“[Cómo quieren que vaya] si no me comunican y no tengo impedimento de salida, y no le comunican de esto a mí o a mis abogados", reclamó Alejandro Toledo en diálogo con CNN en Español. (Foto: Patricia Janiot)
“[Cómo quieren que vaya] si no me comunican y no tengo impedimento de salida, y no le comunican de esto a mí o a mis abogados", reclamó Alejandro Toledo en diálogo con CNN en Español. (Foto: Patricia Janiot)
Diego Chirinos

Tras semanas de silencio, el prófugo ex presidente volvió a la luz pública. Ahora, ante medios de comunicación internacionales.

En dos entrevistas publicadas por CNN en Español y EFE, el ex mandatario intentó convencer a la opinión pública internacional de que él es un "perseguido político".

Juró no haber recibido sobornos de Odebrecht, retó a Jorge Barata —ex representante de la firma brasileña en el Perú— a que "diga cómo y cuándo" le entregó las presuntas coimas y afirmó que no se le ha respetado el debido proceso para solicitar su prisión preventiva tanto por el Caso Odebrecht como por el Caso Ecoteva.

Declaraciones que, sin embargo, esconden inexactitudes reiteradas por Alejandro Toledo. Aquí se contrastan algunas de las principales:

1. "Yo no soy requerido por la justicia"
Al ser consultado por los motivos que lo llevaron a guardar silencio mientras era requerido por la justicia peruana, Toledo se animó a corregir al entrevistador de EFE.

"Una pequeña corrección: yo no soy requerido por la justicia. No tengo ninguna sentencia", enfatizó el ex presidente.

Esto es una media verdad.

Si bien Alejandro Toledo no ha sido sentenciado por ningún delito, sí es un requerido por la justicia peruana. Ello ya que pesan sobre él dos órdenes de prisión preventiva por 18 meses a raíz de los casos Odebrecht y Ecoteva.

La primera fue dictada por el juez Richard Concepción del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, mientras que la segunda orden la realizó el juez Abel Concha, titular del 16 Juzgado Penal de Lima.

El Departamento de Justicia de EE.UU. ya cuenta con el pedido de arresto provisorio con fines de extradición para Toledo por el Caso Odebrecht y el requerimiento por el Caso Ecoteva está en proceso de envío.

2. "Keiko y Alan nombran jueces y fiscales"
​En otro pasaje de su entrevista con EFE, Alejandro Toledo afirmó que no solo la justicia peruana sino la de toda América Latina "está politizada".

Según el ex mandatario, una prueba de ello es que Keiko Fujimori y Alan García "han colocado jueces y fiscales ad hoc" para perjudicarlo en las investigaciones que se le siguen. "Los promueven y les ofrecen puestos clave en el próximo gobierno", argumentó Toledo.

Esto es falso.

La entidad encargada de seleccionar y designar a jueces o fiscales es el Consejo Nacional de la Magistratura. Así lo establece el artículo 150 de la Constitución peruana, el cual agrega que dicha entidad "es independiente y se rige por su Ley Orgánica", al igual que el Ministerio Público. Esto a fin de evitar precisamente la politización a la cual alude Alejandro Toledo.

Ni siquiera el gobierno de turno tiene alguna capacidad de decisión sobre el nombramiento de jueces y fiscales. Esa responsabilidad recae exclusivamente sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, según la propia Carta Magna.

"[Es su función] nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros", indica el artículo 154 de la Constitución.

3. "Ex fiscal de la Nación dijo que no se abra investigación"
​En determinado pasaje de su entrevista con CNN en Español, Alejandro Toledo mostró diversos papeles con titulares de medios peruanos.

Estos se remontaban a enero del 2014, cuando el entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, informó las conclusiones a las cuales llegó el Ministerio Público tras investigar a Toledo y su esposa por presunto enriquecimiento ilícito.

"El ex fiscal de la Nación mandó a investigar mis cuentas. Dijo que no había razón para abrir investigación sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito", remarcó ex el mandantario mientras mostraba impresiones de diarios de esa época.

Esto constituye una media verdad.

Efectivamente, el Ministerio Público no halló desbalance patrimonial en las finanzas personales de Alejandro Toledo ni en las de su esposa, Eliane Karp. “Hemos llegado a la conclusión que no existen elementos probatorios que acrediten el delito de enriquecimiento ilícito”, dijo el entonces fiscal.

Sin embargo, Peláez Bardales nunca dijo que estas conclusiones le impedían al Ministerio Público realizar pesquisas relacionadas al Caso Ecoteva.

El entonces fiscal de la Nación incluso remarcó que la investigación realizada no pasaría al archivo sino que sería remitida a la fiscalía encargada del Caso Ecoteva. Esta investigaba un presunto lavado de activos de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, por la compra de inmuebles a través de la empresa costarricense Ecoteva Consulting Group.

4. "Yo he colaborado con la justicia"
​En el intento de consolidar su postura como "perseguido político", Alejandro Toledo afirmó en reiteradas oportunidades haber colaborado con la justicia.

"Yo he colaborado con los jueces, los fiscales y el Congreso", dijo el ex mandatario en un pasaje de su entrevista con CNN en Español.

Esto es una verdad a medias.

Es cierto que Toledo acudió a determinadas diligencias de la fiscalía y sesiones de la Comisión Lava Jato del Congreso, la cual investigaba los actos de corrupción perpetrados por Odebrecht en el Perú. No obstante, también se ha ausentado o ha postergado diversas citaciones.

Por ejemplo, en mayo del 2013 evitó recibir una citación de la 48 Fiscalía Penal para declarar como testigo en el marco del Caso Ecoteva y, en marzo del año pasado, no asistió a la citación de la Comisión Lava Jato. “Yo no tengo nada que ver con ese tema (Lava Jato)”, se excusó entonces el ex mandatario.

A esto se le suma a la condición de prófugo de la justicia peruana que hoy mantiene Alejandro Toledo, al contar con dos órdenes de prisión preventiva en su contra por 18 meses.

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