Un gobierno sin rumbo y una fiscalía tormentosa, el resumen semanal por Fernando Vivas

El lunes en la noche, la Fiscalía de la Nación (FN), cabeza del Ministerio Público (MP), hizo dos disparos, bang, bang. El primero fue contra Martín Vizcarra. El otro disparo fue contra una figura del régimen, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Juan Carlos Villena, el FN, ha ordenado que comiencen las indagaciones sobre los ascensos de fin de año y cómo –según denuncias públicas hechas por el ex comandante general de la PNP, Jorge Angulo- el ministro habría tratado de inmiscuirse indebidamente en ese proceso. Torres, de extrema debilidad política y comunicativa en plena crisis de inseguridad, obliga al gobierno a dar un volteretazo en este sector: designar un ministro con muñeca política y liderazgo; exhibir un plan contundente; convocar a otros actores de la lucha contra el crimen de una forma vistosa y productiva. Torres apareció el martes, flanqueado por el nuevo comandante general, Víctor Zanabria, y por su segundo, el general Óscar Arriola, defendiendo su continuidad: “Renunciar sería un acto de cobardía (…) Uno se mantiene en el cargo hasta que la señora presidenta de la república lo disponga”. Agregó una ironía defensiva: “Resulta que en dos meses soy la persona más mala de Lima y el Perú”. Alguien tendrá que explicar al general que investigaciones fiscales, interpelaciones y censuras no son cuestiones de machos.

Otros disparos han venido del exasesor de Patricia Benavides. Primero, según documentos mostrados por Milagros Leiva, se conoció que dijo que el ex fiscal dela Nación Pablo Sánchez (de quien también fue asesor) se reunió un par de veces con Vizcarra antes de ser presidente y cuando ya lo era; y que otro asesor del fiscal, Alejandro Silva habría bregado para archivar una investigación sobre el Caso Chinchero contra Vizcarra. Ha dicho, además, que el periodista Gustavo Gorriti tenía una tremenda injerencia en el MP y que su cercanía con el fiscal José Domingo Pérez era tal que Pérez fue alguna vez a su domicilio. Keiko Fujimori no desperdició la ocasión para salir a afirmar que su caso está politizado. Pero el viernes apareció otro capítulo del testimonio de Villanueva donde cuenta de las relaciones de Benavides con miembros de Fuerza Popular. En una entrevista en RPP, en la que participé, Fujimori nos reiteró que piensa interponer recursos legales contra los aludidos y negó que se haya reunido con Benavides. No pudo negar que Martha Moyano sí lo hizo –Villanueva abunda en detalles al respecto- y nos contó que Moyano le dijo que no era el ‘agente Roberto’ que colaboró con la operación Valquiria. Nos dijo, también, que su candidatura al 2026 no está definida pero que busca, por primera vez, que Fuerza Popular sea parte de una alianza.

El Consejo Fiscal, ente consultivo adscrito al MEF y cuya opinión no es vinculante, ¡pero tampoco nimia!, emitió 10 días atrás un informe en el que arremetía contra el gobierno por no respetar la regla fiscal (el déficit en el 2023 fue de 2.8% y no debía ser mayor de 2.4%; este año, restando el 0.4 que nos excedimos, debiera ser menor de 2%, pero todo coadyuva a que sea mayor), al Congreso por legislar irresponsablemente y a la Municipalidad de Lima por haber emitido bonos sin sustento en sus ingresos. El alcalde Rafael López Aliaga replicó en una conferencia de prensa el martes; pero el gobierno no ha acusado recibo frontal, sino de rebote, en declaraciones del atribulado ministro Álex Contreras y en la reunión que el primer ministro Alberto Otárola tuvo con líderes de gremios empresariales el martes.

Los compromisos que Otárola establezca con los empresarios tendrá que concertarlos con las concesiones que imponen los conflictos sociales a un gobierno que los previene muy tarde, como vimos días atrás en la solución del conflicto en torno a las entradas de Machu Picchu. Uno de los líderes asistentes me comentaba que Contreras les hizo una exposición sobre la proyección de alrededor de 3% de crecimiento, pero los presentes oyeron con cierto escepticismo que esta se cumpliese o que fuese suficiente. Además de un shock pro inversión y permisológico, necesitan un shock para creer.

Otárola tendrá también que concertar sus compromisos con los empresarios con ideas que nacen de otras áreas del gobierno, como la posibilidad de subir la RMV (remuneración mínima vital) y las presiones de Petroperú para recibir más ayuda financiera. Este gran barril sin fondo del Estado ha provocado, al menos, que se modifique la composición de su directorio para que el MEF imponga decisiones al Minem (Ministerio de Energía y Minas).

Un sector caliente es el MTC. En primer lugar, están las historias negras revividas por el reciente operativo fiscal contra ‘Los Intocables de la Corrupción’, la organización criminal que según al Eficcop (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) estuvo liderada por Martín Vizcarra. A la huella de esta corrupción se suma la dejada por la gestión de Castillo y sus ministros Juan Silva y Geiner Alvarado. Súmesele al caos del MTC, los vuelos postergados o cancelados por obra del gremio de controladores, que son pocos y no quieren reemplazos para acaparar el pago por horas extras.

Todo este desorden en sectores claves del gobierno, agravado con una crisis política en el sector Interior e indefiniciones en el MEF, ha provocado que varios actores políticos y gremiales, además de analistas, fustiguen la falta de rumbo del gobierno.