Caso Gasoducto: Eleodoro Mayorga y el “interés especial” que según la fiscalía tuvo en el proyecto

Hoy, ese primer encargo mencionado, el del gasoducto, es el centro de una investigación del equipo especial Lava Jato que se encuentra en etapa preparatoria y que podría llevar a prisión preventiva por 36 meses no solo a Mayorga, sino a la ex primera dama Nadine Heredia y el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.

La entonces preocupación de Humala probablemente sea ahora un dolor de cabeza para Mayorga ante el pedido de la fiscalía, que en el documento del mes pasado en el que formalizó la investigación preparatoria sostuvo que el exministro tuvo un “interés especial” en el proyecto.

Casi dos semanas después de esa acción, la fiscal Geovana Mori presentó el requerimiento de prisión preventiva el último miércoles y el Poder Judicial realizará una audiencia este lunes. ¿Pero quién es Eleodoro Mayorga y cómo así está implicado en el caso?

Fue designado como ministro de Energía y Minas el 24 de febrero del 2014 y dejó el cargo el 17 de febrero del 2015. Durante su gestión, el gobierno de Ollanta Humala otorgó al consorcio conformado por Odebrecht y Enagás la concesión del “Proyecto mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.

Su experticia en el sector de petróleo e hidrocarburos lo respaldaba para tal puesto, pues por entonces el gobierno buscaba ejecutar en breve plazo el proyecto del gasoducto del sur. Y el contrato entre el Estado y la citada compañía se firmó el 23 de julio del 2014, a cuatro meses de su juramentación como titular del MEM.

Portó el fajín ministerial tras más de 40 años de experiencia en el estudio, negociación y financiamiento de proyectos y en asesoría para la formulación de políticas sectoriales; la preparación de operaciones de préstamo y de asistencia técnica también en cuanto a gas natural, considerando el desarrollo de regulaciones a favor de la eficiencia y transparencia, entre otros.

Todo ello como ingeniero de Petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y doctor en Economía por la Universidad de París X. Antes de ser ministro, ocupó importantes cargos en Petro-Perú (donde empezó a trabajar en 1969), el propio ministerio, el Banco Mundial y también en el sector privado. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, hasta antes de ingresar al Ejecutivo, fue socio de la firma Laub & Quijandría Consultores y Abogados, de propiedad de Christian Laub y el fallecido exministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría.

Cabe precisar que la inclusión de Mayorga en el proceso penal es posible debido a que ya han transcurrido más de cinco años de sus funciones y ha cesado la inmunidad de la que gozan los ministros de Estado hasta cinco años después de que hayan ocupado el cargo. Es decir, ya no le aplica la prerrogativa del antejuicio.

A la espera de conocer detalles del requerimiento de prisión preventiva, vale indicar que, el último 27 de febrero, la fiscal Geovana Mori adelantó las imputaciones en la disposición mediante la cual formalizó y decidió continuar la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, entre otros. El Comercio accedió a dicho documento.

A continuación, algunos puntos para entender el porqué de la investigación contra Eleodoro Mayorga y recordar su paso por el ministerio.

Su rol en torno al proyecto

En su calidad de ministro de Energía y Minas, Mayorga integró el consejo directivo de Pro Inversión durante el tiempo que se llevó a cabo el proceso de concesión del Gasoducto Sur Peruano.

Pro Inversión es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que entre sus funciones tiene el promover la incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado. Su instancia máxima es el consejo directivo.

La fiscalía lo incluye como uno de los partícipes de sesiones no presenciales del consejo directivo, que habrían tenido como fin favorecer al consorcio encabezado por Odebrecht. En una de ellas se acordó aprobar modificaciones sustanciales a las bases del concurso.

En cuanto a esta situación considerada irregular, el Ministerio Público refiere que el colaborador 003-2019 ha señalado que las sesiones no presenciales trataban de dar apariencia de legalidad cuando en realidad las decisiones adoptadas no habían sido delibradas ni debatidas, y no se había producido votación.

A ello se relaciona una declaración de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, quien manifestó: “…Hemos tenido reuniones con los ministros responsables en ese entonces de la conducción del proceso, como por ejemplo con el señor [Jorge] Merino Tafur [antecesor de Mayorga en el Minem], Eleodoro Mayorga, con la propia señora Nadine Heredia […] En esas se trataba de listar las dificultades que teníamos en la conducción de cada uno de los proyectos y especialmente en el gasoducto sur peruano”.

El “interés especial”

Para la fiscalía, Mayorga tuvo un “interés especial” en el proyecto. Lo responsabiliza de no haber realizado acción alguna con relación a la concesión del Gasoducto Sur Andino ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa Kuntur. “Adoptó recién decisiones sobre esta concesión cuando el consorcio conformado por la empresa Odebrecht fue adjudicado con la buena pro del proyecto Gasoducto Sur Peruano”, señala el documento fiscal.

El contexto es el siguiente. La iniciativa para transportar gas de Cusco a Ilo tuvo como punto de partida la solicitud de la empresa Latin Energy Global S.A.C., en marzo del 2008 (segundo gobierno de Alan García), para que se le otorgue la concesión del proyecto Gasoducto Sur Andino (o Kuntur). Posteriormente, suscribió un contrato de inversión con el Estado por US$1.330’112.124. El 1 de abril del 2011, Latin Energy Global S.A.C. pasa a manos de Odebrecht y cambia de nombre a Kuntur Transportadora de Gas. La constructora brasileña adquirió el 51% de acciones de la otra compañía.

Sin embargo, el contrato de concesión por el Gasoducto Sur Andino fue objeto de solicitudes de modificación y, finalmente, no se llegó a ejecutar y fue resuelto en la gestión de Humala. La fiscalía ve una irregularidad en el término del contrato y atribuye responsabilidad a Mayorga, recordando un anterior vínculo laboral entre él y Odebrecht, como se detalla más adelante.

Otro aspecto que apunta la fiscalía es que en mayo del 2014 se reemplazó al presidente del Comité de Pro Seguridad Energética —encargado de elegir al postor ganador del concurso— por un direccionamiento de Nadine Heredia, designando el Ejecutivo a un amigo de Mayorga que había trabajado anteriormente en el grupo empresarial Kuntur y en Odebrecht.

Más allá de un “círculo de confianza”

De acuerdo a la fiscalía, Mayorga formaba parte del “círculo de confianza de la pareja presidencial”, quienes habrían liderado una presunta organización criminal que entre los años 2011 al 2015 buscó favorecer a Odebrecht en torno al proyecto del gasoducto.

Humala y Heredia, según la investigación, “designaron en puestos claves y en el momento oportuno a personas de su confianza, con la finalidad de que ejecuten lo necesario para el cumplimiento de plan delictivo de la organización”,

Así, Mayorga es ubicado en el segundo de tres niveles de la sindicada organización establecidos por la fiscalía, correspondiente a “personas de confianza designadas por la pareja presidencial en cargos estratégicos al interior del Consejo Directivo de Pro Inversión, desde los cuales también ejercieron poder de decisión, teniendo injerencia directa en los procesos de contratación a cargo de dicho organismo, encargado de promover la inversión privada de los grupos empresariales”.

Los delitos imputados

Al exministro Eleodoro Mayorga le imputan el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. Esto porque dentro de la sindicada organización criminal liderada por Humala y Heredia “habría tenido como rol o función estar a cargo del Ministerio de Energía y Minas y formar parte del Consejo Directivo de Pro Inversión, desde el cual debía promover las condiciones favorables a fin de que determinados procesos de contratación de dicho organismo se desarrollen conforme a la consecución de los objetivos de la organización”.

También se le imputa colusión agravada, por supuestamente haber dirigido su conducta como ministro en perjuicio del patrimonio del Estado conforme a lo “ilícitamente acordado por la pareja presidencial —Ollanta Humala y Nadine Heredia— y representantes del grupo empresarial Odebrecht”.

La sombra de Odebrecht

En el documento que formaliza la investigación preparatoria, la fiscal Mori recuerda que antes de que fuera ministro, Eleodoro Mayorga “estuvo vinculado con el proyecto Gasoducto Andino del Sur a cargo de la empresa Kuntur (Odebrecht), ello en su condición de socio de la consultora Laub & Quijandría Abogados, que prestó servicios profesionales a dicha empresa”.

En su declaración del 26 de febrero del 2018 ante la fiscalía, Mayorga reconoció que tuvo una “participación mínima de cinco por ciento” y que la empresa requería asesoría en temas regulatorios, tarifas y demanda, realizando el trabajo de consultoría en el 2012.

También antes de ser nombrado ministro, Mayorga realizó trabajos de asesoría para la empresa Braskem, cuyo accionista mayoritario era Odebrecht. “Sí, mi labor consistió en proporcionarles información sobre el mercado de productos petroquímicos en el Perú. Esa labor la hice hasta el año 2013”, respondió en una declaración ante la fiscalía. Es por ello que esta concluye alguna motivación irregular particular del exministro en relación al proyecto y el presunto favorecimiento a la constructora brasileña.

En una entrevista con El Comercio en febrero del 2014, Mayorga explicó que el contrato de consultoría con Kuntur terminó en el 2014, antes de ser ministro, por lo que aseveró que “es algo antiguo que no tiene ninguna relevancia”.

Por entonces, rechazó que su vínculo laboral se relacione a un interés de favorecer a Odebrecht con el gasoducto. “La verdad que preocupa por qué quieren buscar generar ruido y no dejar a uno trabajar”, dijo también.

Interpelado, pero no censurado

En abril de 2014 se conoció que, durante su gestión, Mayorga amplió por un año el contrato de operaciones de la empresa Interoil, a pesar de que esta perdió un arbitraje internacional ante el Estado. El estudio en el que el ingeniero había laborado antes de su nombramiento defendió y aconsejó a la citada compañía noruega, que explotaba los lotes petroleros 3 y 4 en Talara gracias a una concesión de 20 años otorgada en 1993.

"La acusación de conflicto de interés que se me hace no tiene ningún fundamento. La dirección de Perúpetro había decidido prorrogar con una licencia temporal de un año el contrato de Interoil [...] antes de que me hiciera cargo del Ministerio de Energía y Minas", manifestó en una carta que envió al programa “Cuarto Poder”.

Asimismo, en declaraciones a Canal N, el entonces funcionario aseguró que el presidente Ollanta Humala no solo sabía de su vínculo con la consultora Laub & Quijandría Abogados, sino que tenía información de su trayectoria y nexos profesionales antes de designarlo en el MEM.

Sin embargo, el hecho generó que Mayorga fuera interpelado en dos sesiones de pleno del Congreso, el 12 de setiembre —se suspendió por falta de quórum— y el 22 de setiembre.

“No soy abogado ni he abogado por nadie. He documentado mis ideas con libros y publicaciones y presentaciones en los foros académicos, mi actuación ha sido transparente y coherente con mis ideas”, dijo el entonces ministro durante su intervención.

Antes de la primera sesión de interpelación, Humala defendió al miembro del Gabinete. "Ha logrado en seis meses de gestión destrabar, avanzar y consolidar proyectos de nivel energético por entre 16 y 17 mil millones de dólares. Esas tomas decisiones que ha hecho, a algunos los ha hecho felices y a otros los ha puesto tristes […] Lo último de que pueden acusar al ministro es de lobbys a favor de intereses privados”, aseveró el entonces mandatario.

Posteriormente, la oposición parlamentaria presentó una moción de censura contra Eleodoro Mayorga al considerar que sus respuestas no fueron satisfactorias. Pero el procedimiento no prosperó debido a que solo hubo 38 votos a favor y se necesitaban 66.

Posición

Este Diario intentó comunicarse con Mayorga para tener sus comentarios sobre el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, el exministro emitió un comunicado sostuvo que su trayectoria profesional “es ampliamente reconocida e intachable”, y que las acusaciones realizadas en su contra “no tienen ningún sustento” pues “siempre actúe en cumplimiento de mis funciones”.

“Mi actuación como ministro se enmarcó en el objetivo político de sacar adelante un proyecto necesario para el desarrollo de nuestro país [...] Puedo probar fehacientemente que no he obstaculizado a la justicia, que desde hace más de tres años desarrolla esta investigación”, sostuvo.

“Puedo afirmar y demostrar que trabajo como profesor universitario y consultor internacional, gracias a mi prestigio profesional y mi conducta intachable. Finalmente, soy un peruano con arraigo en el Perú”, remarcó.

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