Los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la audiencia pública que se dicten las medidas provisionales para impedir la liberación de Alberto Fujimori para garantizar su acceso a la justicia.
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“Es necesario que la Corte IDH garantice este derecho a la justicia que hemos conseguido con movilizaciones, denuncias, con protestas, logrando la extradición de Alberto Fujimori también desde el compromiso de los familiares”, dijo durante su presentación ante la corte la exministra y representante de los familiares de las víctimas, Gisella Ortiz.
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“Que la corte se pronuncie firmemente sobre estas medidas que necesitamos pero que vayan más allá y se pronuncien sobre ese indulto indebido que se diera en el 2017″, agregó en su presentación.
La Corte IDH escuchó a los representantes de las víctimas, así como al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sesión de este viernes 1 de abril antes de decidir si es que dicta medidas que impidan la liberación de Alberto Fujimori tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de su indulto humanitario.
“Cuando se negocian indultos políticos, cuando hay un Tribunal Constitucional que decide regalar una libertad indebida a Alberto Fujimori, no se razona en función al derecho de las víctimas y familiares. No se nos pregunta siquiera si se ha cumplido con el reconocimiento al gran daño que se nos ha causado. No se nos pregunta si se ha cumplido con las reparaciones civiles”, advirtió Ortiz.
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Esta posición fue reiterada por Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien advirtió que el TC no tomó en cuenta a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y tampoco los estándares que fijó la Corte IDH en su pronunciamiento de supervisión de cumplimiento de condena de mayo del 2018.
También se advirtió que una liberación de Alberto Fujimori impediría que cumpla su condena y se aparte de la acción de la justicia generando un daño irreparable.
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