Transparencia: el Ejecutivo y Congreso deben adoptar decisiones para evitar “desenlace que ponga en riesgo” la democracia

La Asociación Civil Transparencia pidió un “acuerdo político” entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para evitar “un desenlace que ponga en riesgo” la democracia peruana.

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En un pronunciamiento publicado en Twitter y titulado “El tiempo se agota”, la organización señaló que el deterioro de la política se expresa en los bajos niveles de aprobación del Gobierno y el Congreso.

“Para evitar un desenlace que ponga en riesgo nuestra democracia urge un acuerdo político que ofrezca una respuesta a las prioridades ciudadanas, tanto en legislación como en políticas públicas, y que defienda nuestra institucionalidad democrática”, subrayó.

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Según Transparencia, este acuerdo debe ser ejecutado por un equipo de “personas honestas” y con las capacidades necesarias para materializar lo ofrecido.

“Los titulares del Ejecutivo y del Legislativo deberían liderar dicho esfuerzo, con el apoyo de peruanas y peruanos que entiendan la política como un servicio a la nación. El tiempo se agota”, sentenció.

Cabe indicar que el pasado 25 de noviembre el Congreso de la República dio cuenta de la moción de vacancia presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente.

El documento se debatirá en medio de los cuestionamientos a Castillo Terrones por las reuniones clandestinas que sostuvo en la casa del distrito de Breña, que utilizó en su campaña electoral, a donde acudían ministros, congresistas y empresarios.

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De estos últimos, una de las implicadas es Karelim López, asesora del Consorcio Puente Tarata III que ganó una licitación en la región San Martín y que también visitó Palacio de Gobierno.

Por ello, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, inició de oficio una investigación contra López Arredondo y Bruno Pacheco por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

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