Pedro Castillo fue denunciado ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Foto: Presidencia
Pedro Castillo fue denunciado ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Foto: Presidencia
/ Luis Iparraguirre
Karem Barboza Quiroz

El pleno del (TC) admitió la demanda competencial que presentó el Congreso de la República contra el Poder Judicial. Sin embargo, rechazó analizar , con miras a la denuncia que presentó la contra el presidente , indicaron fuentes del TC a El Comercio.

La solicitud se presentó en el marco de los cuestionamientos formulados por el Parlamento contra diversas decisiones judiciales que, a su criterio, menoscaba sus atribuciones, como la elección del defensor del Pueblo.

En el escrito de ampliación, presentado días atrás, se indicaba que “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación de nuestro Estado de derecho” el Congreso solicita la “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117 de la Carta Magna.

A través de una nota de prensa, el TC confirmó que “por unanimidad” admitió a trámite la demanda competencial interpuesta por el Congreso de la República contra el Poder Judicial, y declaró improcedente el escrito de ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117 de la Constitución.

“Respecto a la improcedencia del escrito ampliatorio, para la interpretación del artículo 117 de la Constitución, el Tribunal señaló que no tiene competencias consultivas, y se pronuncia conforme al Código Procesal Constitucional, en un litigio o proceso que cumpla con los requisitos básicos: afectación concreta a atribuciones de otro poder del Estado e identidades de partes en conflicto, lo que no se cumple en el referido escrito ampliatorio”, explicaron.

Por ello, manifestaron que se abocarán a revisar la demanda mediante la cual, el Parlamento solicitó interprete las competencias que le corresponden al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú y, asimismo, determine si estas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial, en el proceso de amparo planteado respecto del procedimiento de elección del Defensor del Pueblo y otros casos ligados a las competencias propias del legislativo.

Al haber sido admitida la demanda, el Tribunal Constitucional anunció que procederá a notificar la demanda al Legislativo, para que en el plazo de ley, conteste a la misma.