“El juez debió hacer una diferencia entre los tres”, dice en alusión a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
“El juez debió hacer una diferencia entre los tres”, dice en alusión a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Diego Chirinos

Sobre pesa una orden de impedimento de salida del país desde el domingo por la madrugada, medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho dentro de la investigación a los aportes de a la campaña de Keiko Fujimori.

— Calificó la reciente medida judicial de “un atropello”. ¿Se ratifica?
Presentamos pruebas fehacientes de que no hubo, en mi caso, lavado de activos. Probé arraigo y me presenté a las citaciones. El primer día que fui citado informé que tenía un viaje desde el 21 de marzo al 14 de abril. No puede ser considerado como un peligro de fuga, cuando voluntariamente dije que iba a salir del país.

— El juez aludió a ese viaje y señaló que no existía una medida restrictiva menos gravosa que asegure su presencia en el país.
Mi abogado le dijo que hay medidas como comparecencia restringida o poner una garantía pecuniaria. Lo dejó a su criterio.

— ¿Considera excesiva esta medida en su caso particular o también en el caso de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya?
El juez debió hacer una diferencia entre los tres, dado que las pruebas y medios por los cuales se canalizó el dinero son distintos. Lo de la son medios lícitos por los cuales se entregó un certificado. Ni siquiera Odebrecht dice que era dinero sucio. Pero no lo tienen en cuenta el juez ni la fiscalía.

— ¿A qué lo atribuye?
Han querido ponerme un polo naranja y no han podido. El fujimorismo no es mi opción política.

— Tras todo lo sucedido, ¿se arrepiente de algo?
De lo que me arrepiento es de, cuando ya había dejado la presidencia, firmar de buena fe acciones que no eran de mi gestión. Tuve la mala suerte de que uno de ellos sea el de Odebrecht y ahora tengo un impedimento de salida.

— Pero, cuando uno firma algo, suele estar de acuerdo con lo suscrito.
Dejé la presidencia el 17 de febrero del 2011. La nueva directiva no tenía los poderes para firmar. Recién los otorga la Sunarp el 18 de mayo. He firmado nueve certificados de donación, no solo el de Odebrecht. Ninguno para dineros ilegales. Si hubiesen salido los poderes antes, no estaría en esta situación. A Barata le pidieron los US$200.000 en otro momento y no fui yo. Tiene que haberse reunido con alguien. Que haga memoria.

— ¿Con quién podría haberse reunido?
No podemos hablar sobre sospechas. Que diga Barata, quien está totalmente confundido, dónde, cuándo y quién le pidió US$200.000. Yo no puedo decirlo.

— En ese contexto en particular, la campaña “para promover la inversión privada” inevitablemente tenía un impacto favorable para uno de los candidatos.
Pero justamente el señor Humala se cambió el polo rojo por el polo blanco. Al contrario, creo que la campaña de Confiep benefició más a Humala. Si nos van a echar el sambenito, pues que nos den las gracias por el señor Humala. Gracias a eso él moderó su discurso y ganó las elecciones. Si Confiep y la SNI no hubiesen salido a poner esa alerta, hubiese seguido con “La gran transformación”.

— ¿Volvería a convocar a las empresas para una campaña como esa?
No lo haría de nuevo. Nunca quise hacer política partidaria, pero sí hice política gremial y estoy pagando las consecuencias. La política es una trituradora.

— ¿Teme un eventual pedido de prisión preventiva?
Creo que, si me hiciesen eso, la república del Perú ya no sería una democracia. Sería una dictadura del Poder Judicial. Mañana [hoy] apelaremos contra el impedimento de salida.

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