Alberto se fue y el Congreso será bicameral, el resumen de la semana por Fernando Vivas

El domingo por la noche, Dina dio el golpe más duro que hasta ese momento había recibido Alberto. Tras el reportaje de “Panorama” con el audio entre este y Yaziré Pinedo; lo conminó públicamente a retornar de Canadá (viajó al evento minero PDAC en Toronto) a dar explicaciones. Lo trató con un tono tal que previmos su renuncia. Alberto anunció su vuelta en un abstruso hilo en X, declarándose víctima de una ‘infamia’. Luego, apareció la joven Yaziré a denunciar un complot contra él urdido por el vizcarrismo y por Nicanor Boluarte. Otárola repitió esa versión, salvo la mención a Nicanor.

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Lo que siguió fue un giro a media caña, porque el ‘complot’ fue recibido con escepticismo popular y fastidio político (detalles y trasfondo en crónica aparte). La conspiración, real o forzada, no evitó que el martes temprano Fuerza Popular anunciara a través de su vocero Eduardo Castillo que se sumaba a una moción de interpelación en curso. Avanza País se había adelantado el lunes. En 48 horas, Alberto había perdido la confianza de Dina y el respaldo de la mayoría congresal. El testimonio de Yaziré de nada le sirvió pues quedaban, en la memoria y consideración del auditorio, varios reportajes de “Panorama” y de otros medios abundando en detalles sobre una reunión que sostuvo Otárola con Pinedo y un correo de la PCM ofreciéndole una orden de servicio. Fue el fin de la sociedad política forzada con Alberto.

Cuando los concesionarios del corredor morado (líneas de buses cuyos paraderos iniciales o finales están en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Isidro, Magdalena, Rímac y el Cercado) anunciaron que detendrían su servicio si el Estado no les pagaba una deuda de S/.300 millones; pocos pensaron que el gobierno esperaría a que se produzca una paralización real. Pues esta se produjo por dos días y las autoridades tuvieron que improvisar un plan de desvío de rutas, con buses y combis que circularan en la medida de lo posible paralelas a las avenidas con carriles explosivos. En pocas horas, la incertidumbre, el malestar y la impuntualidad abatió a cientos de miles de limeños.

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El martes en la noche, cuando la renuncia de Alberto robaba cámaras a todo lo importante, se anunció, sin el bombo que merecía, que las partes llegaron a un acuerdo. El MEF decidió soltar el dinero que no solo pedían los transportistas en medida de lucha, sino el ministro del MTC, Raúl Pérez Reyes; pero es indispensable que una ley del Congreso valide la operación. A pesar de esta solución provisional, los limeños tenemos un constante ojo morado por el lento avance en obras tan cruciales como la construcción de la Línea 2 del metro, que hoy solo cuenta con 5 estaciones operativas en el distrito de Ate, sin mayor incidencia en la vida de los limeños.

El miércoles hubo algarabía en el Congreso, al menos en 91 de sus miembros, más de los dos tercios indispensables, que votaron en segunda y definitiva vez para reimplantar la bicameralidad. Por las objeciones que aparecieron en seguida (que viene con reelección inmediata, que la valla de edad mínima para ser senador no se cumple para los que hayan sido congresistas, que por qué no se aprovechó para hacer tal o cual reforma), se explica la decisión de sus impulsores en la legislatura pasada de no meter muchos temas que entrampasen la discusión y el consenso. Por esa misma razón, es que ‘se la tenían calladita’ y evitaron debates entre bancadas y ni siquiera anunciaron el secreto acuerdo para abordar la segunda votación apenas empezara la primera legislatura del 2024. Mientras el foco de atención estaba en el cambio de primer ministro, ¡zas!, ahora tenemos la bicameralidad que Fujimori disolvió en 1993 recuperado con voto disciplinado de la bancada fujimorista.

Esa fue la agenda proactiva, pues la bicameralidad goza de un respaldo político bastante amplio que, en el Congreso, solo excluye a la izquierda, que no se le opone per se, sino que la quiere atar a la convocatoria de un referéndum (los progresistas) o una asamblea constituyente (los radicales). Otra posición, esta sí consensual, es que la bicameralidad no mejorará la calidad congresal si los partidos no mejoran su oferta electoral y el electorado sigue seducido por el populismo electoral.

El viernes la agenda no fue proactiva sino vindicativa y se concentró en defenestrar a la Junta Nacional de Justicia. APP había puesto un parche anunciando que, tras una reunión de partido y bancada en la noche del martes, decidieron que evaluarían cada caso para evitar defenestrar a todos. Quisieron ser, una vez más, el fiel de la balanza o, más bien, del desbalance. El debate no tuvo mayor impacto, pues llevamos meses dando vueltas en torno a la edad de la magistrada Inés Tello y algunos de los polemistas están envueltos en las investigaciones de la fiscalía de la nación a Patricia Benavides, cuya hipótesis criminal es que estos apoyaron una de las causas de Benavides (remover a la JNJ) a cambio de que les archiven investigaciones. Otros son ajenos a esas sospechas, pero no a la narrativa ideologizada que estima a la Junta como un bastión ‘caviar’ que politiza la justicia en contra de la derecha y de la izquierda radical. Para apaciguar a los extremos se removió solo a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez. Final cantado tiempo atrás en estas páginas.