(Foto: Archivo El Comercio)
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Josefina Miró Quesada

Periodista y abogada

“No hay contenido delictivo”, sentenció ayer el vocal , implicado en los audios difundidos por IDL-Reporteros. Un pronunciamiento similar tuvo el consejero Iván Noguera: “No hay ningún tema delictivo”.

Al margen de la discusión sobre el origen de estos audios, expertos analizaron cuál sería el contenido penal que estos revelarían. Según los abogados consultados, se podría hablar, en principio, de tres: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho (soborno).

—Tráfico de influencias—
En el delito de tráfico de influencias, un traficante vende sus influencias (reales o simuladas) sobre un funcionario que ve un caso judicial o administrativo, para favorecer a un interesado que quiere comprarlas.

Para la profesora de derecho penal de la PUCP, Ingrid Díaz, esto se revela en varios casos. Por ejemplo, cuando el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, llama a una abogada y le pide que postule, asegurándole que será elegida. “Ríos sería el traficante con influencias sobre el CNM, que le promete ser parte de la hegemonía del Poder Judicial”, señala.

Otro caso: cuando Ríos invoca tener influencias con el ex presidente del CNM, Guido Águila para pedirle a Aldo Mayorga, jefe de la unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, que ascienda a una funcionaria recomendada por el consejero Águila, llamada Verónica Rojas. Para Díaz, los procesos de contrataciones o ascensos laborales encajan también como casos ‘administrativos’ (requisito del delito de tráfico de influencias).

—Patrocinio ilegal y cohecho—
También se ha identificado el delito de patrocinio ilegal. Para el ex procurador anticorrupción Yván Montoya, lo comete Ríos, cuando en conversaciones con el consejero, Julio Gutiérrez, el primero le agradece haber nombrado a un fiscal que personalmente le recomendó. “Si tú supieras lo que he hecho. Me he tumbado a la segunda, hermano, y era una titular”, le dice Gutiérrez, en referencia a los otros postulantes no ratificados. El delito sanciona al funcionario que, valiéndose de su cargo, patrocina intereses de particulares ante la administración pública.

Este favor habría sido realizado a cambio de conseguir otro: que el juez Ríos intervenga en un caso vinculado con la Enapu (Empresa Nacional de Puertos) en el Callao, sobre el que Gutiérrez tendría interés; algo que revelaría, también un caso de cohecho. “Es clarísimo: Yo, Gutiérrez, asciendo indebidamente a un postulante vinculado al Presidente de la Corte y a cambio, me haces el favor en un caso que tengo en el Callao”, señala Montoya.

Para Díaz, además, habría un delito de tráfico de influencias donde el “traficante” sería el juez Ríos, el favorecido sería el magistrado recomendado y la autoridad que decide, el CNM, sobre el que Ríos ejerce influencias.

“Lo aberrante de la corrupción es la normalización”, dice Montoya. Así lo demostraría el consejero Iván Noguera, para quien pedirle al juez Ríos firmar un convenio de prácticas con la Telesup para beneficiar a su esposa, decana de la facultad de derecho de esta universidad, es algo regular. Esto, a pesar de que dice que el acuerdo nunca se ejecutará.

Consultada a Díaz si esto podría configurar un delito, precisó que podría ser cohecho. Para que se consuma, bastaría pedir el beneficio, sin necesidad de que se haya concretado el acuerdo en la práctica. “Además, este no tiene que ser económico o personal, podría ser un beneficio para la esposa”, precisa.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, los audios revelan indicios de posibles delitos de actos de corrupción, que, sin embargo, deben ser corroborados con elementos adicionales. Esto, debido a que, si se abre formalmente una investigación penal en su contra, las imputaciones de la fiscalía deben superar todos los cuestionamientos que seguro hará la defensa de los involucrados sobre la validez de los audios.

—Sepa también—
► La fiscalía ya inició diligencias preliminares para identificar qué delitos se habrían cometido.
► La pena máxima por tráfico de influencias es ocho años si el traficante es funcionario. Lo mismo para el cohecho (aunque tiene variantes). La de patrocinio ilegal va hasta dos años.
► De probarse que el juez Hinostroza recibió un beneficio a cambio de fallar en cierto sentido para un caso de violación a menores, podría hablarse de cohecho. Igual para el caso del postulante a fiscal, el juez Juan Miguel Canahualpa Ugaz, que llama a Ríos, para agradecerle de presuntamente haber intercedido por él ante el CNM. “¿Cuánto le debo doctor?”, le pregunta por teléfono. 

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