Aníbal Torres: las implicancias del contrato de empresa de sus familiares con el Estado

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Según el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), se trata de un acuerdo para el “servicio de depósito temporal para productos farmacéuticos refrigerados y no refrigerados modalidad de transporte por vía aérea - paquete”. Ello por el monto de S/ 14′630.230 y con vigencia hasta el 15 de agosto del 2022.

La convocatoria del concurso público, según revisó este Diario, se realizó el 3 de junio del 2021 y la buena pro se otorgó el 22 de julio. Hubo dos postores: Aldem S.A.C. y Edilmaq S.A.C. Sin embargo, esta segunda compañía fue declarada como no admitida al no cumplir con presentar toda la documentación obligatoria requerida en el proceso.

El contrato fue suscrito por la economista Rocío Espino Goygochea, directora general del Cenares, y Olinda Ayala Díaz, gerente general de Aldem S.A.C. Esta empresa tiene a Víctor Torres Vásquez, hermano del ministro, como uno de sus principales accionistas.

Sobre el contrato, el Cenares manifestó en su comunicado: “Al momento de dicha suscripción, y de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, la empresa estaba impedida de suscribir dichos contratos, situación que no fue informada a Cenares”. Agregó que “por lo expuesto, Cenares informará al Tribunal de Contrataciones del Estado para los efectos pertinentes”.

Cabe recordar que dicha norma establece que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de distintos funcionaros, incluyendo a ministros, “están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas” del Estado.

El último martes, el Ministerio de Justicia señaló en un comunicado que la buena pro se otorgó “mucho antes de que el actual titular del Minjusdh asumiera o conociera que ocuparía el cargo de ministro. Por lo tanto, no existió ninguna injerencia para que dicha empresa obtuviera algún favorecimiento”.

Asimismo, el ministerio dio cuenta de que Torres solicitó a Cenares, la contraloría y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) que inicien las investigaciones “a fin de fortalecer los principios de transparencia e integridad en el sector público, así como la lucha contra la corrupción”.

Contraloría toma acciones

En tanto, el contralor Nelson Shack remitió este jueves un oficio al ministro de Salud, Hernando Cevallos, informando que la contraloría “ha dispuesto la ejecución de un servicio relacionado de recopilación de información para fines de control respecto a las denuncias públicas sobre las contrataciones realizadas por la empresa del hermano del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, denominada Aldem S.A.C. con el Centtro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares) - Minsa”.

Con ese fin, la entidad designó a Charlee Vásquez Massa y Silvia Pérez Heredia para realizar dicha acción de control.

La misma información fue comunicada por Patricia Suárez Beyodas, subgerente de control del sector Salud de la Contraloría General de la República, a José Gonzales Clemente, director general del Cenares.

Consecuencias

En diálogo con El Comercio, María Elena Sánchez, experta en contrataciones con el Estado, explicó que de todos modos se configura un impedimento en el caso de Aldem S.A.C. “Al momento que el hermano se enteró que iba a tener un hermano ministro, debió abstenerse de firmar el contrato e indicar a Cenares con un documento que ya no podía hacerse cargo de la buena pro. Cuando uno firma contrato incumpliendo uno de los requisitos, el contrato es nulo”, explicó.

Sánchez acotó que las responsabilidades administrativas de la empresa deben ser evaluadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. “En los temas penales es más complicado, tiene que entrar el procurador y tipificar si se configura un delito. La ley de contrataciones habla de temas administrativos. Los incumplimientos no necesariamente son temas penales, sino simplemente incumplimientos”, refirió.

Por su parte, Christian Guzmán Napuri, también experto en la materia, manifestó que Cenares está actuando correctamente al proceder con la nulidad del contrato, pues este fue suscrito cuando Aníbal Torres ya era ministro y, por tanto, ahí se activa el impedimento normativo. “El impedimento establecido en la ley de contrataciones del estado es para contratar, con lo cual si yo incurro en impedimento al momento de suscripción del contrato ya no podría contratar. Entonces, ese contrato sería nulo”, precisó.

Según apuntó el especialista, las dos consecuencias claras son: la responsabilidad administrativa del contratista de acuerdo a lo que defina el tribunal de contrataciones, pues se le iniciará un procedimiento sancionador; y la nulidad del contrato a partir de la medida del Cenares.

“Hay además responsabilidad administrativa de los funcionarios de la entidad que firmaron el contrato indebidamente. Es decir, hay responsabilidad administrativa tanto del contratista como de los funcionarios que participaron de la suscripción del contrato, porque ellos sabían que Torres era ministro”, añadió.

Sánchez y Guzmán coincidieron en que, más que responsabilidades penales, se trata de responsabilidades administrativas. Las sanciones, acotó el segundo, incluyen multas y hasta la inhabilitación para la empresa, de acuerdo a la gravedad de la falta. En el caso de los funcionarios, mencionó la posibilidad de una suspensión o destitución.

El caso de la empresa de los familiares de Torres fue denunciado por Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y excandidata al Congreso por el Apra, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Reportan casos de familiares de Francke

Mientras tanto, Panorama reportó este jueves que Alejandro Martín Mirones Mendoza, hijastro del ministro de Economía, Pedro Francke, también ha contratado con el Estado cuando este último ya era funcionario público.

De acuerdo al portal de proveedores del Estado, el Ministerio de Educación contrató los servicios de Mirones Mendoza, desde el 29 de septiembre del 2021, para la “asistencia técnica en el mapeo e identificación de medios de información”, por un monto de S/ 6.000.

El 30 de agosto pasado, la misma entidad contrató a Mirones por S/3.000 para el “servicio de asistencia técnica”. El hijastro del ministro, consignado por este último en su declaración jurada de intereses, ya había contratado previamente con el referido sector por otro servicio en febrero y mayo pasados.

Dicho portal también da cuenta de que, el 18 de agosto del 2021, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), adscrita a la Municipalidad de Lima, contrató por S/ 5.500 el “servicio de gestión editorial” con la compañía Programa Apollo S.A.C., que entre sus socios o accionistas registra a la hija del ministro de Economía, Teresa Charo Francke Rojo.

Apollo S.A.C. registra una orden de servicio distinta con Emilima en marzo pasado, antes de que Francke asumiera el MEF. Asimismo, otros tres contratos más desde mayo del 2017 con otras entidades estatales.

Sobre estos últimos casos, Sánchez subrayó que se aplica la misma normativa. “Igual hay impedimento, se da la nulidad del contrato y la responsabilidad administrativa”, resaltó.

María Elena Sánchez refirió también que todos los contratos que se derivan de procesos de la ley de contrataciones tienen las mismas reglas. “Los contratos de locación a las personas, requerimientos de servicios específicos profesionales, también pasan por la ley de contrataciones y deberían de cumplir con los requisitos. Pero si ellos ya venían brindando un servicio y les han hecho una adenda, el contrato firmado ha sido antes de que él [Francke] sea ministro”, sentenció.

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