El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato alista nuevos interrogatorios en Brasil en torno al Caso Costa Verde del Callao, que involucra al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, y a otros exfuncionarios de su gestión. La fiscal Geovanna Mori busca recoger el testimonio de cinco exfuncionarios de la constructora Odebercht
Estos son Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina y Angola; Fernando Migliaccio Da Silva, extesorero de la División de Operaciones Estructuradas; Isaías Ubiraci Chaves Santos, quien confeccionaba las planillas de pago de coimas a pedido de los líderes empresariales o superintendentes; Olivio Rodrigues Junior, principal operador de la citada división de sobornos o Caja 2; y Vinicius Veiga Borin, delator que manejaba las cuentas de la empresa brasileña en el extranjero.
Según informó la fiscal Mori a El Comercio, se coordina con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público y la Procuraduría General de Brasil que las diligencias se lleven a cabo a fines de este mes o inicios de diciembre.
“Lo hemos solicitado nosotros. Nos han respondido consultándonos las fechas. Tenemos que cotejar con la disponibilidad de la agenda fiscal para poder confirmar esas diligencias. Pero lo más probable es que estemos confirmando esas fechas”, manifestó.
La fiscalía espera detalles de la sindicada concertación entre Moreno y la empresa Odebrecht, así como de las operaciones bancarias para favorecer a Moreno.
Uno de los pasos previos es la notificación de la disposición fiscal a los defensores legales de Moreno y otros investigados a fin de que puedan formular preguntas que consideren pertinentes.
Como se sabe, Moreno y otras 18 personas son investigadas por el presunto pago de sobornos a cambio de que, en el 2014, Odebrecht se adjudique el proyecto Costa Verde del Callao. De acuerdo a las pesquisas, se negoció el pago de US$4 millones, de los cuales Moreno habría recibido US$2 millones para insertarlos en su campaña de reelección en el citado año. Aún se investiga si hubo pagos adicionales.
—Prepara acusación—
Mori señala que su despacho alista presentar la acusación del caso en enero o febrero próximos, a fin de que se pase a juicio oral. Al respecto, manifestó que aún se evalúa la pena que se pretende solicitar a raíz de la presunta comisión de los delitos de crimen organizado, colusión agravada, negociación incompatible, lavado de activos y tráfico de influencias.
“Estamos hablando de penas mínimas de 15 años. En realidad, en nuestra pretensión lo que se puede prever son penas bastante altas”, adelantó. El límite general, especifica el Código Penal, es de 35 años.
Pero en base a los delitos imputados a Moreno, su situación es muy complicada. El decreto legislativo N° 1106 establece que el lavado de activos se sanciona con hasta 20 años de cárcel, por ejemplo, si se tiene el agravante de ser funcionario público. Asimismo, la pena por la pertenencia a una organización criminal va hasta los 20 años de prisión, señala el Decreto Legislativo N°1244.
La tesis fiscal es que Félix Moreno encabezó una presunta organización criminal.
En tanto, la fiscalía prepara sus próximas acciones también tras una reciente decisión notificada el último lunes por la Primera Sala Nacional de Apelaciones, presidida por el juez Ramiro Salinas Siccha. Dicho tribunal decidió finalmente acumular dos carpetas del caso. Una de ellas estaba referida a Félix Moreno y el empresario Gil Shavit, quien habría sido el nexo entre el exgobernador y la empresa brasileña. La otra incluía a exfuncionarios del gobierno regional. En total son 19 investigados.
“Como ya están acumulados, en el caso se verá todo el proceso de la obra: los actos preparatorios, el proceso de selección y la ejecución de la obra”, apuntó la fiscal Geovanna Mori.
El Comercio se comunicó con Eduardo Roy Gates, abogado de Félix Moreno, para consultarle sobre las próximas diligencias y la acumulación de las carpetas fiscales en un solo proceso. Sin embargo, señaló que no iba a emitir ningún pronunciamiento sobre el caso.
José Orrego Sánchez, abogado del colaborador eficaz Gil Shavit, indicó que aún está a la espera de la notificación de las nuevas diligencias, pero dijo tener entendido que se estaban preparando.
“Vamos a presentar preguntas. Mi patrocinado se ha sometido a un procedimiento especial en ese caso. Nosotros no podemos estar en desacuerdo en lo que hace la fiscalía”, manifestó.