Ambiciosa propuesta de reforma social, por Jaime de Althaus

La semana pasada se presentó la propuesta de reforma social más importante de las últimas décadas. Lamentablemente, la Comisión de Protección Social no discutió sus ideas con los concernidos y el Gobierno parece haberse desentendido de ella, pero vale la pena abrir este debate como un refugio constructivo en medio de la lucha tanática en que se ha convertido la política nacional.

La propuesta busca proteger a todos los peruanos de los riesgos de enfermedad, desempleo y pobreza en la vejez. Para ello plantea que la protección social no dependa de la condición laboral –que solo los que están en planilla tengan seguro social o pensiones–, sino de la simple condición de ciudadano.

Así, una muy buena idea es que a partir de los 18 años todos tengan automáticamente una cuenta individual de capitalización para su pensión, en la que los más pobres recibirán un aporte del Estado hasta que con sus ahorros puedan eliminar ese subsidio, y los independientes podrán aportar a partir de formas de ahorro voluntario tales como pedir que se les agregue una pequeña cantidad a su factura telefónica para destinarla a sus cuentas. Esto, sin embargo, podría ser iluso: muy pocos querrán pagar más por ningún servicio. Lo que sí funcionaría es la propuesta de Lampadia: que una pequeña parte del IGV que pago cuando compro algo vaya a mi cuenta individual. Recupero algo de lo que pago. Y eso será posible con los comprobantes electrónicos.

Los que están ahora en la ONP podrán migrar a una cuenta individual, de modo que a la larga desaparecerá el quebrado fondo común de reparto. Se propone centralizar la recaudación y el manejo de cuentas en una entidad que escogería mediante licitación nuevas AFP cuya única función sería invertir los fondos siguiendo lineamientos de un grupo de “notables”. Todo esto para ganar escala y bajar las comisiones. Se ha cuestionado la utilidad de esta entidad monopólica y los riesgos que entrañaría, sobre todo si es estatal. Acaso lo mejor sería construir esto a partir de AFPnet, oficina creada por las AFP para centralizar precisamente algunos servicios.

En salud habría también seguro universal. Ninguna empresa pagará Essalud sino que habrá un solo fondo financiado con impuestos que comprará paquetes a redes en las que participarán establecimientos públicos, de Essalud y privados. Y todos podrán ir y atenderse donde mejor les parezca, algo extraordinario. Pero sería gradual porque cuesta mucho. Habría que incrementar apreciablemente los ingresos fiscales.

Para eso hay que formalizar y crecer más. Que las empresas no paguen Essalud ayuda, y el seguro de desempleo en un mercado flexible facilitaría generar inversión y empleo. Pero la Comisión de Protección Social lo descarta por ahora porque no funcionaría mientras la proporción de contratos temporales sea tan alta (mínimo 12 meses de trabajo continuo para tener el seguro). Los contratos indefinidos tendrían que ser mayoritarios. Así lo eran antes de la contraproducente interpretación del TC que consagró la estabilidad absoluta (2002). Después de eso los contratos indefinidos se han reducido a solo 22%, en perjuicio de los trabajadores. El TC tiene que enmendar.

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