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El empresario Antonio Camayo, sindicado por la fiscalía como integrante de la supuesta red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, dejó el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, donde cumplía una orden de prisión preventiva de 36 meses desde agosto pasado.
Fuentes de El Comercio informaron que la medida fue dispuesta por el juez Manuel Chuyo, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción, después de que Camayo firmara un acuerdo preliminar de colaboración eficaz. Según fuentes del INPE, este dejó el penal el pasado viernes 5 de octubre.
El empresario, gerente general de Iza Motors, ha sido trasladado a “un lugar seguro” mientras se concreta el procedimiento de colaboración eficaz. La información que ha ofrecido hasta ahora está en etapa de corroboración.
Camayo es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado. Protagonizó junto al destituido juez César Hinostroza, una de las primeras grabaciones de los llamados CNM Audios, que revelarían irregularidades en el sistema de justicia.
Las mismas fuentes sostuvieron que Camayo ha entregado a las autoridades datos sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, aunque no especificaron sobre qué temas.
En julio pasado se difundió un audio en el que Hinostroza coordina con Camayo una reunión con una persona a la que denominan “señora K”, a quien este último se refiere como representante de “la fuerza número 1”.
De acuerdo con las fuentes, Antonio Camayo dijo a las autoridades que Hinostroza Pariachi le aseguró que se reunió con la ex candidata presidencial.
Este Diario buscó contactar a Giulliana Loza, defensora legal de Fujimori, y a Carlos Caro, abogado de Oviedo, pero no obtuvo respuesta a sus llamadas.
En tanto, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional tiene previsto para mañana miércoles (9 a.m.) una audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del empresario.
El Comercio buscó la versión de Mateo Castañeda, abogado de Camayo, pero no atendió las llamadas.
—Proceso complejo—
La abogada penalista Romy Chang explicó a este Diario que la colaboración eficaz es un procedimiento en el que se protege a un involucrado en una red a cambio de que proporcione información valiosa para la investigación.
“Las medidas que toma el Poder Judicial no están orientadas a darle libertad, sino a tutelar su integridad y evitar que el proceso se frustre, debido al riesgo que puede correr la vida [del aspirante a colaborador]”, expresó.
Chang destacó que los datos que el colaborador entrega deben ir sustentándose con otros indicios o pruebas. “De lo contrario, no podría utilizarse en un juicio”, anotó.
