Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, es investigado por el Ministerio Público por tráfico de influencias y desbalance patrimonial. (Foto: Difusión)
Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, es investigado por el Ministerio Público por tráfico de influencias y desbalance patrimonial. (Foto: Difusión)

La última encuesta de El Comercio-Ipsos indica que el 59% está al tanto del hallazgo de parte de la fiscalía anticorrupción de US$20 mil en el baño de la oficina de , otrora secretario general de la Presidencia, en Palacio de Gobierno. De ellos, el 78% cree que este dinero es producto de un acto de corrupción.

Y de este 78%, el 42% piensa que fue con la participación del presidente , mientras un 36%, no [ver infografía].

El analista político Pedro Tenorio consideró que la situación de Pacheco- investigado por el Ministerio Público por tráfico de influencias y desbalance patrimonial- afecta a la administra de Castillo de manera “progresiva”. “Por eso vemos estas cifras, el presidente no ha sido enfático y tampoco eficaz en marcar distancia de lo que venía haciendo su secretario general, un hombre que gozaba de su total confianza”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, Tenorio dijo que el único logro de Pacheco ha sido ser el protagonista de la primera sospecha de corrupción del actual gobierno.

“A medida que pase el tiempo y se conozcan nuevos detalles sobre la influencia del ex secretario general de la Presidencia, va a continuar mellando la imagen del presidente. Por ello, digo que lo afecta de manera progresiva. Este personaje ha sido retirado de Palacio, pero esto no ha acallado la sospecha general”, expresó.

Tenorio indicó que al gobierno le debe preocupar que haya un sector que asocie a Castillo con los US$20 mil hallado a Pacheco, porque puede marcar el camino de un “deterioro”. “Si al desgaste natural de un gobierno, le sumas presuntos actos de corrupción alrededor del presidente, puede ser una combinación letal para Castillo. Y esto no es un invento de los medios, como le gusta repetir al presidente y a sus voceros”, complementó.

La politóloga Kathy Zegarra explicó que uno de los principales activos que tiene Castillo, a pesar de la polarización que genera, es que no tenía vínculos con la corrupción. Sin embargo, este escenario ha sufrido un cambio, tras el paso de Pacheco por la Secretaría General de la Presidencia.

“El hecho de que a una persona de su confianza se le encuentre US$20 mi en efectivo genera una serie de cuestionamientos. Puede decepcionar a la ciudadanía de gran manera. Y sin duda lo debilita a su gobierno, que de por sí ya es débil. [Esta denuncia] lo vuelve más vulnerable. Presidentes anteriores han caído por vínculos a la corrupción, no ha habido sentencias. Y la sola sospecha ha generado sus caídas”, subrayó a este Diario.

Zegarra dijo que si hay personas que relacionan directamente a Castillo con el dinero hallado a Pacheco es por la poca comunicación de parte del presidente sobre este tema.

“Hay personas que aún confían en Castillo, a pesar de que genera muchas dudas, y las personas que creen que está inmerso en este presunto acto de corrupción es por su poca comunicación, porque no ha esclarecido el tema ante la ciudadanía”, acotó.

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la situación de Pacheco continuará afectando la reputación de un gobierno que “es poco transparente”. “Los escándalos de corrupción afectaron a anteriores gobiernos y también a este, pero no es un dato menor que el dinero se haya encontrado en Palacio y que el protagonista sea un funcionario cercano a Castillo, estos dos elementos amplifican el problema”, sostuvo.

Las reuniones secretas en Breña

El estudio de opinión de El Comercio-Ipsos también señala que el 65% está informado sobre las citas secretas que tuvo el presidente Castillo en una casa en el distrito de Breña (Lima).

De este sector, el 37% cree que el jefe de Estado usó esta vivienda para “reuniones ilícitas por motivos de corrupción”; el 36% para citas políticas que no quería que sean registradas en Palacio de Gobierno; y el 19% que solo acudió a Breña para “reuniones sociales”.

Radzinsky, director de GDP, calificó de “un error” la política de “poca transparencia y rendición de cuentas” que ha adoptado la administración de Castillo, al recordar que hace dos semanas la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, indicó que iba a dar a conocer la lista de personas que visitaron al presidente Castillo en Breña. Hasta la fecha, solo entregaron esta relación a la procuraduría general.

“Hay un incumplimiento de una promesa. Al final solo han entregado información parcial. Muchas personas no saben quiénes son los ministros, pero un sector importante [el 65%] sí sabe sobre las reuniones clandestinas”, mencionó.

Zegarra consideró que esta actitud del gobierno de no informar a la ciudadanía sobre esta lista le da más elementos a la oposición para cuestionar al mandatario.

“[Castillo] no tiene una bancada fuerte en el Congreso, necesitan de otras bancadas para sobrevivir, la opinión en ese sentido es importante para el mantenimiento de un gobierno […] La primera ministra ha dicho una cosa, pero no se transparentan [estas citas]. Siempre es mejor que los presidentes sean claros”, refirió.

Tenorio afirmó que una “transparencia gradual, no es transparencia”, al referirse al ofrecimiento hecho por Vásquez.

“Lo que correspondía en este caso, porque la primera ministra generó expectativa, era publicar esta lista de visitas en un portal del gobierno, para los ciudadanos y los colectivos. Parece que la jefa del Gabinete ha querido ganar tiempo, y es un error garrafal hacer un anuncio y luego no cumplir con este, es un error monumental”, concluyó.

Más información

El 50% refiere que está informado sobre la decisión de la empresa minera Las Bambas de suspender sus operaciones por los continuos bloqueos que sufre para transportar su mineral, mientras el 49%, no.

De este 50% de informados, el 39% cree que el Estado es el responsable que Las Bambas no pueda operar con normalidad; el 30%, los políticos extremistas y antimineros; el 18%, la empresa minera; el 10%, las comunidades que bloquean la carretera, y el 3%, no precisa.

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