Terrorista Víctor Polay recurre a la CIDH: el estado del caso y lo qué se espera

Polay Campos hoy cumple una condena de 35 años de prisión, confirmada por la Corte Suprema en el 2008, como cabecilla del MRTA. Su organización terrorista fue responsable de atentados, asesinatos, secuestros, extorsiones y cobros de cupos.

Entre sus modalidades estaban las llamadas “cárceles del pueblo”, donde recluían y torturaban a sus víctimas antes de matarlas. Su sentencia se cumplirá en el 2026, según ha confirmado el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Por el lado político, la reciente revelación de esta admisión por parte de la CIDH ha generado distintas repercusiones en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. En este último, el jueves la respuesta de parte de los ministros del gobierno de Dina Boluarte fue sido tibia, limitándose a referir que todos tienen derecho a recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que apoyarán a la procuraduría en su defensa del Estado.

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El viernes, la presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros se pronunciaron vía las redes sociales.

“Toda persona tiene derecho a solicitar si ha sido vulnerado [sus derechos]. Para eso somos parte de la Comisión Interamericana, de manera que esperaremos que las autoridades los resuelvan”, fue la respuesta del ministro del Interior, Vicente Romero, cuando se le preguntó este jueves por la mañana por el tema. Fue el primer alto funcionario del ejecutivo en hablar al respecto.

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Consultado sobre las acciones que iba a promover el Ejecutivo ante esto, el titular del Mininter refirió que se “tiene que presentar su contra respuesta en el sentido de que se ha trabajado como debe ser. Esto ya lo ve el ministerio de Justicia”.

El ministro de Justicia, Daniel Maurate dijo que ha pedido un informe sobre el caso a la procuraduría para ver “qué decisión tomamos o cómo apoyamos”, ya que “no es un tema donde el Ejecutivo intervenga”. Afirmó que “corresponde a los abogados de la procuraduría levantar las observaciones o contestar las observaciones” que presente la defensa de Polay.

Cuestionado por su posición sobre el tema, dijo que “la postura clara es defensa del Estado”. “Estamos en contra de toda clase de terrorismo. Vamos a dar todas las facilidades a la Procuraduría para que, en caso de que este tema llegue a la Corte, tengamos la mejor defensa […] Sobre el fondo, lo que tenemos que hacer es defender al Estado peruano. Obviamente, invocaremos a la procuraduría, si es necesario reforzar con más abogados o contratar un abogado afuera, habrá que hacerlo, para defender adecuadamente los intereses del Estado”.

El ministro agregó que “la defensa va a ser por defender los intereses del Estado”. “Estamos en contra del terrorismo y hay una persona que ha sido condenada por terrorismo. Claramente, es un terrorista condenado. Lo que corresponde a nosotros en defender los intereses del Estado […] Este tema ni siquiera está en la corte y es probable que incluso pudiera ser archivado. Eso se verá”, estimó.

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Sobre este mismo tema, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, dijo en RPP Noticias que “nosotros, como Gobierno que respeta el Estado de derecho, creemos firmemente en que toda condición de las personas, aún quienes están privadas de su libertad, se tiene que respetar”.

No obstante, agregó que aquellos “hoy reclaman algunos derechos que supuestamente no se están cumpliendo, son las primeras que se olvidaron de cientos de miles de personas que perdieron su vida a partir de unas equivocadas ideologías. Hay que mirarlo desde esa perspectiva”.

La presidenta Dina Boluarte, que este jueves estuvo en el mismo evento donde el ministro Maurate dio declaraciones a la prensa, no se ha pronunciado sobre el tema hasta el cierre de esta nota. Tampoco lo ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Desde el Congreso, la bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado –en conjunto con el partido naranja- donde sostuvieron que la queja admitida por la CIDH busca “lavarle la cara” al terrorista y era algo que había pasado inadvertido hasta el momento.

También acusaron a la CIDH de pretender “presentar a este individuo como si fuese la víctima”. Ante esto, informaron que convocarán a Alberto Otárola y Daniel Maurate para que informen “sobre las medidas que se han tomado para defendernos de esta nueva estrategia terrorista disfrazada de defensa de derechos humanos”.

El fujimorista Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, afirmó que pedirán “como poder del Estado” que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, también expresó su rechazo a la admisión de la petición de Víctor Polay. Adicionalmente, remitió un oficio al ministro de Justicia para solicitar “información detallada y urgente sobre las acciones que su sector ha realizado desde el inicio de la interposición de la demanda del reo terrorista”

Guido Bellido (Perú Bicentenario) dijo que “cualquier persona está habilitada de poder recurrir a las instancias supranacionales y si esto es justificado, va a haber respuesta positiva”; mientras que Luis Aragón (Acción Popular) consideró que “no debió ni siquiera admitirse” y que “Víctor Polay ha sido bien sentenciado. Es un terrorista que ha sido sentenciado con firmeza”.

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Este pedido en nombre de Víctor Polay se presentó ante la CIDH en el 2007 por un grupo de abogados, entre los que está en el exministro Javier Valle Riestra, y familiares del terrorista. Recién en marzo del 2021, tras 14 años, la comisión notificó al Estado peruano para que responda a lo alegado y luego analizar si admitía la petición. El Perú replicó en junio de ese año, oponiéndose.

Finalmente, en marzo del 2022 se admitió la petición del cabecilla del MRTA, lo que se notificó al Perú en abril de ese año.

Lo que correspondía después era que la CIDH pase a analizar el fondo del asunto. Para ello, se requería que la defensa del sentenciado emita, en un plazo de entre cuatro y seis meses, presente sus observaciones (argumentos) de fondo. A continuación, el Estado peruano respondería en un plazo similar con sus propias observaciones de fondo para oponerse. Finalmente, la CIDH pasaría convocar a reuniones o una audiencia en la que se discuta el tema.

No obstante, desde la procuraduría supranacional –que representa al Perú en estos casos- informaron a El Comercio que hasta la fecha, la defensa de Víctor Polay aún no presenta sus observaciones. Así, ellos tampoco pueden presentar formalmente las suyas.

“Hay una orden de la comisión que les dice ‘dame tus observaciones sobre el fondo’ y esto no ha sido cumplido hasta la fecha”, dijo Carlos Llaja, procurador adjunto supranacional.

Sobre esto último, el ministro Maurate dijo a la prensa que “este tema ni siquiera está en la corte. Y es probable que incluso, porque estaba conversando con el gabinete de asesores, podría ser archivado. Eso se verá”. “Hay plazos que la otra parte tiene para hacer sus observaciones, que es de cuatro a seis meses, según me han informado preliminarmente. Parece que no lo han hecho y hay la posibilidad de que este caso termine archivado”, opinó.

Gustavo Adrianzén, embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), corroboró que hasta la fecha el Estado no recibe ninguna notificación con las observaciones de fondo de parte de la defensa de Víctor Polay. Estas son notificadas a su embajada, a la Cancillería y a la procuraduría supranacional. “No hay manera de que el Estado peruano no se entere”.

Además, aseguró que el Estado peruano no recurrirá, cuando empiece el análisis de fondo, a “algún mecanismo de solución amistosa”. “El Estado peruano no negocia con terroristas. No va a haber ninguna solución amistosa. Las posibilidades, sin una solución amistosa, son que la comisión archive o que haga recomendaciones. Puede suceder que nosotros querramos cumplir todas, algunas o ninguna”.

En cuanto a la posibilidad de un archivo de la petición de Polay ante la demora en presentar sus observaciones, el embajador declaró que para esto deben pasar “tres años sin ningún movimiento”. “Lo que ocurre regularmente es que la CIDH les envía una comunicación y les dice que tienen que pronunciarse y si no se pronuncian, que se ratifiquen en su peteición original”.

El procurador Llaja coincidió en que “no estamos ni medianamente cerca a terminar el trámite ante la comisión. Y esta puede mandar o no a hacer audiencias sobre el tema. Normalmente, hacen reuniones de trabajo”. También estimó que es “poco factible” que la CIDH no le dé la razón al Estado peruano en sus argumentos, pero que si eso ocurriese, emitirían recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio.

“Si el estado no cumple esas recomendaciones, someten el caso a la Corte Interamericana (Corte IDH) y ahí sí hay una decisión que puede venir eventualmente en una sentencia. Pero recordemos que ni el 3% de lo que se discute en la comisión se llega a la corte. Mucho de esto se agota en la fase de fondo”, explicó.

Adrianzén también indicó que “si no queremos cumplir las recomendaciones, la CIDH puede elevar al caso de la Corte IDH. Ahí se inicia otro proceso. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Han demorado 14 años en revisar la petición, podrían transcurrir otros seis u ocho años hasta que llegue a la Corte IDH o la Corte IDH lo resuelva”.

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En esa línea, estimó que lo más probable que Víctor Polay cumpla su condena en el 2026 antes de que este caso eventualmente se eleve a la Corte IDH y sea resuelto. “No hay manera de que sea antes. Lo que va a ocurrir es que cumpla sus 35 años de prisión y todavía no se haya resuelto nada en el sistema interamericano”.

El procurador añadió que al margen de la demora en recibir los argumentos de la defensa, ya tienen una estrategia de defensa y vienen trabajando en la respuesta del Estado peruano respecto al caso. Esto en coordinación con las entidades involucradas en el proceso, como el Ministerio Público, la Policía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

“Hay un grupo de trabajo especializado […] En estos casos, lo que fundamentalmente se hace es pedirles información a todos los sectores involucrados. Y todos los informes que se han emitido a la fecha cuentan con la posición de los sectores”.

Respecto a la trascendencia de este caso, que implica a un cabecilla terrorista, dijo que “hay un especial cuidado en la información que se pide y el nivel de tiempo”. “Al igual que cualquier cuerpo jurídico, invertimos nuestro tiempo de acuerdo a las prioridades. En el caso del cabecilla del MRTA, evidentemente, el tiempo es mayor […] Hay una especial consideración en este tipo de casos”.

El Comercio intentó contactar a los abogados que firmaron la petición a favor de Víctor Polay para consultar si habían presentado sus argumentos de fondo ante la CIDH. Sin embargo, hasta el cierre de la nota, no hubo respuesta.

Desde la propia CIDH tampoco dieron información sobre el estado del caso o si la defensa había cumplido con presentar sus argumentos de fondo.