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Es conocido como ‘Carlos’ o ‘Darío’ y, según lo investigado durante un año por la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Terrorismo, dirigió la matanza de 16 personas el 23 de mayo del 2021 en la localidad de Vizcatán del Ene, uno de los lugares por donde circulan las columnas armadas bajo el mando de Víctor Quispe Palomino, ‘José’.
El ataque fue realizado en una ‘cuchipampa’, como se conoce a los burdeles instalados en las afueras de las localidades de esta zona del país. Dos de las víctimas eran menores de edad. Todos los cuerpos encontrados tenían heridas por disparos de fusil.
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‘Carlos’ nació hace aproximadamente 27 años y fue criado en los campamentos terroristas como ‘pionerito’. Luego, fue instruido ideológicamente y en el uso de armas, y un año atrás perpetró uno de los crímenes más feroces que se hayan cometido en el Vraem durante los últimos tiempos.
Aunque al inicio se tejieron varias versiones sobre lo sucedido, el Ministerio Público tiene total certeza de que él fue el ejecutor de la matanza.
Según indicaron fuentes de la fiscalía, ‘Carlos’ se reunió con habitantes del caserío de Manantial diez días después del crimen, y les explicó que era parte del trabajo de “limpieza social” del Militarizado Partido Comunista del Perú, nombre que utilizan los remanentes de Sendero Luminoso en la zona.
Cuando los moradores lo recriminaron por haber asesinado también a dos menores de edad, ‘Carlos’ respondió con total frialdad: “Ese es el costo que han tenido que pagar”. Un agente infiltrado de la Fiscalía Antidrogas estuvo allí presente y escuchó esa espeluznante frase, que a la vez fue una confesión.
Sin embargo, hay una razón principal que impide que ‘Carlos’ sea denunciado formalmente: no tiene identidad conocida, es un sujeto sin ficha en el registro civil, precisamente porque fue criado en los campamentos clandestinos, como otros cientos de jóvenes. Por tal motivo, la acusación fiscal está dirigida “contra quienes resulten responsables” por el atroz asesinato múltiple.
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‘Carlos’, también conocido como ‘Darío’, dirigió y ejecutó la matanza del 23 de mayo del 2021. (Captura de video)
En voz alta
Las mismas fuentes de la fiscalía indican que, en este año transcurrido, han podido recoger el testimonio de los sobrevivientes, pero también de las autoridades locales, entre ellas el alcalde de Vizcatán del Ene, Alejandro Atao.
En diálogo con El Comercio, Atao dijo que, a pesar de las invitaciones que ha cursado al presidente Pedro Castillo y sus ministros, estos no se han mostrado interesados en atender su situación.”El Gobierno ha debido constituir una comisión investigadora apenas asumió, pero nadie del Ejecutivo ha venido a la zona”, dijo.
El crimen ocurrió poco antes de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021; la entonces ministra de Defensa, Nuria Esparch, viajó al distrito con otros funcionarios e incluso se instaló una base militar en el lugar.
Atao comentó que “no es una buena estrategia” el reciente anuncio del actual titular de Defensa, José Luis Gavidia, quien dijo que antes del 2026 un total de 40 bases antisubversivas serán convertidas en centros de producción.
El alcalde también protestó por la lentitud de la comisión especial del Congreso creada para investigar los hechos. La congresista Silvana Robles (Perú Libre), quien preside esa comisión, explicó que ya se han presentado informes preliminares y que pedirá al pleno una ampliación de 120 días para culminar la investigación.
Opinión: los desaciertos del actual gobierno frente a la problemática del Vraem
“Descuidan las expectativas generadas”
Nicolás Zevallos , director del Instituto de Criminología
Se requieren US$234 millones para comprar toda la hoja de coca del Perú, según InSight Crime. Ni lo propuesto por el Ejecutivo en el Vraem ni los seis proyectos de ley presentados en el Congreso explican cómo se gestionarán estos recursos, a pesar de la promesa de empadronar y comprar el total de este cultivo. Con esto descuidan las expectativas generadas en los cocaleros, en especial de los que llevan décadas protegiendo los usos tradicionales. Tampoco se observa un interés por las tensiones entre las redes lícitas y los defensores ambientales. Las consecuencias letales de la pugna por el territorio amazónico se hacen cada vez mas evidentes.
“El Estado ha abandonado al Vraem”
César Astudillo , general EP en retiro, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Este 23 de mayo se cumple un año de la masacre de 16 pobladores del Centro Poblado San Miguel de Ene, en el distrito de Vizcatán del Ene. Entre los fallecidos hubo menores de edad, que fueron quemados por la horda criminal tras cumplir el ideario dogmático dispuesto por los cabecillas terroristas ‘José’ y ‘Vilma’, que dispone “limpiar al Vraem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”. En marzo del 2021 estos mismos cabecillas habían dispuesto el asesinato de cuatro pobladores en Huarcatan (distrito de Pucacolpa, Ayacucho). Tras la muerte del otro cabecilla, Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, a inicios del 2021, el grupo narcoterrorista quería demostrar que aún se encontraba en condiciones de hacer daño. Y vaya que lo hicieron.
Se sabe de la conexión perversa entre terroristas y narcotraficantes. Es evidente también el incremento de producción de la cocaína que sale del Perú y su directa relación con el incremento de hectáreas de cultivo de hoja de coca, ahora fomentado por autoridades en el Legislativo. No solo es un tema de carácter policial y militar: en la actualidad el Estado ha abandonado el Vraem casi oficialmente. Si se mantiene la actual actitud política, solo se estará asegurando el fracaso y el fortalecimiento del grupo narcoterrorista, debilitando cualquier tipo de operaciones militares, policiales o de reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca.
Desde julio del 2021, lejos de continuar con las operaciones, se han dado circunstancias que fortalecen a estos criminales: un ministro dio carta blanca a los cocaleros durante una visita al Vraem; se difundió la disposición de retirar las bases militares en el Vraem, cuya presencia evita la expansión de del narcotráfico y el terrorismo; la posición de Devida de no continuar con la erradicación dejando en la “autoerradicación” el mejor pretexto para un crecimiento de las hectáreas de cultivo de hoja de coca; y el permanente apoyo de congresistas a la expansión cocalera, con carta libre y sin censura de ningún tipo. Esto obstaculiza las operaciones y acciones militares y policiales en la zona, restando autoridad y dinámica operativa.
