Rutas de Lima pide a MML cumplir con sentencia del TC sobre peaje de Puente Piedra: de qué trata esta demanda
El 11 de mayo del 2019, la exalcaldesa Susana Villarán, se presentó a una entrevista en radio Exitosa y allí confesó que siempre estuvo enterada de los aportes que realizaron las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña del “No a la Revocatoria” en el 2013 y para la campaña de su reelección en el 2014.
Desde el 2017, año en que se firmó el Convenio de Colaboración con la empresa Odebrecht, la empresa reconoció los pagos ilícitos en la campaña del “No” y aseguró que Villarán, a través de su gerente municipal José Miguel Castro, le había solicitado no solo apoyo para no ser removida de la Municipalidad de Lima; sino también para permanecer al frente de esta por otro período más.
MIRA: Dina Boluarte: ¿Qué revela su constante defensa a Nicanor Boluarte?
Sin embargo, este no sería el único pago. La empresa OAS también confesaría haber entregado dinero para la reelección de Villarán.
Por ello, en noviembre del 2017, hace más de seis años, la fiscalía decidió abrir investigación contra Villarán de la Puente y otros, tras haber corroborado los indicios sobre los pagos ilícitos.
Por casi dos años, la exalcaldesa negó los hechos. Sin embargo, tras conocer que su mano derecha José Miguel Castro, se estaba sometiendo a un proceso de colaboración eficaz, decidió reconocer su verdad. Y es que, la exalcaldesa se excusó indicando que ella era “responsable política” por haber aceptado el dinero y que nunca favoreció a las empresas brasileñas con obras públicas.
La realidad presentada por la fiscalía, demostraría todo lo contrario. Por ello, ha solicitado en su contra 29 años de cárcel al acusarla por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsedad genérica, y falsa declaración en procedimiento administrativo.
“En primer lugar, esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria, tomamos al decisión, José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña (...) y yo cometí un grave error, un grave error del que me he arrepentido desde hace tiempo y que es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad financiaran la campaña.”
Susana Villarán en declaraciones a Exitosa. 11 de mayo del 2019
Hoy, a casi cinco años de que Villarán de la Puente admitiera la recepción de dinero para sus campañas, este caso aún continúa en curso, sin ingresar siquiera a juicio oral. Actualmente, la exalcaldesa cumple por este caso comparecencia restringida y se le ha dictado una orden de impedimento de salida del país.
¿Por qué no avanza a buen ritmo?
Desde que se inició el control de acusación, en mayo del 2023, se viene desarrollando audiencias una o dos veces por semana. Esto, debido a la carga procesal del juez Jorge Chávez Tamariz, que al igual que otros jueces del Subsistema Anticorrupción y Crimen Organizado, deben también analizar otros casos complejos lo que genera un “cuello de botella”.
Por ello, aún no se ha concluido con la revisión de la acusación que se presentó en agosto del 2022.
Fuentes allegadas al caso estimaron que, al ritmo en que se desarrollan las audiencias, el juicio oral recién podría darse en el 2025.
Cabe precisar que la Procuraduría para el Caso Lava Jato ha insistido en reiteradas oportunidades en que se puedan formar juzgados especiales para que se dediquen específicamente en el procesamiento de los casos que se encuentran en etapa intermedia y que esperan pasar a juicio oral hace años; como en el caso de Villarán y los aportes a su campaña.
Silvana Carrión, procuradora para el Caso Lava Jato ha solicitado en reiteradas ocasiones la creación de juzgados que se dediquen al control de acusación de diversos casos. Foto: GEC / Jorge Cerdán.
De esta manera, los jueces no tendrían que distraerse en otro procesos y se avanzaría con los procesos emblemáticos vinculados a Lava Jato que, junto al de la alcaldesa, llegan a 15 en etapa de control de acusación.
Días atrás, el presidente de la Corte Superior Nacional , César Sahuanay, indicó a RPP que “se habían presentado una serie de incidencias en ese tema”, como la devolución de la acusación y también de ciertos mecanismos de las defensas, que hace que la etapa intermedia se ralentice.
“Esto es una situación que el juez no puede hacer que desaparezca porque hay que conjugar las garantías del debido proceso”, indicó.
Sahuanay no quiso indicar cuándo podría iniciarse el juicio oral, pero indicó que esto sería cuando acabe la etapa de control de acusación.
Según la acusación, Villarán habría liderado una organización criminal que operó entre el 2010 a 2015. La exalcaldesa, través de Castro Gutiérrez, llegó a recolectar $11′293.816,60 de las empresas Odebrecht y OAS a cambio de favorecerlos con la concesión de obras como Vías Nuevas de Lima (Rutas de Lima), “Vía Expresa Línea Amarilla-Adenda 1″.
Raúl Pariona, abogado de Villarán ha rechazado la imputación contra su patrocinada, asegurando que esta no ha participado directa ni indirectamente en el pedido de dinero o en el presunto beneficio a las empresas.
“¿Qué es lo que hizo la acusada? Sabemos que ella ha intervenido de manera indirecta al ser ella la representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ella era la que tenía que velar por los intereses de la Municipalidad y no lo hizo. Todos estos actos fueron en acuerdo con el también acusado José Miguel Castro Gutiérrez.” Fiscalía.
Fiscalía
LA ULTIMA AUDIENCIA DEL CONTROL DE ACUSACIÓN EN ENERO 2024
Susana Villarán
Los otros dos casos
Susana Villarán también tiene otros dos casos que se encuentran en etapa de investigación preparatoria, que deberá pasar el mismo camino que los aportes de Odebrecht y OAS.
El primero, el caso “Vías Nuevas de Lima” (“Rutas de Lima”) cuya investigación preparatoria fue formalizada en junio de 2023 y por el plazo de 36 meses.
En este, la exalcaldesa es investigada por los presuntos delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible.
Según la tesis fiscal, Villarán habría beneficiado a la Concesionaria “Rutas de Lima”, integrada por Odebrecht, con el Proyecto Vías Nuevas de Limas, cediéndoles el derecho de cobro de peajes de las rutas que comprendía dicho proyecto.
El segundo caso se vincula a la obra “Línea Amarilla” y un presunto beneficio a la brasileña OAS, a través de una ampliación del contrato de concesión por 10 años a través de la conocida “Adenda Nro. 1”, generando un perjuicio a la entidad municipal.
En agosto del 2023, la fiscalía solicitó ampliar el plazo de investigación preparatoria a 36 meses y el Poder Judicial concedió el pedido.
