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El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otras 17 personas procesadas por presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Vías Nuevas de Lima a favor de la empresa Odebrecht y otras.
El requerimiento fue presentado por la Fiscal Provincial del Sexto Despacho del Equipo Especial de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María Milagros Salazar Paiva, ante el juez de investigación preparatoria, Justiniano Romero.
El magistrado dispuso analizar el pedido el próximo 24 de octubre.
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En junio último, la fiscal formalizó la investigación preparatoria contra Villarán de la Puente y sus coinvestigados por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, en agravio del Estado.
Según el documento judicial al que accedió El Comercio, se indica que la medida limitativa también se solicitó para los exfuncionarios de la gestión de Villarán como Domingo Arzubialde Elorrieta, Juan Andrés Ramos Arapa, Carlos Fernando Steiert Goicochea, Juan José Neyra Montes, Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Blua y Daniella Canales Hernández.
Además están Jaime Villafuerte Quiroz, Alfieri Bruno Luchetti Rodriguez, María del Pilar Márquez Mares Ramos, Demetrio Rojas García, Elizabeth Vilca Quispe, Raul Javier Bueno Cano, María del Rosario Solís Martínez, Liliana Martina Orozco Pinto – Bazurco, Guillermo Segundo Gonzales Criollo, Lucio Alva Matteucci, funcionarios vinculados a la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.
El requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la fiscalía, obedece a la complejidad del caso, a la pluralidad de implicados y por enmarcarse en una posible organización criminal; lo cual podría generar que los implicados busquen eludir a la justicia.
Los presuntos actos irregulares
Según la investigación fiscal, los presuntos actos irregulares habrían estado vinculados a los pagos que la empresa Odebrecht y OAS reconocieron haber realizado a los exburgomaestres limeños.
“En el caso de la primera, tenía la concesión de la obra Vías Nuevas de Lima, conocida hoy como ‘Rutas de Lima’. En el caso de OAS, tenía en ejecución la obra Línea Amarilla, conocida hoy como ‘Vía Parque Rímac’”, indicó la fiscalía.
En este caso, específicamente, se trata de la adjudicación directa de la Iniciativa Privada “Vías Nuevas de Lima”, esta se realizó a favor del consorcio conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A.
En la investigación se determinó que exfuncionarios de la comuna capitalina habrían recibido presuntos sobornos por la suma de US$ 711. 000, a fin de asegurar la aprobación de la Concesión y Adenda de Bancabilidad del Proyecto “Vías Nuevas de Lima”.
Dicha proyecto contemplaba obras de infraestructura en tres tramos (Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé), actividades previas (recuperación funcional de la zona vial existente) y la reconstrucción del Puente San Pedro).
La investigación, que incluye el informe de Contraloría, señala diversas irregularidades entre el 2013 al 2016, tanto por la Municipalidad Metropolitana de Lima como por la concesionaria, es decir la empresa Odebrecht.
Y es que, entre los hechos se determinó que la comuna, a través de adendas de bancabilidad y acuerdos adoptados entre el 2013 y 2015, se dispuso que actividades para la referida obra, encargadas al municipio, pasen a ser realizadas por el concesionario con el incremento de presupuesto que ello conllevaba.
Y, en el 2016, el concesionario dispuso el incremento tarifario en todas las unidades de peaje, sin haber culminado con la ejecución de las obras obligatorias objeto de la concesión. Ello generó que la empresa obtuviera ingresos adicionales a los originalmente previstos por US$1,5 millones (entre el 29 de diciembre al 31 de mayo del 2017, aproximadamente), entre otros hechos.
INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE JULIO 2023
Ante el requerimiento fiscal, el juez Justiniano Romero dispuso proceder con el trámite correspondiente y, previo a resolver, convocó a las partes para debatir la solicitud. A través de una resolución, dejó establecido que la audiencia se instalará con los que asistan, siendo obligatoria la presencia del Ministerio Público, así como un debido emplazamiento del requerimiento fiscal a los investigados, a fin de garantizar su derecho de contradicción.
“Convocar a audiencia de impedimento de salida del país, la misma que se llevará a cabo el día martes 24 de octubre de dos mil veintitrés a horas nueve y cuarenta y cinco de la mañana (09:45 am hora exacta)”, indicó.
Este Diario buscó la versión de la defensa de Villarán ante el requerimiento fiscal. Sin embargo, su abogado Raúl Pariona, indicó que por el momento no harían comentarios.
