El Congreso y sus polémicos gastos: ¿Qué acción toma la contraloría?

La Contraloría General de la República recopilará información sobre los cuestionados gastos realizados por el Congreso de la República. Según pudo conocer El Comercio, la tarea estará a cargo de personal de la Gerencia de Control Político Institucional y Económico.

Dicha medida se da luego de que el presidente del Parlamento, José Williams, solicitara al órgano de control llevar a cabo una auditoría de control interno o servicio de control específico de las adquisiciones de alfombras, pantallas LED, alquiler de estacionamiento y servicio de alimentación en ese poder del Estado, que recientemente han sido cuestionadas.

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“Se ha dispuesto que la Dirección General de Administración del Congreso de la República le brinde todas las facilidades logísticas y de información que requiera la comisión de auditoría que sea designada por su despacho”, indicó Williams en un oficio dirigido al contralor Nelson Shack.

Fuentes de la contraloría, sin embargo, apuntaron que la tarea se enmarca en la Ley 30742, del 2018, que estableció la independencia de los órganos de control institucional de entidades sujetas a control, salvo el caso del Congreso de la República.

Así, actualmente en el caso del Parlamento, la Oficina de Auditoría Interna depende de la Mesa Directiva. En ese sentido, la contraloría podrá indagar y recopilar información, pero según las fuentes consultadas, el jefe de la citada dependencia legislativa no reportará al órgano de control nacional, sino al propio Legislativo.

El requerimiento de Williams, además, se da en medio de otro pedido hecho en octubre del 2022 a Shack, de acuerdo a lo conocido por El Comercio. Por entonces, el titular del Congreso solicitó al contralor proponer una terna de profesionales para seleccionar al nuevo auditor general del Parlamento, con base en el artículo 39 del reglamento de esta institución.

Dicha norma señala que la Oficina de Auditoría Interna del Congreso realiza el control sobre la contabilidad del Parlamento, la aplicación de los recursos presupuestales y la gestión de las dependencias del servicio parlamentario. “El auditor general del Congreso puede recabar información de cualquier dependencia del servicio parlamentario”, dice también el reglamento.

Shack remitió el último 17 de enero un oficio con tres propuestas. Sin embargo, la Mesa Directiva aún no realiza el cambio. Así, Paula Martínez Ramírez se mantiene como auditora general del Congreso desde agosto del 2018.

El último lunes en conferencia de prensa, el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, fue consultado sobre su eventual renuncia ante el escándalo desatado. Respondió que hay “lecciones aprendidas” y que se tomarán las medidas luego de la acción de control. “Quería manifestar que ya la presidencia del Congreso ha dispuesto la reorganización de la Dirección General de Administración”, acotó.

Problema político

Para el ex oficial mayor del Congreso José Elice, “el problema no es administrativo, sino también político”, pues los gastos para adquisiciones y servicios finalmente son para el desempeño de actividades parlamentarias.

En esa línea, sugirió una reingeniería para que el auditor general sea más independiente e incluso dependa de un órgano político como la Junta de Portavoces, a fin de que las bancadas también asuman responsabilidad ante gastos cuestionados.

En ese sentido, cuestionó que el órgano de control del Parlamento dependa de la Mesa Directiva. “El Parlamento tiene su órgano de control que depende de las instancias de gobierno del Parlamento. Pero nada impide que la contraloría ingrese al Congreso si el presidente lo pide”, añadió.

El politólogo Omar Awapara sostuvo que, ante lo ocurrido, el Congreso ha evidenciado un problema: el no tener una sola voz liderando la respuesta a los cuestionamientos, pues se ha visto declaraciones de distintos congresistas dando su propia versión y dificultando una reacción única, correcta y apropiada ante las críticas que se realizan al Poder Legislativo.

“Esto es un clavo más en el ataúd de la desaprobación al Congreso, que de por sí suele ser un cuerpo colegiado impopular. Este tipo de revelaciones y escándalos mella su legitimidad. Ante la opinión pública no transmiten una buena señal”, sentenció.