Bancada de AP presenta declaración de intereses casi 3 meses después de asumir funciones

Casi 3 meses después del inicio de funciones del Congreso, la banca de Acción Popular anunciaron este lunes la presentación de su declaración jurada de interés ante la Contraloría. El 15 de mayo, el presidente del Congreso, Manuel Merino, representante de dicho bloque, había justificado que solo 9 de los 130 legisladores entregaran dicho documento.

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El aquel momento, Merino -presente en la conferencia de prensa- había asegurado que presentaría la declaración jurada una vez que se levante el estado de emergencia.

Durante la presentación ante la prensa de hoy, Merino de Lama indicó que debido a los efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19) tuvieron algunas complicaciones para presentar el documento con anterioridad.

“Para poner en conocimiento público que los miembros de la bancada, el día de hoy, se van a constituir a presentar su declaración jurada de interés. Lo hacemos en el marco estricto de lo que corresponde como organización constitucional a la Contraloría General de República, proyecto impulsado por la bancada a través de su correligionario Ricardo Burga y que por los tiempos no se ha hecho en el debido momento”, afirmó.

Dijo que “en ningún momento Acción Popular se ha rehusado a hacer su declaración jurada de intereses”.

Manuel Merino de Lama reafirmó el compromiso de la bancada de Acción Popular en “la lucha frontal contra la corrupción”.

“Quienes tenemos que dar el primer ejemplo somos los parlamentarios de este grupo político”, dijo.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó la propuesta de Acción Popular para modificar su reglamento interno y establecer que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios pasen a estar bajo el control del Consejo Directivo y ya no ante la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El texto final establece que, además de presentar la documentación ante el Consejo Directivo, las declaraciones juradas también serán presentadas ante la Contraloría General de la República. Pero esto último solo aplica para los servidores parlamentarios y no para los congresistas.

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