Cuestionan la permanencia del nuevo procurador general que fue investigado por la fiscalía

Más personas cuestionan la continuidad del abogado Javier Wilfredo León Mancisidor como procurador general del Estado, designado en este cargo el último jueves. Esto luego de que se revelara que fue investigado por la fiscalía por un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos ‘Lunarejo’.

Además, según “Panorama”, en setiembre del 2017 fue separado del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y suspendido para el ejercicio de la profesión. Esta sanción fue impuesta por cuatro años, hasta setiembre del 2021. La notificación fue remitida por el CAL al Ministerio de Justicia en octubre del 2017. De acuerdo con el documento difundido por el dominical, se habría derivado de un procedimiento disciplinario.

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Desde el 2012, León Mancisidor había sido investigado por presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal. El abogado fue acusado de ser el supuesto autor de un fraude que facilitó a Zevallos frustrar el desalojo de su familia de una vivienda en Surco.

León Mancisidor alegó que actuó de manera legal y que solo conocía a Zevallos por “una transacción extrajudicial con él”. El caso continuó en proceso hasta abril del 2019. Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Lima no ha brindado detalles actualizados al respecto.

Esta nueva designación del gobierno de Pedro Castillo podría suponer riesgos para la Procuraduría General del Estado (PGE), según advirtieron congresistas de varias bancadas, el exprocurador Antonio Maldonado e Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia.

Maldonado dijo a El Comercio que reunir los requisitos para ser designado en un alto cargo como el de procurador general requiere también satisfacer estándares relacionados con la integridad profesional. “Mínimamente, la persona tiene que ser íntegra, con probada experiencia para el cargo y generar confianza en la ciudadanía. Este señor no cumple ninguno de los requisitos”, consideró el exprocurador.

Por tanto, señaló que se trata de una “designación ilegítima” con fines de instrumentalización. En ese sentido, consideró que se debería exigir su salida del cargo. “Por supuesto que la sociedad debe exigir que la designación sea declarada nula”, dijo. También comentó que no se ha llevado un proceso transparente para la designación.

“No va a beneficiar a la defensa del Estado. La sociedad civil debe exigir la nulidad de la decisión y demandar que la PGE sea asumida por una persona con integridad probada, e idoneidad moral y técnica”, concluyó.

En tanto, Iván Lanegra resaltó que el decreto legislativo (N° 1326) que crea la PGE incluye entre sus requisitos (artículo 15) que el funcionario o funcionaria que integra el Consejo Directivo debe gozar de idoneidad profesional, incluyendo al procurador, que es quien lo preside.

“Me parece que en ese punto, si es una persona que ha sido cuestionada por estar vinculada a una investigación, podría ser un elemento [a observar]. En particular, al ser un caso tan serio, ese podría ser eventualmente el punto legal que podría originar que se decida que no cumple con esa posición”, indicó Lanegra a este Diario.

Adicionalmente, en concordancia con la Ley Nº 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el ejercicio de la función pública, se debe evaluar y tener como referencia para determinar “si un funcionario está apto”, agregó.

El último jueves, la Defensoría del Pueblo envió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un oficio solicitando el informe de cumplimiento de León Mancisidor para ser designado en el cargo.

El caso 'Lunarejo'

En enero del 2021, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de 27 años en contra de Fernando Zevallos por el delito de lavado de activos. Zevallos, ex dueño de Aerocontinente, cumplía para entonces una condena de 20 años por el delito de narcotráfico.

En 1995, Zevallos fue vinculado a un cargamento de 3,5 toneladas de cocaína que se enviaría a Estados Unidos por parte del grupo criminal "Los Norteños".

El 2005, el empresario fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, receptación de dinero ilícito y lavado de activos. Según la condena, recibió dinero de “Los Norteños” para que adquiera un avión y se traslade droga desde el país.

En tanto, desde el Congreso han solicitado mayor información sobre los antecedentes de León Mancisidor para asumir otras acciones. José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, dijo a El Comercio consideró que el Ejecutivo “no se puede estar todo el tiempo designando a personajes que son motivo de confrontación” y que el Parlamento lo observará.

“El Congreso va a observar eso, dentro del rol que el corresponde. A partir del lunes seguro presentarán una moción. Lo que queremos es gente transparente. Definitivamente lo más probable es que el lunes al menos salga una moción, creo que debe haber por parte de la comisión respectiva enviarle al ministro de Justicia y preguntar los criterios para la designación. Eso es lo que presentaré el lunes”, detalló.

Además, la congresista Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) ha solicitado a diferentes entidades del Estado verificar la idoneidad del nuevo procurador. “La imparcialidad y autonomía funcional de la Procuraduría del Estado no pueden ponerse en riesgo”, escribió en Twitter.

Carlos Zeballos, vocero de la bancada Integridad y Desarrollo, comentó también que se debe conocer el estado en que se encuentra el proceso judicial al que se vio involucrado para “determinar alguna posición”.

El congresista José Cueto (Renovación Popular) declaró en este mismo sentido. “De lo leído, diría que sí debería ser relevado, pero muchas veces damos opiniones sin saber el fondo”, dijo.

El exprocurador Antonio Maldonado consideró que existen riesgos diversos para la PGE con esta designación, así como incoherencia entre el perfil del nuevo funcionario y el plan de acción del Perú en la lucha contra el lavado de activos.

“Uno de los casos más importantes [respecto al lavado de activos] que se ventiló fue el de “Lunarejo”. También hay consecuencias graves a la propia institucionalidad interna de la PGE. Desde que defenestraron a Daniel Soria, en lugar de superar situaciones, el gobierno ha incidido en prácticas todavía peores que las que criticaron”, comentó Maldonado.

Agregó que otra consecuencia que pone en riesgo la institucionalidad del PGE es que, con esta designación, “sea sometida a intereses particulares del propio presidente, los ministros. Que sea instrumentalizada peligrosamente para cumplir las premisas de defensa del presidente Castillo”.

Alertó también que se “demostraría que el gobierno de Castillo adopta decisiones incoherentes con las políticas generales del Estado. Particularmente, con la política y lucha contra el lavado de activos. Política que requiere compromisos internacionales que el Estado ha suscrito”.

Por último, un tercer riesgo potencial es la lesión a la “política de integridad, lucha contra la corrupción y transparencia de salvaguarda del patrimonio moral. Es una decisión que no solo corresponde lamentar, sino condenar en términos enérgicos. No puede prosperar”.

Asimismo, Iván Lanegra comentó que se requiere una “trayectoria muy clara”, pues desde la Procuraduría se podría tener acceso a información privilegiada y un conjunto de casos delicados. “Puede ser un abogado muy bueno que defiende a personas por crímenes o corrupción, pero no puedes ponerlas en el otro lado. Podrías generar múltiples conflictos de interés y dar acceso a información privilegiada. [...] Si ha estado vinculado al otro lado o a un cuestionamiento, no es el puesto idóneo para su perfil”, concluyó.

La salida de Daniel Soria y el ingreso de María Caruajulca

El 25 de febrero de este año, el gobierno de Pedro Castillo designó a María Caruajulca como procuradora general del Estado en reemplazo del abogado Daniel Soria.

Soria fue retirado del cargo luego de que, en diciembre del 2021, presentó una denuncia ante la fiscalía de la Nación para que se inicien diligencias en contra del jefe de Estado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Puente Tarata.

Meses después, Castillo y el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres dieron por concluida su permanencia en el cargo por una "pérdida de confianza".

En tanto, hace un mes, la Contraloría advirtió una “situación adversa” en la designación de María Caruajulca. Esto debido a que el Ministerio de Justicia y la PGE no cumplieron con pedir la declaración jurada de Caruajulca respecto a no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.

Entre los parlamentarios, José Cueto comentó que “si fuera cierto todo lo que se ha escrito, siempre es un peligro [la designación de León Mancisidor. Lo lógico es que la persona, más aun el procurador, debe tener una hoja de vida intachable y que la ciudadanía tenga tranquilidad que se haga un trabajo correcto”.

Además, el congresista José Arriola consideró que los antecedentes del nuevo procurador “no es garantía de nada”. Finalmente, Zeballos insistió en que es necesario conocer el estado en que se encuentra el proceso que se le seguía.

El Ministerio de Justicia dijo hoy a El Comercio que no emitirán un nuevo pronunciamiento por la designación de León Mancisidor. Ayer, compartieron este pronunciamiento.