René Zubieta Pacco

La del sesiona desde las 8 a.m. de este viernes para discutir, como primer punto de agenda, el eventual archivo del proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una que elabore una nueva Constitución.

Ello a partir del decreto que ha propuesto Patricia Juárez, presidenta de la comisión, y que será sometido a debate y votación, según adelanto la legisladora de Fuerza Popular a El Comercio. El grupo empezó a abordar el tema solo hace tres días, el último martes. Ese día, y a los expertos en derecho constitucional César Delgado Guembes y Óscar Urviola.

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En el documento hay cuestionamientos formales, como de fondo, a la iniciativa del Gobierno. Por ejemplo, cuestiona que no se ha cumplido con identificar el análisis costo beneficio de la propuesta y que en la exposición de motivos existe ausencia de rigurosidad “por contener copias de textos no citados – plagios”.

También advierte “evidentes contradicciones” entre la propuesta para añadir el artículo 207 a la Constitución –referido a la creación de la figura de la asamblea constituyente– y las disposiciones transitorias del proyecto para realizar “un referéndum consultivo que no existe en la legislación nacional”. Si bien esto último alude a un plebiscito, figura no establecida en la Carta Magna, la propuesta de decreto de archivo precisa que tales incompatibilidades “no son materia de análisis en este decreto debido a que ello correspondería a un dictamen que verse sobre el fondo de la propuesta”.

En esa línea, el documento de Juárez sostiene que es el artículo 206 de la Constitución el único camino viable para cualquier tipo de reforma constitucional, sea parcial o total, y que ello no puede ser alterado por el Congreso de la República.

Dicha norma señala: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”.

Aníbal Torres a su arribo a la Comisión de Constitución del Congreso el último martes.
Aníbal Torres a su arribo a la Comisión de Constitución del Congreso el último martes.
/ PCM

Asimismo, el decreto de archivo afirma que el poder constituyente, es decir la población, ratificó el texto de la Constitución de 1993 y “decidió voluntariamente estatuir su propia limitación, al no regular que una asamblea constituyente pueda realizar una reforma total de la Constitución, sino que sea el mismo Congreso de la República, poder constituido, quien pueda cumplir con la función constituyente, asociado, claro está, a la presencia de determinados límites en su ejercicio ; explícitos e implícitos”.

Por tanto, el documento firmado por Patricia Juárez concluye: “Al proponer el proyecto de ley 1840/2021-PE el quiebre de una cláusula de intangibilidad, que está proscrito por la Constitución Política; esta comisión, de conformidad con el artículo 77, literal c) del Reglamento del Congreso, que señala que, sin emitir dictamen, puede rechazar de plano aquellas proposiciones incompatibles con la Constitución Política, o por ser copia de otros proyectos, entre otras causales; decreta su archivamiento de plano, por ser contrario a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del poder constituyente”.

El Reglamento del Congreso señala que la comisión a la que se ha enviado un proyecto debe verificar su compatibilidad constitucional, “estando facultada para rechazarla de plano y archivarla”. “El acuerdo de archivamiento o inadmisibilidad es informado a la Oficialía Mayor”, agrega dicha norma.

Perú Libre cuestiona premura

Jaime Quito, congresista de Perú Libre que integra la comisión, manifestó a El Comercio que plantear el archivo de la propuesta a solo tres días de haberse iniciado su discusión “es patear el tablero, querer ningunear una propuesta que nace no de Perú Libre ni del gobierno solamente, sino de diversos sectores sociales”.

“Lo hemos solicitado expresamente en la sesión anterior y vamos a continuar solicitando que debe seguir debatiéndose convocando a más expertos y haciendo audiencias públicas descentralizadas para que se recoja la opinión de la población en vista que esto también es un tema social y no netamente técnico”, añadió.

El constitucionalista Erick Urbina explicó que el documento de Juárez analiza no solo aspectos de forma, sino que también evalúa la constitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo.

“Comparto los argumentos plasmados en este decreto de archivo. Sí me llama la atención que el archivo haya sido tan rápido. Es cierto que hay un carácter de urgencia, pero al tratarse de una reforma constitucional, pudieron hacer un mayor análisis tal vez acudiendo a otras fuentes. No han preguntado a la defensoría del pueblo, la academia, el Colegio de Abogados, etc. Se ha podido enriquecer más aún escuchando a otros actores”, indicó.

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