Caso Joaquín Ramírez: Los hechos que vinculan a Fuerza Popular y Keiko Fujimori con la presunta red criminal

Entre los implicados por la fiscalía en esta presunta red se encuentran Fujimori, Pier Figari -exasesor- y Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido político y actual alcalde de Cajamarca. Fuerza Popular deslindó el martes de cualquier vínculo con Ramírez, quien no es afiliado ni dirigente “desde hace varios años”. El partido de Fujimori también indicó que “no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” respecto a esta organización política o sus dirigentes.

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De acuerdo con lo que se desarrolla en el mandato judicial, los presuntos actos criminales se habrían llevado a cabo hasta fines del 2020, cuando estas actividades fueron interrumpidas debido a que la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la UAP.

Por su parte, la casa de estudios ha calificado la orden de incautación de bienes como “abuso de autoridad” por parte de la fiscalía. En un comunicado indicaron que la familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenían el control de la gestión de la UAP. Asimismo, que la nueva administración, desde fines del 2020, no tiene ningún vínculo con Joaquín Ramírez ni otros integrantes de su familia, e incluso inició acciones legales en contra de ellos.

La presunta organización criminal es señalada por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas por la afectación a los aportes hechos por los socios de la Cooperativa ALASPE para obtener ganancias ilícitas. Asimismo, con estas, se habría desarrollado un “programa criminal” para “convertir, transferir, ocultar y usar” -lavado de activos- las ganancias en beneficio de sus integrantes.

En cuanto a la actuación de la organización criminal, se habrían designado roles a cada uno de los presuntos integrantes. Siendo Fujimori y Figari quienes cumplían un rol político y “quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas que creen instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, indica el documento judicial.

En el 2018, se generó en el Congreso una polémica por la llamada “ley de cooperativas” respecto a su supervisión por parte de la SBS.

La abogada Giulliana Loza rechazó que exista algún hecho en contra de su defendida, Keiko Fujimori, como parte de un supuesto brazo político en la red. “En cuanto al brazo político no hay absolutamente nada que se desprenda en contra de Keiko Fujimori en esta investigación. Ni en contra de Keiko ni en contra de Fuerza Popular”, dijo Loza en entrevista con Exitosa.

Además, señaló que la investigación está enfocada en el patrimonio de los Ramírez y que los aportes por parte de ellos a la campaña “han sido aclarados”.

La congresista fujimorista Martha Moyano declaró ayer a Panamericana que rechazaba “rotundamente” los vínculos que apuntan al partido. “Todos aquellos que quieran acusar a Fuerza Popular de aquello, les digo: miserables. La fiscalía tendrá que demostrarlo”, indicó.

A Edmond Jordan Montes, otro de los integrantes de la presunta organización criminal, se vincula con la venta de la empresa Mondreu SAC a Joaquín Ramírez y la triangulación de un inmueble ubicado en Miraflores a favor de Fuerza Popular.

Sobre lo primero, se indica que Jordan Montes vendió la referida empresa a su socio y coimputado Joaquín Ramírez “con la finalidad de instrumentalizar esta junto a Capricornio Import SAC para la adquisición de bienes inmuebles”.

La razón por la cual se diversificó la ruta del dinero “de forma tan compleja” sería porque las propiedades de esta empresa estarían directamente relacionadas con el brazo político de la organización, donde la fiscalía señala a Fujimori y Figari como integrantes.

“Con la venta de la empresa siguió la adquisición del bien ubicado en la avenida Arequipa cuadra 40 del distrito de Miraflores que posteriormente Joaquín Ramírez Gamarra cedería en uso al partido Político Fuerza Popular”, se precisa.

El inmueble ubicado en Miraflores fue cedido a Fuerza Popular para la campaña presidencial del 2016.

“Es posible inferir que la organización criminal determinó una triangulación en los actos de lavado de activos de forma que el inmueble ubicado en Miraflores pasara por la empresa Mondreu SAC (2011) a la empresa Capricornio Import SAC (2013) y luego al partido político Fuerza Popular (2014), de forma que sea imposible identificar el origen ilícito proveniente en primer lugar de los actos fraudulentos cometido con participación de la Universidad Alas Peruanas SAC”, se agrega.

En otra parte de la resolución judicial se desarrolla que el brazo político usaría el predio para fines de la campaña y se detalla, además, que los hermanos Joaquín y Osías Ramírez Gamarra eran parte de la organización política en aquel entonces.

“[…] de forma que cuando se ganaron las elecciones congresales se blindó a la organización criminal, impidiendo el éxito de leyes que permitan la creación de instituciones que fiscalicen a la universidad. Como es de verse, la Sunedu finalmente se formó y fue esta institución la que terminó advirtiendo las vinculaciones comerciales de las empresas de Reber Joaquín Ramírez Gamarra, Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos, Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos con el entonces gerente Fidel Ramírez Prado”, se indica.

El Comercio había informado el 2016 que este domicilio en Miraflores fue prestado por Mondreu SAC, compañía ligada a Joaquín Ramírez. En este inmueble se realizaban, durante la campaña electoral del 2016, actividades entre las juventudes fujimoristas.

La abogada Giuliana Loza respondió a El Comercio que no existe la triangulación que respecto a este caso se refiere la resolución judicial. “Ello es absolutamente falso. Lo que existió fue un contrato de cesión de uso de inmueble para el partido Fuerza Popular, que incluso se trata de un aporte debidamente registrado ante la ONPE y cuyo contrato fue debidamente legalizado y notariado, y se encuentra en poder de la Fiscalía, por lo que esta sindicación carece de sustento”, remarcó.

De otro lado, la resolución desarrolla que este acto de lavado de activos no fue la única triangulación, sino también la adquisición de “La Quebrada” por parte de Jordan Montes a Fujimori.

La declaración indagatoria de Fujimori señala que compró el citado bien junto a su esposo Mark Vito Villanella mediante una reserva de dominio que pagaron en julio del 2015, “por lo cual celebraron en julio de ese año un contrato de cesión de posesión contractual” a favor de Jordan Montes. Señaló que el dinero para pagar las primeras cuotas provino de su cuenta sueldo en el BCP.

Asimismo, indicó que obtuvo una ganancia de US$ 40 mil, a la par de su esposo. En tanto, Jordan Montes fue consultado por la omisión en su declaración anterior sobre la existencia de la propiedad en mención. Respondió que “no recordaba en dicho momento”.

En el mandato judicial se señala que “estos indicios demuestran entonces que el inmueble que fue adquirido por Keiko Sofía Fujimori Higuchi por el monto de US$ 144.946,20 fue obtenido por Edmond Jordan Montes al precio de US$ 201.010,76 por lo cual la imputada ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$ 80.000 proveniente de los actos fraudulentos antes inculpados al imputado”.

La abogada Giuliana Loza respondió a El Comercio que Keiko Fujimori no tiene ningún vínculo con Jordan Montes. “Ella celebró un contrato de compraventa garantizada por el 50% del bien (bajo esta figura se adquiere la titularidad o posesión, solo cuando se paga el íntegro del precio por el inmueble) en septiembre del 2013 con la inmobiliaria Menorca Inversiones S.A.C. Habiéndose consignado 5 pagos, no obstante, se canceló hasta el 4 pago”, precisó.

Luego de ello, agregó Loza, se celebró un contrato de cesión de posición contractual (permitido por el Código Civil), siendo Jordan Montes quien “pasó a tener la relación contractual con la inmobiliaria, en lugar de Keiko Fujimori, para adquirir el inmueble”.

Respecto al monto, Loza precisa que “si bien el monto en el que se vendió es mayor, la razón se debe a que se adquirió el inmueble cuando estaba en el proyecto de habilitación y luego de dos años el inmueble subió su valor. Ahora, el valor o el costo del bien se encuentra dentro de los márgenes razonables del sistema del mercado inmobiliario. Toda la transacción ha sido cumpliendo estrictamente todo los procedimiento establecidos en la ley”.

Otros indicios que se desarrollan en la resolución judicial apuntan a que “tal fue el copamiento de la organización criminal y la participación de la casa de estudios en los actos delictivos”, que el exgerente general de la UAP, Fidel Ramírez -quien falleció el 2019- “tenía conocimiento del perjuicio que se generaba a los socios de la Cooperativa ALASPE”. Por ello, para garantizar la “continuación del desvío del patrimonio” de la universidad, permitió el ingreso de sus hijas Nancy Lizbeth Ramírez Gallegos y Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos.

Así también, los directores -actualmente investigados- “tenían conocimiento de los actos de fraude que cometía” el exgerente general. “Tampoco buscaron evitar o sacar al citado directivo de la casa de estudios por querer participar también en los actos de fraude y de lavado”, se precisa.

Esta “confianza” radicaría en que la presunta organización criminal contaba con el “blindaje político” por parte de Fuerza Popular, a cargo de Keiko Fujimori, quien “a través de Joaquín Ramírez (aportes provenientes de sus empresas de fachada) y Pier Figari (aportes provenientes de pagos de las empresas fachada de Joaquín Ramírez por irregulares consultorías) obtenía los activos necesarios para su campaña”. Esto era aceptado a cambio de blindar a la universidad de ser fiscalizada en el Congreso o antes proyectos de ley que “busquen crear entidades fiscalizadoras como lo que es la actual Sunedu”.

De otro lado, que esta “defectuosa organización” y el conocimiento del riesgo con la realización de los delitos “fue con la finalidad de cometer estos delitos que sirvan justamente para desviar los fondos a los integrantes de la organización criminal”. Primero a los directivos implicados, para que “finalmente una parte termine siendo transferida al partido político Fuerza Popular y Keiko Fujimori a través de aportes de campaña”.

La abogada Giulliana Loza declaró a El Comercio que “de ninguna manera” ha existido un blindaje, “menos aún intercambio alguno”.

“Los aportes del señor [Joaquín] Ramírez fueron debidamente registrados en la ONPE y no existe evidencia de algún aporte indebido o irregular a las campañas de la señora Fujimori, ya sean provenientes de él o de alguna de sus empresas”, remarcó Loza.

Uno de los indicios incluidos en la resolución es la declaración testimonial de Jesús Francisco Vásquez Ybañez, quien fue agente de la DEA, y quien señaló que Joaquín Ramírez entregó US$ 15 millones para ser lavados para Keiko Sofía Fujimori Higuchi. “Por estos indicios consideramos que Joaquín Ramírez transfirió dinero maculado a su hermano Osías Ramírez, lo cual sirvió justamente para ser transferido en su condición de candidatos del Partido Político Fuerza Popular”, desarrolla el mandato judicial.

La abogada Giulliana Loza aclaró que esta investigación en contra de su defendida Keiko Fujimori nació en el 2016, tras un reportaje que daba cuenta de lo dicho por Vásquez. Sin embargo, dijo que esta acusación ya fue aclarada y que no hallaron pruebas.

“Ello ha quedado, después de 7 años, desvirtuado completamente. A pesar de que el denunciante prometió entregar este audio, ello nunca ocurrió. Presentó grabaciones inocuas sin relevancia para el caso, por ejemplo, donde dos personas (sin identificar) hablan sobre semillas, personas miccionando y que incluso en su mayoría se escucha un sonido distorsionado con música de fondo, sin mayor relevancia para la investigación”, detalló Loza a este Diario.

A Harold Víctor Morales Rojas, otro de los incluidos en esta presunta organización criminal, se le vincula con presuntos actos de lavado de activos respecto a un aporte de S/4.000 al partido político Fuerza Popular.

“Se le imputó a Harold Víctor Morales Rojas el haber cometido actos de lavado de activos en la modalidad de actos de transferencia mediante el aporte de S/ 4.000 al partido político Fuerza Popular, cuya directiva se encontraba conformada por Joaquín Ramírez Gamarra y Osías Ramírez Gamarra, y encabezada hasta la actualidad por Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, se detalla.

Respecto a estas menciones, la abogada Giuliana Loza dijo a El Comercio que, en cuanto al aporte del Morales Rojas, “debe tenerse presente que se le vincula a mi patrocinada solo por el hecho de ser presidenta del partido Fuerza Popular, sin que exista una imputación real respecto a este supuesto aporte. Es más, la imputación del señor Morales refiere textualmente vínculos comerciales con los señores Ramírez y no con la señora Fujimori”.

La resolución judicial indica que, aunque Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, no tuvo ningún cargo en la UAP, “recibió parte de los fondos maculados provenientes de la participación” de Joaquín Ramírez en presuntos actos fraudulentos.

Se indica, por ejemplo, que Figari habría recibido “fondos maculados” de la red criminal por medio de “presuntas remuneraciones”. El exasesor fue imputado de la comisión de actos de conversión mediante la adquisición de 6 bienes maculados (2 inmuebles y 4 muebles) “con ganancias ilícitas obtenidas del delito de fraude en la administración de personas jurídicas”.

En la relación de “remuneraciones” hacia Figari se detalla que el total de dinero maculado fue US$ 181.500 de parte de cuatro empresas de fachada. “Este acto de lavado reviste de diversos indicios que acreditan que las transferencias son camufladas como supuestas remuneraciones a efectos de evitar la identificación de su verdadero origen ilícito”, agregan.

El Poder Judicial ordenó la incautación cautelar de 162 bienes inmuebles con desposesión -desalojo inmediato- y de otros 41 sin desposesión. Entre los que son parte del primer grupo se encuentra una casa ubicada en el jirón Bucaré 559-561, en La Molina.

Este predio fue utilizado por Fuerza Popular como domicilio legal y centro de operaciones de Fujimori y su círculo más cercano, según informó El Comercio el 2016.

El domicilio en Bucaré fue un inmueble cedido para uso gratuito por parte de la empresa Lima Ingeniería y Construcción SAC, vinculada a Joaquín Ramírez.

Desde Fuerza Popular sostienen que el caso de Joaquín Ramírez está siendo usado por el gobierno para “desviar la atención” de la emergencia en el norte del país. Esto debido a que el último martes, durante la presentación de bienes incautados en el megaoperativo, estuvieron presentes los ministros José Tello (Justicia) y Vicente Romero (Interior).

“Creo que la presencia de los ministros en un proceso como tal, lo que hace es tratar de desviar la atención de lo que es importante, que es más allá de la sorpresa que hemos tenido todos, es que creo que el Ejecutivo tiene que abocarse a solucionar los problemas del país”, dijo el congresista Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular.

Esta es la posición que manifestó también el partido en un comunicado difundido el martes. En él exhortan a la presidenta Dina Boluarte a que “instruya” a los ministros a evitar participar en conferencias de prensa sobre investigaciones en curso.