La bala perdida de la reforma política, por María Alejandra Campos

Si hay alguien en este país que se gana la antipatía a pulso, es nuestro querido Congreso de la República. Todo lo que no es popular, eso hacen los parlamentarios. Si algo genera anticuerpos en la opinión pública, ese es el camino que eligen, siempre liderados por Fuerza Popular y el Partido Aprista. El argumento tantas veces repetido es que ellos no creen en las encuestas (porque quién dijo que la estadística es una ciencia). Que lo que la población realmente quiere (lo saben a través de arduos trabajos de lectura psíquica) es que ellos cumplan el mandato constitucional de hacer bien su trabajo. Esta labor que al parecer consiste en darle la contra, precisamente, a lo que los electores prefieren.

Es bajo esta lógica que se blinda a Pedro Chávarry, que se desvirtúan o archivan proyectos de reforma política y que un diálogo sincero con el Ejecutivo no encuentra puentes que le permitan transitar.
Pero no es una novedad. No lo quiso ver PPK y lo pagó caro en su gestión, arrinconada por el Legislativo. No lo quiso ver Vizcarra al inicio y terminó cambiando de estrategia ante la confirmación inequívoca de que no existían posibilidades de diálogo. En este escenario, el Ejecutivo decidió presentar un paquete de reformas políticas. Sin contar, además, con un Gabinete sólido ni con una bancada fuerte y con una oposición férrea que seguía siendo mayoría.

► Editorial: Blindaje

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La reforma política es importante y si no se saca adelante para el 2021 implicaría otros cinco años más de un sistema sin legitimidad. Sin embargo, ¿era realista pensar que se iba a poder llevar a cabo en esta coyuntura? ¿Qué motivó a Vizcarra a apostar por un tema que, como ya he escrito anteriormente, ni siquiera parece comprender a cabalidad?

Al pasar lo que todo el mundo esperaba que pase –que la Comisión de Constitución no fuera el ambiente más propicio para el desarrollo de la reforma–, Vizcarra usa su bala de plata: la cuestión de confianza. Sin embargo, más que un revólver, el presidente parece haber disparado una pistola de agua. Si el Congreso aprueba la confianza respecto a una política de Estado, en este caso la de “fortalecimiento institucional y de la lucha contra la corrupción”, no está obligado a traducir ese respaldo en la aprobación de sus proyectos, a pesar de que el mandatario afirme que este “se manifiesta en la aprobación sin vulnerar su esencia de cinco proyectos”. Con lo cual el escenario 1 es que el Parlamento diga sí y la cosa siga como si nada.

El escenario 2 es que el Parlamento diga no y ello lleve al cierre del Congreso. El detalle está en que la Comisión Permanente se quedaría a cargo por cuatro meses mientras se convocan nuevas elecciones. Si ocurre antes de julio, no habrían elegido una nueva Mesa Directiva, pero tampoco habrían recompuesto la formación de las comisiones, con lo cual Nuevo Perú y las otras bancadas nuevas podrían quedarse sin un asiento en la mesa. Si ocurre después, el Congreso habría cambiado de presidente, probablemente optando por una figura más confrontacional para enfrentar al Ejecutivo (puntos para Rosa Bartra). En cualquier caso, la Permanente no podría aprobar ninguna reforma política y es muy poco probable que lo haga un Congreso recién electo.

Así, no parece haber ningún escenario que beneficie a la reforma política. El gesto del presidente va a generar impacto, pero probablemente no el que buscaba.