Fiscalía de la Nación: ¿Cuáles son los escenarios si el Congreso inhabilita a Zoraida Ávalos?

Ávalos envió este lunes una carta a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que, con carácter de urgencia, convoque a una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) a fin de que el máximo órgano de gobierno del Ministerio Público se pronuncie en defensa de la institución.

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Fuentes consultadas por El Comercio han indicado que la tarde del martes, a través de la secretaría de la Junta, se le respondió a Ávalos con un oficio indicándole que, según el reglamento de dicho órgano, el pedido lo debían hacer dos fiscales supremos titulares.

Las mismas fuentes señalaron que el reglamento indica que la “Junta extraordinaria de Fiscales Supremos” -que es lo que ha solicitado Ávalos- sí se puede realizar a convocatoria solo de la Fiscal de la Nación o de dos fiscales supremos titulares.

Con esa respuesta, Ávalos logró que su pedido sea respaldado por el fiscal supremo titular Juan Campana Villena. La mañana de este miércoles, finalmente, Benavides respondió convocando a la JFS para una sesión “extraordinaria” para este miércoles a las 4:30 de la tarde.

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Lee aquí el oficio de convocatoria:

Por lo pronto, el reemplazo de Ávalos estaría entre los fiscales supremos Gianina Rosa Tapia Vivas, Franklin Jaime Tomy López y Helder Uriel Terán Dianderas, quienes fueron nombrados por Benavides en diversos cargos importantes.

A la fiscal suprema Zoraida Ávalos se le atribuye no haber cumplido con sus deberes funcionales como fiscal de la Nación, al abrirle y luego suspender la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, tras conocerse los primeros indicios sobre los actos de corrupción en su gestión.

Debido a ello, por un lado se le acusa de haber incurrido en infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) de la Constitución Política del Perú, y se propone que al ser sometida a juicio político, se le debe aplicar la inhabilitación por el período de cinco años para el ejercicio de la función pública, de acuerdo al artículo 100 de la Constitución.

Pero además, levantando el antejuicio político, también se propone acusarla penalmente por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

Las denuncias fueron promovidas por las congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) y por Gladys Echaíz (RP), quien hizo suya la denuncia del procurador público especializado en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Javier Pacheco Palacios.

El caso, si bien se asemeja a lo aplicado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry por parte del Congreso, tiene otros matices jurídicos.

Chávarry González fue implicado dentro de una presunta organización criminal que habría operado al interior del sistema de justicia conocida como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y existieron audios sobre sus conversaciones con los principales cabezas de esta red criminal; elementos que lo han llevado a un proceso judicial en curso.

Ávalos, en su proceso constitucional ha sostenido que cuando se denunciaron los primeros hechos contra personajes vinculados a Castillo Terrones, no había indicios que vincularan en ese momento al expresidente. Fue con el decurso de las pesquisas y colaboraciones que en enero del 2022 se pudo abrir investigación contra el exmandatario.

“Pretenden inhabilitar a la primera fiscal de la Nación que abrió investigación a dos expresidentes por delitos cometidos en sus funciones […] los hechos sobre las situaciones irregulares que había cometido el presidente Castillo se suscitaron en noviembre y yo el 10 de noviembre comienzo a investigar contra el ministro Ayala y el secretario Bruno Pacheco y en esos dos meses llamo a declarar como testigo al expresidente Castillo (…) incurre en serie de contradicciones y en menos de dos meses, el 4 de enero de 2022, decido presentar la denuncia constitucional contra él”, señaló Ävalos a RPP Noticias.

Ávalos Rivera abrió investigación a Castillo Terrones cuando se encontraba en funciones -al igual que lo hizo con el expresidente Martín Vizcarra en su momento- sin embargo dispuso que la misma -únicamente contra el entonces presidente - quedara en suspenso hasta que concluya su mandato presidencial, pero los hechos continuaban bajo pesquisa.

Luego, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, decidió incluir a Castillo Terrones como investigado y no esperar a que concluya su gestión.

Ávalos ha remarcado que en los 39 años de vida institucional del Ministerio Público, los fiscales de la Nación eran de la opinión que no se podía abrir una investigación a un presidente en funciones y archivaban liminarmente los casos (sin realizar diligencias).

En ese sentido, Ávalos Rivera aseguró que al haber abierto por primera vez investigaciones contra mandatarios en ejercicio, ya le había dejado “un camino abierto” a la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Gladys Echaíz -exfiscal de la Nación y una de las congresistas que promueve la acusación constitucional- archivó dos casos contra Alan García, el doctor José Antonio Pelaez, dos casos. No se abría, no se investigaba nada, se cerraba de plano. Eso significa liminarmente”, agregó.

¿Qué sucedería si la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos es inhabilitada? Dentro del Ministerio Público ya hacen cuentas sobre el balance y fuerza que ganaría la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al interior de la Junta de Fiscales Supremos

Y es que, si en las próximas horas el Parlamento inhabilita a Ávalos Rivera, ella deberá dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata y su silla en la Junta de Fiscales Supremos quedaría vacía a esperas de que llegue su sucesor o sucesora.

Actualmente, la JFS está presidida por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, e integrada por los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez Velarde -que también está en la mira del Congreso-, Zoraida Ávalos y Juan Villena Campana. También se encuentra la fiscal suprema titular Delia Espinoza Valenzuela, pero ni bien tomó juramento, fue enviada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por lo que no tiene voz ni voto en la Junta de Fiscales Supremos.

Se conoce que al interior de la Fiscalía persisten las diferencias entre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Incluso, fuentes han indicado que las reuniones entre los integrantes de este órgano de gobierno fiscal son escasas.

Los nombres de los fiscales supremos que podrían ocupar el lugar de Ávalos, ya se conocen. Y es que, en el proceso organizado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde se nombró a Benavides, Campana y Espinoza como fiscales supremos titulares, se dejó en reserva a otros fiscales que habían logrado el puntaje necesario, pero no alcanzaron plaza.

Se trata de los fiscales supremos Gianina Rosa Tapia Vivas, Franklin Jaime Tomy López, Helder Uriel Terán Dianderas. Ellos, junto a otros fiscales con mejor puntaje, podrán ser nombrados en el cargo de fiscal supremo titular e integrar la Junta de Fiscales Supremos hasta el 22 de junio, fecha en que vence la reserva dispuesta por la JNJ.

Ahora bien, algunas voces han comentado a este Diario que, en un primer escenario, cualquier de los tres respaldaría a Benavides en sus decisiones. Recordaron que esta ha nombrado a los tres en diversos cargos cuando asumió la Fiscalía de la Nación.

Por ejemplo, señalaron, Tapia Vivas fue designada fiscal adjunta suprema titular en el Despacho de la Fiscalía Suprema de Familia. La magistrada trabajó en su momento, en el despacho del exfiscal supremo Pedro Chávarry.

Tomy López y Terán Dianderas también fueron nombrados por Benavides como fiscales a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, respectivamente.

Desde el Ministerio Público, diversas voces prefieren mantenerse en silencio sobre lo que ocurre al interior de dicha institución por temor a ser procesados. Otras voces afirman que en la gestión de Benavides existen casos de corrupción que se pretenden archivar. Por ejemplo, han señalado el caso que vincula a su hermana Emma Benavides donde se ha propuesto su archivo ante el Poder Judicial, bajo el término de “sobreseimiento” de su caso. Es decir, se pide poner fin al proceso penal por no haber encontrado los elementos suficientes para llevar al encausado a juicio oral.

La propuesta de archivo del caso de la jueza Emma Benavides fue presentada por uno de los que están en el bolo para asumir como fiscal supremo titular, el doctor Terán Dianderas. El Poder Judicial aún debe analizar el pedido y determinar si procede o no el archivo.

Otras fuentes consultadas señalan que la Junta Nacional de Justicia será la que, a través de una votación y fundamento, decida quién de los candidatos en reserva asumirá la titularidad.

Cualquier sea el escenario y el fiscal supremo que asuma como titular, las fuerzas se inclinarían hacia Benavides, ya que con Espinoza Valenzuela fuera del radar, quedarían los fiscales Pablo Sánchez Velarde -que tampoco es del favor de Benavides- y el fiscal supremo Juan Villena Campana a quien no se le ha visto cercano a la actual FN.

Y, como segundo escenario, Benavides podrá nombrar a un fiscal supremo provisional como integrante de la Junta de Fiscales Supremos, teniendo voz y voto. Ello, gracias a la Ley 31718 que modificó el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Pública, dotándole de dicha facultad a la fiscal de la Nación.

La norma, de reciente data, fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte, el pasado 23 de marzo, tal como lo informó el semanario Hildebrandt en sus 13. La presidenta, como se recuerda, se encuentra investigada en la Fiscalía de la Nación por las muertes ocurridas durante la protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.