Unos cambios para apagar la ola de calor, el resumen de la semana por Fernando Vivas

El lunes, a la salida del Consejo de Ministros, Alberto Otárola fue escueto y un tanto evasivo. Habló de la declaración del estado de emergencia en Trujillo y Pataz, que más que una decisión macerada en la cúpula, parecía una cortesía para no desairar a César Acuña, gobernador de La Libertad que había dado por sentado que Dina y Alberto harían caso a su pedido. Acuña es un importante aliado junto a su partido APP con una bancada que ostenta nada menos que la conducción de la mesa directiva a través de Alejandro Soto. El crimen en La Libertad ha escalado tanto que la familia de Paolo Guerrero, flamante contratado por el club César Vallejo de los Acuña, ha esgrimido amenazas extorsivas contra la célebre ‘Doña Peta’, mamá de Paolo; para rescindir el trato. Le costará.

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La lucha contra la seguridad, preocupación top de los peruanos según la mayoría de sondeos, es lo que menos presente estuvo en los cambios de ministros del martes, pues no se apartó al opaco Víctor Torres Falcón. El único cambio que adivinamos fue el del MEF Álex Conteras por José Arista, pues Dina Boluarte se había entrevistado con él un mes atrás y Contreras delató su fastidio de muchas formas. Otárola no estuvo presente en esa cita, lo que confirmó que hay iniciativas cruciales que la presidenta no necesariamente ejecuta con él; pero a las que este se adapta y se queda para mantener la sociedad política. La presidenta aún lo percibe indispensable. No a Óscar Vera que salió del Minem para ‘despetrolizar’ el ministerio y la agenda del sector, que ahora cae en manos del ingeniero de minas Rómulo Mucho, quien ha sido bien recibido en el sector minero y en el Congreso.

Aventuramos la hipótesis de que los cambios incluyen señales y concesiones para que las bancadas de centro y derecha no censuren al ministro Torres Falcón (ya hay dos mociones de interpelación contra él, la primera de la congresista Kira Alcarraz de Podemos; la segunda, de Elvis Vergara de AP). De esta forma, el Ejecutivo podría superar la incongruencia ante la opinión pública de no haber cambiado al opaco ministro que ocupa el sector que más preocupa. “Lo han dejado a su suerte” me dijo el Gral. Jorge Angulo, el ex comandante general de la PNP que reclama judicialmente su reposición.

Siguiendo la hipótesis, el ex ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta no solo habría sido cambiado por escándalos en su sector (robo de gasolina y contrabando de armas y municiones) sino porque no era bien visto por la mayoría anticastillista desde que fue viceministro de minas durante el gobierno de Castillo. La salida de la ex ministra de Ambiente Albina Ruiz, siguiendo con la hipótesis, ayudaría a aliviar las grandes presiones que tiene su sector, cuyas regulaciones suelen enfrentarlo a los gremios empresariales. La última tensión en el Minam ha estado ocasionada por la polémica en torno a la Ley Forestal aprobada por el Congreso, sin debate, antes del cierre de legislatura en diciembre pasado. Esta ley ha generado alertas en el sector que presionaban para que el gobierno la observe.

Hay congresistas relajados en su receso relativo (hay obligaciones de representación y reuniones extraordinarias de la Junta Permanente y de algunas comisiones). El presidente Soto es uno de ellos, pues, además, el receso favorece su defensa ante una de las alegaciones de Jaime Villanueva: que Soto le habría ofrecido favorecer la votación contra la JNJ si le archivaban la investigación por su responsabilidad ante ‘la fábrica de trolls’ que habría operado en el Congreso a su beneficio.

Pero hay otros congresistas impacientes como Norma Yarrow, de Avanza País, que ha reclamado oficialmente un adelanto de legislatura para ver, sobretodo, el impacto de las declaraciones de Villanueva formando, como han planteado otros, una comisión investigadora. No ha tenido respuesta, pero igual toca que la legislatura se reinicie pronto, en los primeros días de marzo. La bronca irresuelta con la JNJ había perdido vitalidad, sobre todo luego de la debacle personal de Patricia Benavides, pero se abrió otro frente en la subcomisión de acusaciones constitucionales con un informe del congresista Esdras Medina que fue aprobado por holgada mayoría. La Junta se ha defendido de dos formas: pidiendo al Defensor del Pueblo (encargado de acuerdo a ley) que empiece el proceso de selección de sus nuevos miembros y abriendo investigación contra Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, para que no se les acuse de sesgados.

Alejandro Aguinaga, fujimorista de la vieja guardia con cierta autonomía al lanzar sus iniciativas, ha propuesto denunciar constitucionalmente al nuevo fiscal Juan Carlos Villena que hasta ahora no tenía vela en el entierro de Benavides y Villanueva. ¿Cuál sería la razón? No abrir investigaciones ya contra Sánchez, Vela y Pérez. En premio a su impaciencia y a la de muchos otros, la fiscalía comunicó el jueves que abría investigación contra la congresista de izquierda Ruth Luque, Vladimir Cerrón y otros implicados en una presunta trama para librar a Pedro Castillo, a punto de asumir la presidencia, de una investigación. Para curarse en salud y en equidad, en el mismo comunicado se dice que hay indagaciones previas sobre ‘otros hechos’ y ‘otras personas’ mencionadas en los relatos de Villanueva, el ‘best seller’ de febrero.