La jornada del jueves en el pleno del Congreso evidenció cómo afrontan dos poderes del Estado la actual crisis política y el desborde social. Por un lado, un Ejecutivo que se contradice en solo horas respecto a su propuesta de adelanto de elecciones. Por otro, un Legislativo que aplaza su decisión sobre ese tema y que se entrampa en otras discusiones, en el desorden y en enfrentamientos.
Durante la sesión de más de siete horas, sin incluir el receso, el ministro de Justicia, José Tello, explicó dos escenarios y cronogramas generales de adelanto de elecciones: a abril del 2024 y a diciembre del 2023. La primera fecha está consignada en el proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno de Dina Boluarte y fue la propia presidenta la que lanzó la segunda alternativa el último miércoles.
Sin embargo, en una nueva contradicción palaciega, Tello refirió ante una consulta de Alejandro Soto (APP): “Hay una fórmula dentro de ese proyecto de ley, esa es la propuesta del Ejecutivo. Que en la exposición se haya hecho precisiones para ilustrar o hacer comparativos es parte de una exposición técnica”.
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Tello apuntó que si los comicios fueran en diciembre del 2023 no podrían darse reformas políticas y electorales necesarias para una mejor representatividad.
El Parlamento seguirá este jueves, desde las 10 a.m., con el debate de la propuesta del Gobierno y del dictamen de la Comisión de Constitución –reúne proyectos de Digna Calle (Podemos Perú) y Susel Paredes (Integridad y Desarrollo)– que sugiere los comicios para el 2023. Esta fecha es respaldada principalmente por bancadas de izquierda y con ellas coincide Fuerza Popular.
Voces técnicas
En la sesión participaron los titulares de los tres organismos del sistema electoral: Jorge Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); Piero Corvetto, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y Carmen Velarde, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Los tres coincidieron en la importancia de respetar los plazos legales. Y aunque admitieron que estos podrían acortarse, advirtieron que ello mellaría la calidad del proceso.
“No se puede recortar el proceso electoral por días o semanas a voluntad, porque perjudicaríamos el desarrollo de elecciones de calidad”, sostuvo Salas. Acotó que si bien se podría acortar el plazo incluso juntando la fecha de convocatoria (270 días antes) con el cierre del padrón (1 año antes), de todos modos habría una extensión por una eventual segunda vuelta.
“Una mejor representación la vamos a conseguir haciendo primarias. Va a permitir que la participación de la ciudadanía genere cercanía con las organizaciones políticas y sus candidatos, y con ello podamos tener una mejor representación”, dijo Corvetto, quien precisó que solo para llegar a este procedimiento se requieren al menos nueve meses. Subrayó también que todo el proceso tendría un costo de S/1.500 millones.
Velarde resaltó también la importancia de seguir los plazos y procesos legales. “Hagamos un proceso más pequeño, en diciembre del 2023, excelente, sí podemos hacerlo. ¿Pero la calidad? ¿Qué tendríamos que saltarnos, recortar de ese proceso?”, se preguntó.
Para Hernando Guerra García, titular de la Comisión de Constitución y legislador de Fuerza Popular, las intervenciones de los titulares de los organismos electorales no fueron claras en cuanto a fechas, aunque aseveró: “Me queda claro que quieren decir el 2024, pero no son capaces de decirlo”. Así, el legislador insistió en que los comicios sean en el 2023.
“Si el congreso quisiera recortar los plazos en algunas de las áreas o fases que hemos señalado, será de su entera responsabilidad el resultado final. Estos temas están pautados técnicamente”.
“Reiteramos que como nosotros no sabemos qué decisión tomen ustedes respecto de un adelanto y cuándo sería ella, nos reafirmamos que para tener el hecho de una primera vuelta se requieren 12 meses y entre 9 y 10 meses para poder hacer una primaria”.
Vociferaciones
Desde las distintas bancadas, los parlamentarios expresaron no solo sus posturas respecto a la fecha de los comicios adelantados.
Desde bancadas de izquierda como Perú Libre, Perú Bicentenario, Perú Democrático o Cambio Democrático, se insistía en la propuesta de realizar, en la fecha de las elecciones, una consulta popular para una asamblea constituyente.
Desde Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, en tanto, se incidió también en la situación del expresidente Pedro Castillo, su gobierno y el golpe de Estado que perpetró. En los dos últimos grupos, además, hubo cuestionamientos hacia los titulares de los entes electorales, se les pidió que también renuncien e incluso se continuó con el discurso de fraude electoral en los comicios del 2021.
Las discrepancias en los grupos parlamentarios se centraron no solo en la fecha de las elecciones, sino en la posibilidad de reformas políticas y electorales.
“Hablan de la necesidad de aprobar otras reformas políticas, pero esto parece ser una excusa para alargar su permanencia en las curules”, cuestionó la segunda vicepresidenta, Digna Calle, quien pidió que la votación se diera ayer mismo.
Su colega de la Mesa Directiva Alejandro Muñante (Renovación Popular) indicó que el presupuesto señalado por Corvetto no está en el presupuesto del 2023. “El adelanto de elecciones tiene que contemplar las reformas que tenemos que hacer, porque si no, lo único que estamos haciendo es trasladar la crisis al siguiente gobierno y al Parlamento”, aseguró.
Para Ruth Luque (Cambio Democrático), la exposición técnica “parece más una excusa de no afrontar nuestra responsabilidad política”. Por ello, ratificó otro escenario propuesto por su bancada: que se dé un gobierno de transición a partir de la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia.
Ampliación de legislatura
El presidente del Congreso, José Williams, amplió la legislatura hasta el 31 de diciembre para seguir abordando el adelanto de elecciones y otros temas.
Inicialmente, Williams había anunciado la ampliación hasta el 28 de febrero, pero recibió críticas desde la izquierda.