amuruz, asimismo, es responsable de la contratación en el Congreso de por lo menos seis personas ligadas a García. Más que eso, según cuenta Martín Hidalgo (“Rosselli Amuruz: contrataciones, visitas, fotos”, del 5/10/23), estaría tentada de construir un partido con él.

Si se presumía que los jóvenes llegan al Congreso a construir liderazgos y acumular capital político, pues he aquí que los encontramos atrapados en telas de araña. Es como para hacerse una pregunta casi penitenciaria: ¿el Congreso educa o malogra, rehabilita o provoca reincidencias? La pregunta es abusiva si la hacemos solo por Amuruz, pero es pertinente proyectarla a tantos congresistas envueltos (47 según conteo con base en investigaciones del Ministerio Público) en tráfico de influencias que, por una maligna interpretación constitucional, se considera un delito de función acogido a la inmunidad parlamentaria. Ni las fiestas le salen bien al Congreso. Para remate, el escándalo comprometió a la justicia: la PNP detuvo a Pedro Valdivia, hermano de Abel, el autor del disparo. Pedro ya fue liberado y Abel –en este caso, Caín– se fugó del país. Y Avanza País vio que no iba a ningún lado con Rosselli, para quien ya corre una moción de censura como miembro de la Mesa Directiva.

Aún no salimos del asombro que nos dio Sedapal, informando de sopetón de un corte masivo en medio Lima sin dar razones. Cometieron un crimen de comunicación que costó, razonablemente, el cambio de su cabeza. El nuevo presidente del directorio, Jorge Gómez Reátegui, antaño gerente comercial de la empresa estatal que monopoliza el agua en Lima, y por añadidura bombero (aunque aquí el problema no es de fuego sino potable), promete más eficiencia e información. Sin embargo, con tamaño antecedente, es difícil confiar en la empresa.

Más confiable resulta la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), el ente que fiscaliza a Sedapal. Conversé con su vocero, José Luis Patiño, y me dijo que sí están en condiciones de afirmar que algún tipo y magnitud de corte era inevitable. Es más, me contó que la interrupción del servicio ya estaba decidida desde el verano, pero estaban esperando que acabe el calor y venga un tiempo propicio para hacerlo, ¡tras un simple aviso que no explicaba las razones! Valga este ‘acuicidio’ que hoy afecta a aproximadamente a 5 millones de limeños (según cálculo de la Sunass) para confirmar que falta infundir a la burocracia de una conciencia de servicio al usuario y del valor de la comunicación.

Dina se salió con la suya. Hará otro viaje, del 11 al 15 de octubre, con sustento forzado: una presentación en un evento prolatinoamericano en Stuttgart, “en el que habrá inversionistas”, claro que sí, y una cita con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, una figura secundaria en ese país parlamentarista donde quien pesa es el canciller Olaf Scholz. O sea, su homólogo, si empatamos a Scholz con Alberto Otárola. De Berlín volará a Roma a ver al papa Francisco. Que este haya fichado al exjuez de la Corte-IDH Eugenio Zaffaroni, uno de los consejeros legales de su bestia negra Pedro Castillo, es una ironía sin importancia para ella. También visitará la FAO, con sede en Roma. Ningún presidente viaja a visitar a ese ente multilateral, pero es un buen pretexto para justificar el paseo a Italia.

Los viajes frivolizan a las autoridades cuando los motivos no son convincentes. El más reciente, a la Asamblea General de la ONU a Nueva York, llevó al equipo presidencial a pasar fotos de reuniones casuales como si fueran encuentros oficiales. La presidenta viajará con la desconfianza popular en la maleta, dejando en suspenso (y en manos de Otárola) su papel en las crisis locales. Contribuirán, a la distracción que necesita, los golpes de efecto en el sistema de justicia (nulidad en el Poder Judicial de la medida cautelar que impedía a la JNJ investigar a la fiscal Benavides, suspensión temporal del fiscal Rafael Vela Barba) y su actitud concesiva ante algunas demandas: el alcalde Rafael López Aliaga pide declaración de emergencia para el Cercado, dénsela; el Congreso se pone bravo, aguántenlo; se viene una marcha, no la provoquen. Que nada ni nadie le arruine el viaje