Allan Wagner: “La reforma de la justicia recién empieza”

El presidente de Transparencia, Allan Wagner, fue encargado por Martín Vizcarra para presidir la veloz comisión que entregó un paquete de ideas de reforma de la justicia, antes de que el Gobierno lanzara la propuesta del referéndum. Ahora nos habla de los alcances de este y de las reformas pendientes.

— ¿Le sorprendió la creación del nuevo delito de financiamiento ilegal de campañas?
Nos ha llamado la atención esta prisa por aprobar lo que supuestamente se aprobaría en referéndum, pero de forma inconveniente: se establecen penas inferiores que en el lavado de activos, y lo más grave es que se establece que la ONPE podrá determinar cuándo se ha producido o no el delito de usar fondos ilícitos. Eso está fuera del marco constitucional.

— Por lo tanto, no solo el Gobierno podrá observarlo, sino el TC.
En su momento, sí. Hay que revisar y corregir todo lo necesario, para no incluir esa cláusula inconstitucional.

— Hablemos de reformas pendientes. Estamos en la sede de la Academia Diplomática [Wagner la preside]. ¿Este podría ser un modelo para la Academia de la Magistratura (AM), que no es eficaz formando jueces?
Podría. Lo claro es que los egresados de las facultades de Derecho son abogados, no son jueces ni fiscales, pues esa es una especialidad que requiere estudios ad hoc. La AM solo da algunos cursos; esta academia diplomática ofrece una maestría, una formación profesional completa. Lo fundamental es que la AM se convierta en el centro de formación de jueces y fiscales, en el primer paso de una carrera estructurada; en lugar de cargar a un nuevo organismo como la Junta Nacional de Justicia.

— La política empieza a corromperse con el dinero sucio de las campañas. ¿Podemos pensar en un financiamiento público total?
Total, lo encuentro difícil. No sé si las finanzas del Estado den para eso. Pero se ha avanzado en pedir que los candidatos no usen la TV y la radio. Eso es muy importante, porque la estadística demuestra que ahí se gasta alrededor del 70% de la campaña y además esto se ha ido encareciendo. Eso no puede continuar. El Estado deberá proveer una franja con buenas condiciones.

— Hay un gran sentimiento anticorrupción, que ha permitido el referéndum y aumentado la aprobación a Vizcarra. Pero para que sea unánime, ¿no cree que hace falta una percepción de equidad en la justicia, que se vea igual trato a públicos y a privados, a unos políticos y a otros?
Antes que contestar eso, diría que es interesante cómo han cambiado las percepciones ciudadanas respecto a la corrupción. Hace cinco años era el quinto lugar de preocupación, hoy día está en el primer lugar. Hace años las encuestas arrojaban una gran tolerancia a la corrupción. Estafaban al Estado y la ciudadanía percibía que era algo que estaba en el aire, que no era de su incumbencia. Ahora perciben que ese dinero robado es suyo y eso afecta su capacidad de educar y nutrir a sus hijos. La pequeña corrupción se veía como algo normal. Eso ha cambiado. Se ve a personalidades importantes investigadas, empresas privadas importantes también. Todo esto va a hacer que ya no exista impunidad. De una cultura tolerante a la impunidad pasaremos a una cultura de integridad.

— Tiene que ser una cultura equitativa, sin sospecha de que pueda ser selectiva.
Totalmente de acuerdo, la justicia tiene que aplicarse con absoluta objetividad y neutralidad.

— Y eso es lo que permitirá decir que no hay persecución política, como en el caso de Alan García, ¿no?
Sí, y necesitamos avanzar en las reformas para recuperar un sistema de administración de justicia. Hay siete proyectos que enviamos al Congreso, incluyendo la creación de una autoridad para la integridad y control del PJ.

— Aumentó la percepción de la corrupción, pero más la de los funcionarios y políticos que la de los privados. La idea de que donde hay una coima hay un corruptor privado todavía no es tan sólida.
¿Pero hay alguna duda de que eso ya viene? Dentro de las informaciones que ya manejamos todos sobre lo que se anticipa, queda claro que las adendas y sobornos se dan con participación de empresas al igual que Odebrecht. Es algo que tendrá que probarse, pero la justicia será igual para todos.

— La duda viene cuando se escucha al presidente de Confiep, Roque Benavides, diciendo que hay una persecución al empresariado.
Diría que esa es una expresión de tipo muy general, porque el hecho de que haya empresas que participan de esquemas de corrupción no quiere decir que todas lo sean. Hay que esperar que lleguen los elementos de juicio para identificarlas.

— ¿Cómo pudiera afectar a la lucha anticorrupción el que haya eventuales excesos? Por ejemplo, prisiones preventivas alargadas.
No tanto, en la medida en que eso sea decidido por las propias entidades encargadas de administrar justicia dentro de sus responsabilidades y no exista interferencia de otros poderes del Estado.

— Ha habido sentencias impactantes, pero también segundas instancias que las corrigen.
Claro, existe esa posibilidad; lo importante es dejar que la justicia actúe, sin que haya una campaña de amedrentamiento.

— Ya dijo que estaba en contra del pedido de asilo de García, de quien ha sido dos veces ministro [canciller en su primer gobierno y ministro de Defensa en el segundo]. ¿Está satisfecho con la decisión de Uruguay?
Ha sido lo correcto. [...] El canciller Rodolfo Nin citó a un profesor de Derecho Internacional que advierte que el asilo no debe usarse para evadir la justicia, sino para casos en que las personas estén perseguidas por sus ideas o su religión.

— Si le pregunto por tres reformas pendientes, ¿qué responde?
En primer lugar, la reforma de la justicia recién empieza, recién la estamos iniciando. Otra prioridad es completar la reforma electoral, hay que hacer un nuevo código electoral. Y hay que actualizar a los partidos políticos, la forma en que se hace política.