Roque Benavides dijo que está de acuerdo con la ley de igualdad salarial para hombres y mujeres que aprobó el Congreso de la República. También pide medidas urgentes para combatir la informalidad laboral. (Foto: Confiep)
Roque Benavides dijo que está de acuerdo con la ley de igualdad salarial para hombres y mujeres que aprobó el Congreso de la República. También pide medidas urgentes para combatir la informalidad laboral. (Foto: Confiep)
Rocío La Rosa Vásquez

Luego de asistir a la última edición de CADE, el presidente de la , , exhorta a las autoridades judiciales a actuar con mayor celeridad en las investigaciones que involucran a empresas peruanas.

—¿Las denuncias constitucionales que se han presentado en el Congreso contra el fiscal de la Nación lo llevan a pensar que se está afectando la institucionalidad del país?
Es un derecho de cualquier ciudadano presentar denuncias. No deberíamos en una democracia dramatizar el tema. El fiscal de la Nación tendrá que contestar esas denuncias. Creo que los ánimos están un tanto crispados, espero que estas denuncias estén bien sustentadas, yo no quiero echar más leña a la hoguera en este tema.

—¿Y que el pleno del Parlamento haya modificado el Decreto de Urgencia 003 para sancionar a las empresas que fueron socias de la brasileña Odebrecht tampoco le hace pensar eso?
Yo insisto en que tiene que haber muchísimo más diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. Hay mecanismos democráticos, el Ejecutivo puede observar esa ley y negociar una mejor alternativa que no impacte tan negativamente a las empresas, a la generación de empleo.

—Hay quienes han señalado que el Congreso está buscando sentenciar mediante una ley. ¿Comparte esa opinión?
Yo creo que sería un error grave, no se trata de sentenciar a las empresas, es el Poder Judicial el que tiene que encargarse de sentenciar a quien tenga que sentenciar, pero no a las empresas. Hay que entender que todas estas empresas constructoras tienen decenas de miles de trabajadores que tenemos que cuidar.

—¿Ve una intromisión del Congreso, particularmente de la bancada fujimorista, en el fuero de las autoridades judiciales?
No, yo no veo eso. Yo creo que el Congreso tiene todo el derecho de plantear distintas alternativas. Creo que corresponde al Poder Judicial actuar con celeridad. Justicia que se demora no es justicia. La fiscalía y el Poder Judicial tienen que actuar con más celeridad para pasar esta página negra en la historia del Perú.

—La autógrafa ya se encuentra en el MEF y podría ser observada por el Ejecutivo. ¿Espera que sea así?
Nosotros entendemos que observar una ley significa hacer planteamientos de modificación y, en ese sentido, sí creemos que la ley debe ser observada y que el Ejecutivo debe moderar lo que se planteó allí, de tal manera que no se destruya a empresas que han venido trabajando tantos años en el Perú.

—¿Moderar la norma en qué aspecto puntual?
Lo que se tiene que hacer es que el Ministerio Público investigue a las personas que puedan haber cometido algunos hechos impropios y que eso pase al Poder Judicial. Eso no quiere decir que las empresas tienen que ser investigadas en su conjunto por estos hechos.

—¿Es decir que solo se debe investigar a las personas?
Yo pienso que así debe ser y ese es el sentir de la mayoría de los peruanos.

—Si no se observa este decreto, ¿los empresarios evalúan presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?
Eso tendrían que hacer las empresas que serían impactadas. Yo no puedo afirmarlo como gremio. En la Confiep no nos hemos planteado esa alternativa.

—¿Qué opina de la decisión de la fiscalía de incluir a las empresas antes consorciadas con Odebrecht en una investigación preparatoria?
A mí me sorprende que recién se las haya incluido en la investigación. El sistema judicial peruano las hubiese incluido desde el comienzo. Sinceramente, para poder pasar este trago amargo se tenía que investigar. Pero la fiscalía recién está comenzando a investigar. Por eso decimos que justicia que se demora no es justicia. Necesitamos que eso se clarifique y por supuesto que rechazamos cualquier acto de corrupción.

—El fiscal de la Nación ha dicho ante las críticas que las versiones de los colaboradores eficaces tenían que corroborarse.
Nosotros entendemos los procesos judiciales, pero lo de Odebrecht se destapó a finales del año pasado, estamos ya terminando este año y recién comenzamos las investigaciones.

—El Poder Judicial evaluará hoy el pedido de prisión preventiva del fiscal Hamilton Castro contra los representantes de las empresas que fueron socias de Odebrecht.
Por supuesto que rechazamos la corrupción, pero también exigimos el debido proceso. Somos enemigos de las prisiones preventivas sin un debido proceso. Rechazamos en su momento la prisión preventiva de Gregorio Santos y la del ex presidente Ollanta Humala y su esposa. Creemos que se debe enjuiciar y sentenciar a la gente, pero más allá de eso hay que tener mucho cuidado.

—¿Se atrevería a calificar como un exceso este pedido de la fiscalía?
No, yo no voy a decir si hay exceso o no, simplemente que exigimos el debido proceso.

—¿Qué harán como empresarios para recuperar la confianza de la gente?
La verdad es que son cientos de miles de empresas, la microempresa, la mediana, la gran empresa, que actúan con decencia y esfuerzo. Yo no puedo siquiera pensar que la opinión pública pueda creer que todas las empresas son corruptas. Es una generalización que no es aceptable. Los gremios empresariales tenemos códigos de conducta y estamos forzando a que se cumpla. No se puede pretender poner a todos en el mismo saco.

—El proyecto que el Congreso aprobó sobre igualdad de salarios para hombres y mujeres ha recibido aplausos y críticas. ¿Usted apoya la norma?
Yo estoy totalmente de acuerdo. No puede haber diferencias entre hombres y mujeres, la verdad es que ese es un concepto de la Edad Media. Las mujeres son tanto o más capaces que los hombres y, por lo tanto, no puede haber diferencia de salarios por efecto de género.

—El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, se ha pronunciado públicamente a favor de un aumento del salario mínimo. ¿Estaría de acuerdo?
El salario mínimo de una economía donde el 70% es empleo informal no sé si tiene mayor impacto. Nosotros no vamos a oponernos a eso, pero ciertamente el problema del empleo en el Perú pasa por la informalidad. El salario mínimo impacta a aquellos que tienen un empleo formal. Más que discutir si el salario mínimo sube o no, hay que atacar la informalidad en el empleo.

—¿Qué medida urgente plantea para atacar esa informalidad?
El 30% de empleo que es formal hay que respetarlo y, por supuesto, las condiciones de trabajo, pero creo que es indispensable flexibilizar las condiciones de empleo para generar más puestos formales para los jóvenes, para los que recién entran al mundo laboral, para los desempleados.

—La flexibilidad laboral tiene bastante resistencia en los gremios de trabajadores que la entienden como sinónimo de inestabilidad.
Entiendo que puede sonar políticamente incorrecto, pero hay que entender que nadie está pidiendo que se reduzcan las condiciones a los que tienen un puesto de trabajo formal. Pero hay que entender que el 70% es informal y este es el que hay que atacar para que se vaya formalizando.

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