En claves: ¿por qué la fiscalía pide prisión preventiva para Heredia y dos exministros del gobierno de Humala?

Idónea, necesario y proporcional. Para la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, el pedido de prisión preventiva por 36 meses para la ex primera dama Nadine Heredia, así como para los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga, cumple con estos tres requisitos para ser resuelto y dictado. “No existe una medida menos gravosa”, remarcó en el requerimiento de 200 páginas. La jueza María de los Ángeles Camacho lo evaluará este lunes y tomará una decisión sobre el Caso Gasoducto.

En su pedido, la fiscalía advierte que Odebrecht contaba con “información privilegiada” sobre los acuerdos del Consejo Directivo de Pro Inversión a través del entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, así como las exigencias que hacían las otras empresas postoras. Ello –asegura– revela la “existencia del pacto colusorio” entre Heredia y funcionarios de la empresa, en los cuales participaron los miembros del Consejo Directivo de ProInversión como Castilla y Mayorga. Ahora, Merino es uno de los colaboradores eficaces dentro de esta pesquisa.

¿Qué más precisa Mori sobre la participación de Heredia, Castilla y Mayorga en el proceso de concesión del millonario proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) –US$7 mil millones– que ganó la empresa brasileña Odebrecht? ¿Por qué para el Ministerio Público los tres deben ir a la cárcel por tres años mientras continúa la investigación? Mori ha sido clara calculando cuál sería la pena probable para los acusados: mínimo 18 y máximo 30 años.

1. La versión de los colaboradores

El testimonio del aspirante a colaborador eficaz Hernando Graña, ex directivo de la constructora peruana Graña & Montero (G&M), es uno de los testimonios en los que se basa el pedido de la fiscal Mori contra Heredia y los dos exministros del gobierno de Ollanta Humala. Los otros dos testimonios de colaboradores eficaces que han sido considerados son los de José Graña y del Nº 03-2019.

“De las declaraciones de los colaboradores eficaces 03-2019, José Graña y Hernando Graña se desprende la existencia de indicios del pacto colusorio entre la primera dama Nadine Heredia y directivos de la empresa Odebrecht, participando los miembros del Consejo Directivo, el comité de Proseguridad Energética y el Jefe de Proyectos de Proinversión, con la finalidad que el proyecto GSP sea adjudicado al consorcio conformado por la empresa Odebrecht, con lo cual solicitó la terminación de la concesión del Gasoducto Andino del Sur otorgada a la empresa Kuntur devolviéndole la garantía por el monto de más de US$66.7 millones, defraudando al Estado peruano”, precisa la fiscal Mori.

Por ejemplo, Mori cita la versión de Hernando Graña, quien ha señalado que preguntó al ex ministro Jorge Merino Tafur (Energía y Minas) cuál sería la mejor forma de participar en el proyecto para Graña & Montero. “El ministro fue categórico en señalar que Odebrecht era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”, contó.

2. Con el GSP y con Kuntur

La fiscal precisa que si bien, sobre el papel, Nadine Heredia no estuvo facultada para intervenir en la promoción de la inversión privada dentro de procesos de contratación del Gobierno, conforme a los hechos investigados, asumió “un rol fundamental en las tratativas con los empresarios extranjeros” como los representantes del Grupo Odebrecht.

Mori indicó en ese “contexto de tratativas colusorias”, Heredia no sólo se reunió con ejecutivos de Odebrecht por el GSP, sino también con los funcionarios que participaron directamente en la última etapa del proyecto Gasoducto Andino del Sur (que se llamó Kuntur), un proceso en el que también habría favorecido a Odebrecht. “Incluso en la concesión del GSP, tal fue el poder que detentaba, que llegó a condicionar la adjudicación de la buena pro a favor de Odebrecht, siempre y cuando, no participe como empresa consorciada a Odebrecht, la empresa G&M, a lo cual la constructora brasileña tuvo que acceder a fin de hacerse de la buena pro”.

Para la fiscalía, este hecho evidencia “un claro ejemplo del poder de facto que tuvo”, pues no solo los representantes de Odebrecht y funcionarios que participaron en dichos procesos de contratación concurrieron a Palacio de Gobierno para reunirse con ella, sino que a su vez los acuerdos a los que arribaron con ella, también fueron cumplidos en los términos pactados. “Es decir, tanto particulares como los funcionarios con los que se coludió, reconocieron en esta tal poder de facto”, resaltó, en base a declaraciones de testigos y colaboradores eficaces.

3. La injerencia y los roles

Uno de los puntos que Mori destaca es el condicionamiento de la exprimera dama a Odebrecht para que se le otorgue la buena pro del proyecto GSP sin la participación de G&M. La fiscal incluyó el convenio que el 13 de febrero del 2014 suscribieron Odebrecht y G&M sobre la participación conjunta que tendrían en el proceso de licitación del GSP. En este acuerdo se establecía un porcentaje de participación de G&M 20% Odebrecht 40% y un posible Operador Estratégico 40% porque se necesitaba la experiencia. En una de las cláusulas, G&M “reconoce que se abstendrá de actuar o participar como miembro del consorcio si ambas partes consideran que ello podría influir negativamente en el resultado del concurso".

Además, a este hecho sumó la conversación que tuvo José Graña –contada por él en su colaboración eficaz– con Jorge Barata en las oficinas de Odebrecht, en junio del 2011. En esta, Graña le preguntó directamente al exjefe de la constructora brasileña en Perú “cómo iba a resolver el tema de la garantía de 67 millones” del proyecto Kuntur (el proyecto previo al GSP) pues había el riesgo que G&M tuviera que asumir el 7.22% de la referida garantía. Barata, según Graña, le dijo que no se preocupara porque estaban realizando a pedido de Lula da Silva un aporte importante a la campaña de Ollanta Humala y que la relación era muy buena con él y su esposa, “a tal punto que le habían asegurado que no se iba a ejecutar la garantía”.

“Se evidencia la injerencia de Nadine Heredia para que la empresa G&M no participe con Odebrecht en consorcio para la adjudicación debido a las desavenencias que tenía con el Diario El Comercio, donde José Graña era miembro del Directorio, condicionando a Jorge Barata con la adjudicación de la buena pro del proyecto, la cual posteriormente le fue otorgada participando en consorcio con la empresa española Enagás”, indica.

Tanto Castilla como Mayorga han sido enfáticos en rechazar alguna participación ilícita en el proceso de concesión del GSP. Sin embargo, la fiscalía asegura que dentro de la presunta organización criminal, habrían tenido un rol. A ambos los sindica como personas de confianza de la expareja presidencial.

Sobre Castilla y Mayorga, la fiscal señala que desde su rol habría formado parte del “pacto colusorio” en perjuicio del patrimonio del Estado, dirigiendo su “conducta funcionarial” conforme a lo ilícitamente acordado por la pareja presidencial y representantes de Odebrecht.

4. Más elementos de convicción

Sobre el extitular del MEF, uno de los elementos que destaca es la declaración del colaborador eficaz 003-2019 quien ha referido que "eran evidentes las constantes y frecuentes coordinaciones entre el ministro Castilla y Nadine Heredia Alarcón, tanto a través del teléfono como en reuniones” en la oficina que tenía la ex primera dama en Palacio de Gobierno.

Este testigo ha señalado que Castilla le comentó a Carlos Paredes, exministro de Transportes, que para Heredia y Humala el proyecto del GSP era “de especial trascendencia” porque querían mostrarlo como la “gran obra” de su gobierno. Además, le reveló que la expareja presidencial había indicado que Odebrecht era la empresa que debería ejecutar el proyecto.

Además de las declaraciones de los colaboradores eficaces citados en esta nota, la fiscal también presentó otros elementos de convicción para sustentar su pedido contra Heredia, Castilla y Mayorga. Por ejemplo, las agendas de la ex primera dama es uno de ellos. Cuatro anotaciones en las agendas de Heredia han sido incluidas. Para la fiscal, acreditarían el desarrollo del “programa criminal” entorno al proyecto. Una de ellas es la que hizo el 31 de agosto del 2010: “10:00 Reunión con el sr. Jorge Barata y OH”.

Asimismo, la declaración que dio Jorge Barata del 12 de diciembre del 2019 también ha sido incluida en este punto. Para la fiscalía, el testimonio del exjefe de Odebrecht en Perú acredita que hubo reuniones para desarrollar “el programa criminal” entorno al GSP no sólo para favorecer a la empresa con este proyecto, sino también para la terminación de la concesión del Gasoducto Andino del Sur (antes Kuntur) y la devolución de la carta fianza correspondiente.

5. Obstaculización de la justicia

La fiscal Mori cita un episodio que ocurrió dentro de la investigación del fiscal Germán Juárez contra Heredia que revelaría que la ex primera dama tiene “como modus operandi” influir en los testigos de las pesquisas que se siguen en su contra.

Como nuevo hecho, que también es uno de los elementos de convicción, resalta la declaración del exministro Merino, quien hoy es el aspirante a colaborador eficaz 02-2020 y desde el 10 de marzo ha renunciado a su identidad.

Merino ha manifestado que el 16 de abril del 2018, cuando aún no tenía la condición de investigado en el presente caso, fue citado a rendir su declaración en calidad de testigo. Días antes, cuenta el exministro, Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, le pidió "que diga que no había tenido comunicaciones con Nadine Heredia y que no había realizado coordinaciones con ella durante su gestión como ministro de Energía y Minas”. Merino accedió y erróneamente declaró ante la fiscalía que no había tenido comunicación con la exprimera dama.

“Con lo cual se evidencia que desde inicios de la investigación ante el equipo especial, la imputada Heredia, mediante sus abogados, ha tratado de obstruir la investigación a través de su defensa, direccionando las declaraciones testimoniales con el fin de que no sea sindicada como la persona con la que altos funcionarios del estado coordinaban el desarrollo de la concesión del Gasoducto Andino del Sur y del proyecto GSP”, precisó Mori.

Asimismo, la fiscal consideró que Nadine Heredia, a través de sus últimas publicaciones realizadas desde su Twitter, estaría tratando de influir en las personas sometidas a colaboración eficaz, así como a testigos: “Se advierte razonablemente que puede influir en testigos o coimputados para que no asistan a sus declaraciones o se comporten de manera desleal o reticente”.

6. Sin arraigo

Heredia, Castilla y Mayorga no tendría ningún tipo de arraigo y existiría peligro de fuga, según el requerimiento de la fiscal Mori. Para el Ministerio Público, en el caso de la ex primera dama no tendría arraigo domiciliario porque sus familiares tienen otros domicilios, por lo tanto le permite contar “con una pluralidad de domicilios”. La misma lógica la aplica con Castilla y Mayorga.

Sobre los arraigos laborales, en el caso de Nadine Heredia, asegura que “no tiene trabajo conocido”. De Castilla dice “no se tiene certeza” de la actividad laboral que se viene realizando y que del reporte migratorio que tiene se advierte que cuenta con las facilidades para “abandonar definitivamente el país o permanecer oculta”.

“Se debe tener en cuenta que el imputado ha residido buen tiempo en el extranjero, esto es en Estados Unidos, lugares donde también ha desarrollado actividad profesional y laboral, lo cual evidencia que tiene contactos en diversos lugares y le da facilidad para salir a cualquier parte del mundo a fin de evitar la persecución del delito y enfrentar el proceso”, resalta Mori sobre Castilla.

En el caso de Mayorga, la fiscalía consideró que también cuenta con posibilidades económicas suficientes para movilizarse y salir del país en cualquier momento o para permanecer oculto. Precisa que no tiene arraigo laboral –es jubilado del Banco Mudial– ni familiar. “Cuenta con un intenso movimiento migratorio habiendo incluso salido del país en los últimos meses, a Chile en febrero pasado”, agregó.

7. Los descargos

A través de Twitter, Wilfredo Pedraza, abogado de la ex primera dama aseguró: “Expreso mi indignación por lo afirmado por el colaborador Jorge Merino. Nunca le pedí mentir, ni favorecer a Nadine, pues esa no es mi conducta personal ni profesional. Con Merino tuve conversaciones técnicas y le brinde asesoría legal a su pedido. Siempre me afirmó su inocencia”.

El exministro Castilla dijo que el pedido de prisión preventiva en su contra le parece “insólito, arbitrario e injusto”.

“He colaborado en todo [con la justicia], cada vez que me han citado he venido. Barata nunca me ha mencionado, sí mencionan a otros ministros que tienen desbalance patrimonial cosa que no es mi caso. Yo cuido de mis padres, tengo arraigo, pido un proceso justo, pido que se cumplan todos los requisitos. [...] [Este pedido de prisión] me parece insólito, arbitrario e injusto”, señaló a Canal N ayer.

Mayorga, por su lado, aseguró puede “probar fehacientemente” que no ha obstaculizado a ala kusticia en los más de tres años de investigación, pues – dijo- ha asistido a todas las citaciones de la fiscalía y el Congreso.

Agregó que puede demostrar que trabaja como profesor universitario y consultor internacional y que tiene arraigo en el Perú, al cual – aseguró.. regresó para quedarse luego de ejercer como funcionario internacional. “No tengo ninguna razón para fugar pues no tengo nada que ocultar”, añadió.

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