Alan García: fiscalía pide que no salga del país por 18 meses

El fiscal José Domingo Pérez solicitó ayer el impedimento de salida del país por 18 meses para el ex presidente Alan García Pérez, luego de recibir documentación de la empresa Odebrecht como parte de la investigación por el caso del metro de Lima. De acuerdo con ella, la constructora señala que los US$100 mil que cobró el ex mandatario, por una conferencia dictada el 25 de mayo del 2012, en Brasil, procedían de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas.

Dicha conferencia, que se denominó “Seminario Comercio e inversiones Brasil Perú”, fue promovida por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) que, según el ex mandatario, fue la que lo contrató.

Sin embargo, según documentación fiscal a la que accedió El Comercio, el último 13 de noviembre –como parte de la colaboración eficaz que Odebrecht viene prestando a las autoridades peruanas– la empresa entregó correos y contratos que demostrarían “la primera recepción de dinero ilícito por parte del investigado Alan García Pérez”.

Cabe indicar que Odebrecht ha reconocido que el dinero de la caja 2 del departamento de operaciones estructuradas era de origen ilícito.

—El mecanismo de pago—
Ayer, el ex presidente llegó al Perú procedente de Madrid (España) y acudió al despacho del fiscal Pérez Gómez para declarar por este caso. Allí, fue notificado de la reprogramación de su declaración debido a que se había dispuesto ampliar la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

A esa hora, IDL Reporteros publicó los documentos que cursaron funcionarios de Odebrecht y representantes de la Fiesp sobre la coordinación de los pagos a Alan García.

La fiscalía ya contaba con dicha documentación y estableció el siguiente mecanismo: el pago de Odebrecht para García fue triangulado y coordinado a través de correos electrónicos usando el sistema encriptado Drousys. Algunos correos identificados por Odebrecht fueron joe@drousys.com, noshua@vpnpe.com, visamarck@vpnep.com y june@vpnep.com.

La transferencia se hizo a través de la cuenta bancaria del Estudio Espinola Consultoría Jurídica, a cargo de Américo Espinola, desde el Banco Do Brasil hacia la cuenta bancaria del ex presidente en el Banco Continental, el 9 de julio del 2012.

Espinola, remarcó el fiscal, se encuentra sometido a un proceso de colaboración eficaz en Brasil, por haber intermediado, a través de su estudio, para el pago de sobornos, pagos ilícitos o encubiertos de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht.

Por tanto, según el fiscal, “García Pérez tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita del activo porque participó de los actos jurídicos simulados”.

Explicó que el contrato por la conferencia tenía fecha 5 de abril del 2012, pero el recibo de pago firmado por García consignaba como fecha de emisión el 24 de mayo del mismo año. En el texto de ese mismo recibo se indica que García recibió el pago el 25 de mayo del 2012.

Este es uno de los elementos de convicción que el fiscal Pérez Gómez presentó ante el juez Carlos Sánchez Balbuena para sustentar el pedido de impedimento de salida del país.

—Declaración de Cuba—
El fiscal sostiene que existen otros elementos. Mencionó las reuniones del ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata con García y la adecuación de un marco legal a favor de dicha constructora, “que se concretizó con la emisión de los decretos de urgencia”.

Puso como ejemplo los decretos de urgencia 032-2009, 034-2009, 042-2009, 063-2009, 107-2009 y 117-2009 y los decretos supremos 081-2010-EF y 262-2010-EF.

Por ello, el fiscal afirma que el ex presidente habría “defraudado al Estado”.

Todo ello, señala, con la intervención del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plasencia.

El pasado 16 de octubre del 2018, el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo declaró que Plasencia Contreras, siendo asesor de Cornejo Ramírez, “lo acompañó a una reunión con el presidente Alan García, con la finalidad de tratar temas relacionados con la ejecución del proyecto del tren eléctrico”.

—Se allana—
Sobre las imputaciones realizadas por la fiscalía, el abogado Genaro Vélez, defensor de García, indicó que no había nada ilícito.

“Son solo dichos y no existen pruebas en ese sentido”, aseveró.

Afirmó que lo que sí es concreto es que García dio una conferencia y se le pagó por ello.

Negó que exista una defraudación al Estado, como lo indica la fiscalía en sus imputaciones. También defendió el DU 32-2009 y aseguró que este y otras normas no fueron cuestionados por el Congreso en su momento.

Horas antes, el ex presidente García había calificado la información proveniente de Brasil como un “refrito” y sostuvo que había una persecución política en su contra. “No me digan a mí que estoy en la caja 2, porque eso es muy posterior, ni tengo nada que ver”, dijo.

Anunció que se allanará al pedido de impedimento de salida del país solicitado por el fiscal Pérez.

“Por consiguiente, no me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y que la acepto”, manifestó.

Mateo Castañeda, abogado de Cornejo, prefirió no pronunciarse sobre este tema. Indicó que su versión es “ante la fiscalía y no ante los medios”.

Mientras que Aurelio Pastor, abogado de Oswaldo Plasencia, alegó que no había sido notificado sobre la decisión fiscal.