La SIP se pronunció sobre la intención de la Policía Nacional de iniciar acciones legales por caricatura. (Foto: EFE)
La SIP se pronunció sobre la intención de la Policía Nacional de iniciar acciones legales por caricatura. (Foto: EFE)
Redacción EC

La rechazó la decisión de la Policía Nacional de Perú (PNP) de exigir disculpas públicas y amenazar con una demanda por difamación al Grupo La República por la caricatura periodística -de Carlos Tovar Samanez- en la que se utilizó la sátira para criticar el accionar de integrantes de esa fuerza. Además, instó a dicha institución a desistir en su intento de plantear una querella.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se adhieren al citado .

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El último viernes, el comandante general de la Policía, general PNP Víctor Zanabria, envió una carta notarial al Grupo La República y al caricaturista Carlos Tovar Samanez, “Carlín”, en la que reclama que se ofrezca disculpas a la PNP por la caricatura.

El documento cita el artículo 132° del Código Penal sobre difamación y exige una rectificación inmediata y proporcional en un plazo de 48 horas, bajo amenazas de iniciar acciones legales en caso contrario.

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“La reacción de la policía es totalmente desproporcionada”, afirmó Roberto Rock, presidente de la SIP y director del portal mexicano La Silla Rota.

“Rechazamos la amenaza de una querella y consideramos inadmisible un reclamo de rectificación ante un legítimo ejercicio del derecho a crítica. Las autoridades deben retirar la demanda de manera inmediata para no causar un grave daño a la libertad de expresión en Perú”, agregó.

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La ilustración fue publicada el martes por el diario La República y exponía a tres integrantes de la Policía con un logo cada uno: “Delincuente con traje de policía”, “policía delincuente” y “policía que cumple su deber”.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, consideró que la acción legal de la PNP desconoce que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio público.