En los últimos cinco años, 132 periodistas de Lima y regiones, en su mayoría quienes se dedican a la investigación periodística, han sido llevados a tribunales. Foto: Difusión
En los últimos cinco años, 132 periodistas de Lima y regiones, en su mayoría quienes se dedican a la investigación periodística, han sido llevados a tribunales. Foto: Difusión
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO CUROTTO
Redacción EC

A través de un comunicado, la manifestó su rechaza a dos propuestas legislativas que buscan restringir la actividad periodística en el país, ya que estas van en contra de la ciudadanía, la libertad de prensa y el derecho a la información.

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El Congreso de la República, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aprobó el predictamen del Proyecto de Ley 2862/2022-CR “que modifica los artículos 131 y 132 del Código Penal, que sanciona con el incremento de la pena por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva y la modificación del artículo 1969 del Código Civil, en perjuicio al honor, la buena reputación, la intimidad de la persona y la familia”.

Este proyecto presentado en 2022, a manos de los congresistas Perú Libre, con iniciativa de Segundo Toribio Montalvo Cubas, pretende endurecer “la pena del delito de difamación, en contracorriente a la tendencia en el continente a despenalizar los denominados delitos contra el honor”.

En tanto, la propuesta de Proyecto de Ley 4177/ 2022-CR “Ley de fomento para la profesionalización de periodistas y comunicadores del Perú”, presentada por la bancada de Renovación Popular, a iniciativa de la parlamentaria Noelia Herrera, en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Esta señala que la propuesta “tiene por objeto fomentar la profesionalización de los periodistas y comunicadores, y promover la incorporación en sus respectivos colegios profesionales”.

Sin embargo, tanto la normativa interamericana y nacional precisan que condicionar la actividad informativa a la pertenencia a algún gremio o institución particular “es lesivo para la ciudadanía puesto que no es posible limitar el derecho de expresión en medios”.

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Finalmente, en una parte del documento, la ANP enfatiza que desde el Poder Legislativo se pretenda desconocer de manera reiterada “el derecho a la información de la ciudadanía, al intentarse reglamentar la actividad periodística sin un criterio válido”.

Cabe señalar que en los últimos cinco años, 132 periodistas de Lima y regiones, en su mayoría quienes se dedican a la investigación periodística, han sido llevados a tribunales por quienes ejercen responsabilidad pública o personas relacionada a ellos.

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