Alberto Fujimori: ¿Decisión de restituir su firma en la Constitución tendrá impacto jurídico?

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La propuesta obtuvo 14 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. La decisión final queda ahora en manos del pleno del Parlamento.

El dictamen se basa en el proyecto N°09385/24, promovido por los parlamentarios Arturo Alegría (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), José Luna (Podemos Perú) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Y fue suscrito por otros 54 congresistas de los partidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.

La iniciativa plantea derogar la Ley 27600, que suprime de la Carta Magna la firma de Fujimori y establece un proceso de reforma constitucional. Esta norma fue promulgada en el 2001 durante el gobierno de Alejandro Toledo.

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El proyecto fue sustentado por Rospigliosi, quien argumentó que los nombres de expresidentes como Augusto B. Leguía y Mariano Ignacio Prado no fueron suprimidos de las Constituciones de 1919 y 1867, respectivamente, y tampoco se promovieron iniciativas para hacerlo, pese a que sus gestiones no estuvieron exentas de críticas,

“Recordemos que la verdad histórica es un bien colectivo que ayuda a las sociedades en la construcción de su identidad nacional”, remarcó.

Agregó que, cuando la Ley 27600 se debatió en el 2001, parlamentarios como Henry Peace reconocieron que “los gestos políticos no podían alterar la verdad histórica. Asimismo, indicó que “los medios de comunicación de esa época calificaron la propuesta como cosmética, ingenua y ornamental”.

“La restitución de la firma no es un acto de reivindicación personal sino una medida para garantizar la preservación de la memoria histórica del Perú”, concluyó.

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El debate fue breve y solo participaron cinco legisladores, de 27 que estaban presentes en la sesión, contando la intervención del presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi.

Se mostraron a favor de la propuesta las fujimoristas Martha Moyano y Patricia Juárez.

“Nadie puede suprimir en una Constitución vigente la firma de un presidente de la República [...] Se estaría diciendo la verdad a medias”, expresó la primera.

“Este es un acto de justicia y restitución. Creemos que es el reconocimiento del momento que estamos viviendo [...] La Constitución del 93 cambió la historia del país”, dijo, a su turno, Juárez.

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Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú- Voces del Pueblo) se pronunciaron en contra.

“Esta propuesta no debería aprobarse”, exclamó Luque.

Cutipa advirtió que más adelante “vendrá un parlamento con una mayoría distinta y volverá a suprimir la firma”.

“No es un tema personal, estamos hablando de una persona que cerró el Congreso, en dictadura”, puntualizó.

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La iniciativa señala que la promulgación de la referida ley “representa un hecho inédito en la historia normativa y constitucional del Estado peruano, no porque se suprima parte del texto que conforma una norma, pues múltiples leyes han sido derogadas total o parcialmente por este Congreso y otros que lo han antecedido, sino más bien por la naturaleza de la información a suprimir”.

“Cómo es sabido, en cualquier Estado con un modelo de gobierno presidencialista la ley aprobada por el Poder Legislativo es enviada al Presidente de la República para su promulgación, y con dicha promulgación el ciudadano no solo sabrá el contenido de la norma, sino también la fecha de publicación, el nombre del Presidente del Congreso que firmó la autógrafa, así como del Presidente de la República que actuaba como Jefe de Estado al momento de la publicación”, se alega en la propuesta.

Además, indica que, por ejemplo, el ex presidente Fernando Belaunde Terry “no promovió” este tipo de normas, a pesar del natural resentimiento que podía mantener Acción Popular para con el gobierno militar.

“Fernando Belaunde Terry, ni los diputados acciopopulistas impulsaron iniciativas legislativas para retirar o suprimir la firma de Velasco Alvarado de alguna de las normas emitidas durante el gobierno militar, ni siquiera del Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, que derogó la Ley de Reforma Agraria de 1964 aprobada y promulgada en democracia”, dice.

“En su lugar, en un acto democrático y a pesar de no haber participado de la Asamblea Constituyente, el ex presidente Belaunde Terry promulgó la Constitución Política aprobada por dicha Asamblea en cuanto asumió la presidencia el 28 de julio de 1980, demostrando así su capacidad de separar las normas aprobadas de las circunstancias temporales y personales que las produjeron”.

Para los autores del proyecto, restituir la firma del expresidente Fujimori en la Constitución Política de 1993 “es esencial para salvaguardar la memoria histórica del Perú”.

“No podemos permitir que una ley borre un hecho objetivo y respaldado constitucionalmente: la Constitución de 1993, ratificada por referéndum popular, fue promulgada durante el gobierno del presidente Fujimori”.

Finalmente, enfatizan que “permitir la manipulación de hechos históricos por ley sienta un precedente peligroso”.

“Si hoy aceptamos con normalidad que se elimine la firma de un presidente en un documento tan fundamental como la Constitución, mañana podríamos enfrentarnos a intentos de reescribir otros capítulos de nuestra historia. Podría surgir una ley que intente redefinir a Sendero Luminoso, negando su carácter de grupo terrorista que causó profundo dolor y sufrimiento al país, para presentarlo como un partido político revolucionario”.

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Los constitucionalistas Óscar Urviola, Natale Amprimo y Erick Urbina señalaron que la propuesta no tendrá efectos jurídicos, pero sí un posible impacto político.

Urviola resaltó que la Carta Magna del 93 tiene más de 30 años de vigencia. En su opinión, si el Congreso aprueba la restitución de la firma, “estaría reconociendo el mérito que ha tenido el señor Fujimori”.

No obstante, advirtió que la decisión tendría un impacto político.

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Amprimo dijo, a su turno, que se trata de un tema político. Subrayó que el retiro de la firma de Fujimori en el 2001 no implicó que la Carta Magna perdiera vigencia sino que bajó las tensiones con respecto a los cuestionamientos que había sobre ella en ese entonces.

El constitucionalista consideró innecesario que se restablezca la rúbrica de Alberto Fujimori pues, a su juicio, se generaría confrontaciones y una mayor polarización.

“Lo que va a hacer esto es azuzar la discusión sobre si se debe o no cambiar la Constitución. Me parece un sinsentido para aquellos que dicen defender la Carta Magna”, concluyó.

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Urbina tuvo una postura similar: “La firma solo se pone y nadie lo va a notar, pero el impacto político sí será grande [...] Jurídicamente su firma no va alterar nada”.

Alertó que uno de los efectos políticos es que podría ponerse sobre la mesa la discusión sobre si la Constitución del 93 debe seguir o no.

“Va a haber grupos que lo que van a pedir es cambiar la Constitución totalmente y no me parece prudente”, aseveró.