La agenda legislativa más allá de las elecciones

Desde el mensaje presidencial del 28 de julio, el debate sobre la agenda legislativa se ha centrado en el proyecto remitido por el Ejecutivo sobre el adelanto de elecciones. Sin embargo, existen otros temas pendientes por resolver en este nuevo año legislativo.

La atomización del Congreso tiene mucha incidencia en la definición de la agenda. Bancadas que sobreviven desde el 2016, como Fuerza Popular, ya tienen definidos los temas que impulsarán. El vocero alterno del fujimorismo, Juan Carlos Gonzales, adelantó a El Comercio que la próxima semana presentarán los cinco ejes temáticos que impulsarán en la agenda parlamentaria. De ellos, solo se animó a hablar de dos.

“Lo que hemos quedado como bancada es que vamos a enfocarnos en cinco ejes, uno de ellos es educación y otro la reforma de la Ley Servir, pues tenemos hasta 13 regímenes laborales”, indicó Gonzales. Además, sostuvo que los tres voceros de Fuerza Popular monitorerán el cumplimiento de estos ejes en las distintas comisiones ordinarias.

El resto de bancadas está terminando de acomodarse para intentar construir una agenda en común.

En lo que va de este año, se inscribieron cinco nuevos grupos parlamentarios. La mayoría de estos agrupa a congresistas que eran de bancadas –y, por ende, de agendas– opuestas que se han unido para mantener los beneficios que les otorga formar parte de un grupo parlamentario.

Fuera de los intereses de las bancadas, han quedado pendientes proyectos del paquete de reforma política que no se aprobaron con rapidez porque no fueron incluidos en la cuestión de confianza que presentó el Ejecutivo. El que mayor aceptación ha tenido en el Parlamento es el que amplía el mandato de los gobernadores y alcaldes. Esto responde a que varios legisladores han presentado iniciativas en el mismo sentido.

El Congreso también está a la espera del proyecto sobre la nueva ley de minería que anunció el presidente Martín Vizcarra en su mensaje presidencial. Fuentes de Palacio explicaron que aún no presentan esta iniciativa, dado que “se espera recibir la propuesta de los gobiernos regionales para sistematizar todo”.

–Listos para el pleno–
Algunos proyectos del paquete de reforma política están a la espera de una segunda votación para convertirse en autógrafa y ser remitida al presidente Vizcarra para su promulgación. Acá destacan las reformas constitucionales –propuestas por el Ejecutivo– sobre impedimentos para ser candidatos y la de inmunidad parlamentaria.

Para convertirse en ley, ambas requieren una segunda votación de al menos 87 adhesiones. Para reformar la Constitución existen dos vías: aprobarla en primera votación con 66 votos y someterlo a referéndum (como se planteó la bicameralidad en 2018) o aprobarlo en dos legislaturas consecutivas con 87 votos como mínimo.

Otros proyectos del Ejecutivo que están en ‘stand by’ provienen del primer paquete de reforma judicial presentado en el 2018. Este es el caso de la iniciativa que promueve la probidad en el ejercicio de la abogacía. El Congreso lo aprobó pero el Ejecutivo lo observó aduciendo que se realizaron cambios de fondo.

“El contenido del proyecto estaba referido a una serie de principios, reglas y disposiciones de probidad, integridad, ética y buenas prácticas […] En cambio, la autógrafa propone un ámbito de aplicación genérico”, dice la observación.

Pese a ello, en mayo, la Comisión de Justicia, entonces presidida por la bancada de PpK, decidió rechazar la observación del Ejecutivo e insistir con lo aprobado. Esto aún debe votarse en el pleno del Congreso.

Otro proyecto de ley que está listo para su definición en el pleno es el que propone la tipificación de las conductas infractoras en responsabilidad administrativa. Esta iniciativa, propuesta por la Contraloría de la República, busca corregir un problema que se suscitó tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

En un polémico fallo, el TC declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, donde se establecen cuatro supuestos por los cuales un servidor o funcionario puede ser sancionado por la Contraloría.

En interpretación del TC, dichos supuestos son muy generales y necesitan especificación. El proyecto tiene un dictamen de Fiscalización y está listo para el pleno.

–Consensos atomizados–
Además, la agenda parlamentaria tiene pendiente el informe final de la Comisión de Ética que propone suspender por 120 días al expresidente del Congreso Daniel Salaverry, por supuestamente haber presentado reportes de su semana de representación con información falsa. Aunque para esto primero deberá definirse quién se queda con la presidencia de esta comisión, pues el elegido será el que sustente el informe ante el pleno.

Pero el punto más complicado de la agenda será ponerse de acuerdo para la elección de los reemplazantes de los seis magistrados del Tribunal Constitucional, cuyos mandatos vencieron en junio. Esto resulta clave porque es el TC quien podría dirimir la disputa sobre si el Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza ante un eventual rechazo al proyecto de adelanto de elecciones.

El pasado 25 de julio, el pleno aprobó por mayoría presentar una acción de competencia ante el TC a fin de que este órgano esclarezca el alcance y la forma en que se ejerce la cuestión de confianza de parte del Ejecutivo.

Sin embargo, el legislador aprista Mauricio Mulder explicó que la Presidencia del Congreso aún no oficializó esta acción pues existe un consenso para esperar a elegir a los reemplazos de los 6 magistrados del TC para que sean ellos quienes definan el tema.